CCOO-A advierte de que la pandemia está tapando la enfermedad crónica de Andalucía: el desempleo y la precariedad

El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces lo dice: el principal problema para los andaluces es el paro, a mucha distancia del segundo, el coronavirus. Y era el principal problema también en los anteriores barómetros de la misma fundación dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, y habitual en cualquier estudio de este tipo. Porque el paro es una enfermedad crónica en Andalucía, que corre el riesgo de ser tapada por la omnipresencia de la COVID-19 y de quedar relegada incluso de la agenda política, a la vez que se ve agudizada por la propia pandemia.

Desde el sindicado CCOO-A llaman por ello a que la Junta de Andalucía refuerce las medidas contra este problema. Primero, dando respuesta a los más vulnerables. Se trata de que, igual que se está incidiendo en la eliminación de trabas administrativas para estimular la creación de empresas, se reduzca la carga burocrática a las familias que optan a las ayudas de la Junta de Andalucía. “No puede ser que se tarde más de un año en resolver una petición de renta mínima de inserción. Hay que eliminar trabas administrativas también a los ciudadanos”, expresa la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.

Por todo ello, desde CCOO-A insisten en la necesidad de que, con todos los focos puestos en resolver la pandemia, no hay que dejar de lado otros problemas que, según apuntan, ya venían dando señales desde principios de año en Andalucía. “Hoy conocemos a diario cómo afecta el coronavirus a la salud, pero no estamos viendo cómo los datos del paro se siguen enquistando en Andalucía”, asevera. 

En esta línea, comparte que se reduzcan los trámites para la creación de empresas, “siempre sin confundir reducción de burocracia con eliminación de controles”, pero le preocupa que no se ponga el mismo empeño con la gente sin recursos. Las personas en paro, que no olvidemos que en Andalucía son cerca de un millón, acuden cuando no les queda más remedio a las ayudas de la Junta de Andalucía y entran en un bucle de papeleo. “Es verdad que es dinero público, y hay que ser exigente a la hora de revisar todos los requisitos, pero se han dado ayudas de 1.000 euros a las empresas con solo un clic, en tiempo récord, y las familias que lo necesitan para comer o pagar el recibo de los servicios básicos se topan con infinidad de trabas. La Junta de Andalucía está imponiendo una manera de actuar, un criterio, que es insolidario”, subraya.

En su opinión, esto no es casual, sino que “hay un trasfondo ideológico de intentar deteriorar los elementos que son solidarios como los servicios públicos”. Por ello urge cambios en esta política que genera una “opacidad” sobre un problema real de los desempleados. El segundo elemento con el que entiende que juega el Gobierno de Andalucía para ello es “la generación de confusión”. Pone un ejemplo muy reciente: el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que da la razón a CCOO-A y ha obligado a desistir del modelo de contratación exprés de interinos, saltándose los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a un empleo público. “No pueden usar ahora esto para frenar los planes de choque. Una cosa es meter a dedo rápido y otra es la necesidad de reforzar los servicios esenciales en momentos como el que vivimos. Pero para eso hay procedimientos. Hay bolsas de trabajo, pero rechazamos la falta e transparencia”, critica.

Menos herramientas para enfrentarse a la pandemia

Los datos no invitan al optimismo. La encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre coloca la tasa de paro en Andalucía en el 23,8%, y además, “en ese casi millón de parados, uno de cada cuatro lleva ya dos años en paro y con dificultades por tanto para seguir con cobertura”. La parcialidad ha aumentado. “En 2019, que es el año que tenemos de referencia, 5,2 millones de contratos en Andalucía, y solo 247.017 eran indefinidos. Otros 4.956.604 eran temporales, el 95%. Eso demuestra la enorme precariedad. Nos preocupa que todo con la pandemia quede relegado a un segundo plano”, detalla Nuria López. Porque, continúa, esta crudeza en el mercado laboral “deteriora la propia capacidad de la gente para enfrentarse a la pandemia”.

Por otra parte, reprocha que el Gobierno de Andalucía tenga en ocasiones el papel de “árbitro”. Como cuando “dice que no tiene nada que ver con los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), que eso son cosa del Gobierno de España”. Pero sí puede, “complementando, por ejemplo, las ayudas a estas familias, porque con el ERTE te quedas con el 70% del sueldo”. Otras comunidades autónomas lo han hecho, “como Castilla y León. También Baleares, o Extremadura, dentro de sus posibilidades y pese a tener, como Andalucía, de las rentas per cápita más bajas”.

Recuerda que eso impacta a su vez en la economía porque posibilita que el trabajador consuma, por lo que no ve adecuado el plan de la Junta de Andalucía dotado con 660 millones de euros y firmado a espaldas de los sindicatos. “Para una pyme, un autónomo, un pequeño comercio, puede ser un alivio puntual que le den una ayuda para pagar el alquiler, pero lo que necesita es que la gente demande su producto, le requiera el servicio o entre en la tienda a comprar”, explica, y entiende que para lograr eso hay que dar capacidad de consumo a los trabajadores. “Hacen falta políticas de retorno”, apostilla.