Alaya analiza en su juzgado un informe clave para el futuro de los aforados en el Supremo y el TSJA
Después de los acontecimientos de la semana pasada en el Tribunal Supremo con la citación como imputados de Chaves y Griñán por el caso de los ERE, la jueza Mercedes Alaya retoma la actividad en su juzgado con una cita importante y pendiente desde diciembre de 2013. Se trata de la convocatoria para la ratificación por parte del equipo pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de un informe que, entre otras muchas cuestiones, considera “inadecuada e improcedente” la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas que se investigan en la causa.
La jueza lo hará en su juzgado, como así le ha permitido el Tribunal Supremo y como ella defiende sin que merme “ni un ápice” el hecho de que parte de la causa (la que principalmente afecta a responsables públicos) esté ya en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los nueve aforados, que tienen su futuro judicial ya en manos de los altos tribunales, no están de acuerdo con que se produzca este encuentro en el juzgado de Alaya porque, como la propia jueza reconoció apenas hace unos meses, podría causarles indefensión.
Alaya se mantiene firme al respecto y argumenta que puede “practicar cuantas diligencias considere convenientes ordenar en la presente causa, pues aparte de los aforados hay más de 250 imputados, para los cuales es especialmente relevante la prueba, competencia que sólo cesaría si el TSJA llegara a pronunciarse reclamando la competencia de la misma”, les dice al rechazar el recurso de los exconsejeros Ávila y Martínez Aguayo, aforados en el TSJA al ser miembros de la diputación permanente. Al no estar incluidos en las listas socialistas al Parlamento, la constitución de la nueva Cámara a mediados de abril hará que vuelvan a ser competencia directa de Alaya.
Pero volviendo a la citación de los peritos para este miércoles, el pasado 6 de febrero Alaya suscribió el auto de convocatoria “al objeto de concretar y avanzar en la instrucción de la presente causa”, para la ratificación del informe emitido el 12 de diciembre de 2013. Convocó para ello al Ministerio Fiscal y demás partes personadas (los aforados no lo están aunque Alaya dice que estaban invitados a estar personados desde hace meses) para que puedan formular las preguntas y aclaraciones “durante las sesiones que sean necesarias”. Se analizan unos 8.000 folios bastante técnicos, por lo que se prevé una reunión larga, según fuentes del caso.
Para los aforados, el informe de la IGAE constituye “un elemento esencial de la argumentación contenida en la exposición razonada” por Alaya. Ávila y Martínez Aguayo recurrieron sin éxito la convocatoria, al igual que los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Antonio Lara. También recurrieron el hecho de que la jueza se hiciera, como ha hecho, con el informe presentado por la representación legal de Griñán, una especie de contrainforme al de los peritos del Estado que la jueza reconoció haber conocido por la prensa y donde se argumenta que desde la Consejería de Economía y Hacienda no pudieron “ser conscientes de las presuntas irregularidades, de las que no eran responsables y que ni siquiera llegaron a conocer”. Pero el Supremo ha dejado que sea en la sede judicial de Sevilla donde se produzca el encuentro entre Alaya y los peritos del Estado.
Una ratificación retomada
El informe de los peritos incide particularmente en que los consejeros de Hacienda entre 2000 y 2009 no adoptaron “las medidas necesarias” para solucionar y erradicar las “irregularidades”. Entre esos consejeros están Griñán, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo, si bien el uso de las transferencias de financiación afecta a otros muchos imputados, entre ellos principalmente los aforados.
Acerca de la ratificación del informe de los peritos del Estado, la Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado oficialmente en ningún momento, y ahora tampoco, si bien fuentes fiscales apuntan que no hay problema en que los peritos del Estado vengan a ratificar, tal y como ha dictaminado el Supremo.
Primero no y luego sí
Pero la historia del informe de los peritos tiene una larga trayectoria. En septiembre de 2014, Alaya negaba la solicitud de ratificación del informe porque “son nueve las personas aforadas respecto de las que podría derivarse responsabilidad penal por las presentes actuaciones” y “es procedente, a fin de no causar indefensión a los mismos, demorar la ratificación del informe pericial para que sea practicada en su sede definitiva”, es decir, en el Tribunal Supremo. Antes, en febrero y marzo de 2014, la ratificación del informe fue suspendida por la propia Alaya sin motivación aparente. Ahora, con el informe aportado por Griñán en el Supremo, la jueza ha optado por que los peritos acudan al juzgado a ratificarlo.
“La jueza decía lo contrario de lo que ahora pretende”, resumen fuentes de la defensa de los aforados, que recuerdan que un informe suscrito por cuatro interventores de la Junta, que trascendió en octubre de 2013, ratificó el uso impropio, que no ilegal, de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo. En este sentido se pronunció la pasada semana el destacado jurista Martín Pallín, ex fiscal del Tribunal Supremo, en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, recordando también que “la Audiencia dijo que la técnica de transferencia de financiación no es ilegal”.
