La Junta de Andalucía ha advertido este martes de que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) se cierra con un balance “negativo” para Andalucía de cara al periodo 2014-2020. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) va a recibir 211 millones de euros que en el marco 2007-2013. Tras la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada entre este lunes y martes en Madrid, el ministro Miguel Arias Cañete ha anunciado un consenso “básico e importante” con las 17 comunidades autónomas para aplicar la PAC, que para el país supondrá aproximadamente 47.000 millones de euros.
“Ha concluido el largo proceso para la puesta en marcha de la nueva PAC en España”, que ha durado los dos últimos años, ha subrayado el ministro, quien ha remarcado que “por primera vez en la historia” se pondrán limitaciones para que las ayudas no vayan a los “cazaprimas”, ya que se exigirá una actividad agraria o ganadera significativa para poder cobrar.
Sin embargo, la Junta de Andalucía ha insistido en que sus negativas previsiones sobre este reparto “no eran unas previsiones disparatadas, como consideró el ministro Miguel Arias Cañete”. Falta aún concretar algunos aspectos de la aplicación del modelo por parte de los grupos técnicos, las pérdidas ascenderán a 160 millones de euros de los pagos directos y 258 millones en el caso de los fondos de desarrollo rural, según los cálculos del departamento que encabeza Elena Víboras. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha sido tajante: “No estamos satisfechos, ni podemos estar de acuerdo con el reparto porque supone un impacto financiero negativo para Andalucía”.
Miguel Arias Cañete ha reiterado en que un reparto objetivo le habría causado a la región un descenso de 409 millones de euros pero, consciente de que era una cifra tan “importante” como para comprometer el desarrollo de programas, el ministerio decidió aplicar un estabilizador de pérdidas, de modo que la reducción no será tan “traumática” y se quedará en 211 millones de euros.
Ha expuesto que en el anterior periodo España perdió 956 millones de euros, por lo que todas las comunidades autónomas deberían haber visto aminorados sus ingresos, sin embargo, “sin ningún criterio objetivo”, Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura “incrementaron sustancialmente sus recursos”. Por eso, ha defendido que para la distribución actual se ha aplicado la fórmula de la hipótesis de integración, el mismo criterio que usa la Comisión Europea para repartir los fondos entre los países. Sin embargo, “si aplicáramos ese modelo, tenía que perder 409 millones euros”, por lo que se decidió aplicar un estabilizador para que nadie ganara ni perdiera “más del 10%”. En la misma línea, ha trasladado que incluso “muchos” consejeros preguntaron por qué no se le quitaba a Andalucía lo que en el pasado se le había dado “injustamente” y ha mantenido que el ministerio en su labor de “modular, proteger y amparar” a una comunidad autónoma ejerció una “tarea moderadora de organizar equilibrios”.