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Andalucía se siente “más vulnerable” frente a la sequía por la no ejecución de grandes infraestructuras hidráulicas comprometidas por el Estado

Presa de Siles, en Jaén

Javier Ramajo

“Las infraestructuras pendiente del Estado nos permitirían tener una situación menos vulnerable frente a la sequía porque dan más regulación en algunos sistemas”. Inmaculada Cuenca, directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, lamenta que la región siga esperando la ejecución de obras hidráulicas de Interes General del Estado que el Gobierno central que se ha comprometido en financiar y aun no ha ejecutado, muchas de ellas prioritarias en algunas comarcas de la comunidad autónoma.

La Ley de Trasvase de 15 hectómetros cúbicos en Huelva, la presa de Siles en Jaén, el trasvase desde el pantano de Iznájar y el cubrimiento del canal de riego y abastecimiento del Guadalhorce en Málaga, la construcción de las conducciones derivadas de la presa de Rules en Granada, y la ampliación de estaciones depuradoras o desaladoras en Almería son algunas de las actuaciones a las que alude la Junta de Andalucía.

Algunos de los objetivos de los planes hidrológicos, hoja de ruta de la gestión de las cuencas, solo se pueden cumplir si se hacen obras como las mencionadas, inciden desde el Gobierno andaluz, que añade que, por ejemplo, en las cuencas mediterráneas las desaladoras son fundamentales para regadío y son muy demandadas por el sector. Desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no se ha querido comentar nada respecto a los motivos por los que no se han terminado de llevar a cabo las citadas infraestructuras hidráulicas

Respecto a Huelva, añaden desde la Consejería, está pendiente de aprobar la Ley de Trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrológica del Tinto-Odiel-Piedras hasta la del Gudalquivir y que “debería garantizar agua a los agricultores de la zona”. En Jaén, la presa de Siles, declarada de Interés General del Estado en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, señalan que “para que la Junta pueda llevar a cabo un correcto aprovechamiento de la presa, urge que se desarrollen las actuaciones necesarias que permitan la utilización del agua por los agricultores de estos municipios”.

Imposibilidad en la Junta

A este respecto indican que “la CHG tiene que determinar el número de hectáreas que pueden hacer uso de este regadío, impulsar un proceso para la concesión de regadío a los agricultores y ejecutar las obras necesarias para la regulación y canalización del recurso hídrico”. La Consejería de Agricultura podrá cooperar a su desarrollo a través de las ayudas a la modernización (fondos Feader) o a las conducciones secundarias, añaden, pero “las conducciones generales corresponden al Estado, a partir de las cuales podrá actuar la Junta”.

En la provincia de Málaga, la Junta considera “prioritario” que la obra que permita el trasvase desde el pantano de Iznájar “sea autorizada y declarada de interés general por el Gobierno central para poder agilizarla lo máximo posible”. “El planteamiento de realizar esta infraestructura no es más que lo que está previsto en los planes hidrológicos tanto de la Cuenca del Guadalquivir como de la Cuenca Mediterránea, un trasvase de hasta 5 hectómetros cúbicos y que requiere de la aprobación del Gobierno central”.

Asimismo, el recrecimiento de la presa de la Concepción, otra obra de Interés General del Estado, se antoja imprescindible para garantizar los suministros en la Costa del Sol. Por último, y también en la provincia malagueña, “el Estado no ha hecho nada entorno al cubrimiento del canal de riego y abastecimiento del Guadalhorce o sobre la corrección de los vertidos salinos al mismo embalse del Guadalhorce”.

En cuanto a Granada, desde la Junta se indica que “la solución para paliar la escasez de recursos hídricos en la Vega de Almuñécar y toda la costa granadina no es otra que la construcción de las conducciones derivadas de la presa de Rules”. Esta obra es “prioritaria”, está “recogida en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y está ”declarada de Interés General del Estado“, por lo que ”su ejecución corre a cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente“, lamentan desde el Gobierno andaluz.

Obras “orientadas a mejorar la garantía”

Para Almería, “el Gobierno central tiene en su debe la falta de obras con las que tratar de paliar el déficit hídrico que soporta la provincia”. La ampliación de la estaciones depuradoras de El Ejido, Adra o Roquetas de Mar, la desalabradora de la Balsa del Sapo o la segunda fase de la desaladora de Carboneras y la conducciones al Campo de Tabernas son “algunos de los compromisos que el Ejecutivo central ha incumplido”.

A juicio de Inmaculada Cuenca, “todas las obras de Interés General del Estado que contemplan los planes hidrológicos están orientadas a mejorar la garantía”. “En el caso de una situación coyuntural de sequía, esas obras dan más robustez para aguantar pero no la solventan”. “Ninguna de esas obras palía una situación de sequía”, aclara la directora general.

Ante una disminución de los recursos existentes, “hay que adecuar el recurso disponible a las demandas”. “Pequeñas operaciones permiten pequeñas medidas operativas que permiten movilizar recursos, que es lo que estamos haciendo, para conseguir una reserva estratégica o intercambiar recursos de unos sistemas a otros, o cambios en el uso de determinados volúmenes. En eso consisten las infraestructuras de sequía”, explica la directora.

“Ahora bien, las infraestructuras pendiente del Estado nos permiten tener una situación menos vulnerable frente a la sequía en el sentido de que dan más regulación en algunos sistemas. Por ejemplo, el embalse de la Concepción en la Costa del Sol, que al ser muy pequeño tienes mucha vulnerabilidad. No solucionaría la sequía, pero nos daría mucha más tranquilidad y mejoraría mucho más la gestión”, señala.

“Las obras de Interés General del Estado y todas las que hay en la planificación no se orientan a un crecimiento de la demanda sino a robustecer las garantías para las demandas existentes. Ahora estamos corriendo un sprint, porque la sequía es un sprint, y hay que hacer cosas en otro ámbito. El resto, la gestión, es una carrera de fondo pero, si te paras, nunca recorres el camino”, recalca Cuenca.

El agua, una “herramienta política”

Por su parte, Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas y Agricultura de la organización ecologista WWF España apuesta por “reducir la demanda” y planificar mejor el desarrollo rural y ser “más imaginativo”. “El agua es una herramienta política y aquí todos quieren ser el salvador del regante”, lamenta. “Hay cosas y obras que llevan su tiempo pero esto no se soluciona solo a base de hormigón. Que esas obras estén en los planes hidrológicos nacionales no es garantía de nada porque, además, algunos de ellos están recurridos y judicializados”, explica.

Hernández apunta que “no es sencillo” solucionar estas cuestiones pero duda de que llegue una mejoría en este sentido “si se sigue planificando como en años en los que no hay sequía”. “Seguir aumentando la oferta no es la solución, al contrario, la solución es reducir la demanda, es decir, que en lugar de pensar en hacer más embalses se piense en gastar menos agua”, señala la responsable de WWF en la materia.

“Por ejemplo, en Andalucía se ha ampliado la superficie de regadío y es de esperar que, cuando llega la sequía, falte agua. La Junta no le puede echar la culpa al Gobierno en ese punto. Muchos regadíos tienen escasa rentabilidad. La responsabilidad es de todos y la solución tiene que venir por parte de todos”, concluye.

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