Consumo

Las energéticas, las más reclamadas y denunciadas en 2022

Las compañías energéticas se han situado a la cabeza de las denuncias y consultas de los consumidores en FACUA-Consumidores en Acción durante 2022, con 9.698, con tramitación de problemas como incumplimientos de ofertas o subidas de tarifas de forma irregular.

Según ha explicado el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, la citada cifra es la más llamativa de las 49.822 consultas y denuncias recibidas durante este año, a falta de cerrar los datos correspondientes al presente mes de diciembre, las quejas de los consumidores en relación a la energía son diversas, y entre ellas se encuentran largos periodos en los que no se han producido facturaciones de los servicios, de modo que se produce una importante acumulación de pagos.

Destaca en este aspecto el problema denunciado por vecinos de la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía, que sostienen que, en muchos casos, no han recibido facturas de su compañía eléctrica desde febrero pasado.

Además, se han denunciado “falsas acusaciones de fraude a consumidores indicando que han manipulado los contadores”, lo que provoca que se “oferte” una cantidad para no ir a juicio, “y de cada 1.000 acusados hay un porcentaje interesante que paga”.

Tras las energéticas, se llevan la palma los automóviles, con 8.115, debido a cártel de fabricantes que, mediante un pacto, infló los precios durante 2006 y 2013, en el que estarían implicados una veintena de fabricantes, seguido de las 61.96 denuncias/quejas para el sector de la banca.

Comisiones ilegales o que no existían

En este, en concreto, se aprecian aplicaciones ilegales de comisiones, nuevas comisiones que no aparecen en el contrato o la subida ilegal de comisiones que ya existían, “junto a préstamos con intereses usureros e irregularidades como cláusulas suelo que se denuncian o gastos de formalización ilegales”, con la premisa de que “pueden aparecer en el contrato, pero son ilegales”.

Las telecomunicaciones se lleva también una buena parte, con 4.726, con consumidores que ponen encima de la mesa asuntos como incumplimientos de ofertas comerciales, penalizaciones por cancelaciones de contratos licitas, o subidas ilegales de tarifa.

Rubén Sánchez ha lamentado la “pasividad de las administraciones” ante datos como estos, con “escasas multas y de ridícula cuantía de las autonomías frente a fraudes masivos”, además de no entender cómo el Ministerio de Consumo asumió las competencias sancionadoras “pero no ha anunciado la apertura de un solo expediente sancionador”.