El único exconsejero andaluz encarcelado por los ERE será juzgado una sola vez y no en decenas de piezas

El exconsejero andaluz de Trabajo Antonio Fernández será juzgado solo una vez en el caso de los ERE, en la denominada pieza política y junto a otras 21 personas, y no en decenas de ocasiones, una por cada ayuda que aprobó para las empresas en crisis, según recoge una resolución de la Audiencia de Sevilla a la que ha tenido acceso Efe.

La decisión de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla de limitar los juicios a Fernández, el único exconsejero que pisó la cárcel por el caso ERE hace cinco años, se ha producido tras un recurso presentado por su inclusión como investigado -antes imputado- en la pieza relativa a la ayuda pública de 2,3 millones de euros concedida entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor.

Tras ese recurso, presentado en noviembre del 2016, la Audiencia ha resuelto ahora que el exconsejero ya será enjuiciado por todas las ayudas concedidas a través del procedimiento específico creado por la Junta de Andalucía, un asunto cuyo juicio comenzará el 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Por ello, entiende la Audiencia que existe una “identidad de hechos” entre las ayudas concedidas en el procedimiento específico, también conocido como el de la pieza política de los ERE, y la ayuda a Surcolor.

Eso provoca, añade la Audiencia, que se produzca “una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos” respecto a Fernández y que, por tanto, se le excluya del procedimiento de Surcolor porque el de la pieza política ya recoge todas las ayudas concedidas presuntamente de forma delictiva.

Hasta ahora, la Audiencia de Sevilla se había pronunciado en el mismo sentido respecto a Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, dos ex directores generales de la empresa pública Idea, que pagaba las ayudas, aunque no lo había hecho respecto a ningún consejero del Gobierno andaluz.

La sección tercera de la Audiencia de Sevilla está pendiente de fijar la fecha para el juicio por la ayuda de la Junta de Andalucía a Surcolor. En esta pieza están procesados, además de Fernández, otros cinco ex cargos públicos de la Junta de Andalucía; dos propietarios de la empresa; dos directivos de Vitalia, un representante sindical y un miembro de Estudios Jurídicos Villasís.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Fernández por esta ayuda por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que en la pieza política le solicita la misma pena y le reclama 741 millones de euros, el montante de las ayudas que habría aprobado.

Tras la exclusión de Fernández de Surcolor, su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha mostrado a Efe su “satisfacción” por la decisión adoptada por la Audiencia para que “nadie puede ser investigado, acusado y enjuiciado dos veces por los mismos hechos”.

Además, el abogado ha dicho que esa exclusión supone “introducir una cierta racionalidad y posibilita la pura viabilidad del panorama de señalamientos y celebración de juicios de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en otro caso hubiera quedado gravemente comprometido para los próximos años”.

Esta exclusión de Fernández, según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, “sienta un criterio interpretativo, que por su extraordinaria claridad ahora ya sí puede considerarse como definitivo, en relación a la muy compleja controversia jurídica que durante muchos meses hemos venido manteniendo”.

“Por fin hay una solución a las víctimas”

La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha dicho a Efe que “por fin hay una solución a las víctimas” de esta macrocausa, entre ellos el obispo emérito de Cádiz o varios sindicalistas, que fueron acusados “por el mero hecho” de pedir una ayuda a la Junta de Andalucía.

La macrocausa de los ERE, comenzada en el 2011 por la juez Mercedes Alaya, acumula a un número creciente de acusados cifrado en entorno a 300 personas, a muchas de las cuales la juez Núñez considera “víctimas”, la última vez en un reciente auto.

La afirmación de la juez se produce después de conocer la decisión de la Audiencia de Sevilla de que el exconsejero andaluz de Trabajo Antonio Fernández será juzgado solo una vez en el caso de los ERE. De esta forma, se podrían archivar decenas de piezas en la que hay acusados altos cargos como concedentes de las ayudas públicas y también perceptores del dinero, algunos calificados como “víctimas” por la juez.

En los ERE se han llamado a declarar como acusados a todas las personas físicas o jurídicas “por el mero hecho de solicitar, entre los años 2000 y 2010, una ayuda sociolaboral o directa a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía”, ha subrayado la magistrada.

Si se archivan las causas respecto a los responsables públicos, también se podría hacer lo mismo con las personas que recibieron las ayudas. La cuestión jurídica es que si no hay causa contra los concedentes, tampoco la habría contra los perceptores del dinero y se podrían archivar las distintas piezas abiertas.

Una de las piezas de los ERE cuyo juicio se mantendría sería la relativa al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo, al que -según la Fiscalía- dieron sin motivo 1,4 millones de euros en ayudas públicas de los ERE, parte de ellos destinados a cocaína y copas.

Desde que en julio del 2015 la juez Núñez dividió la causa de los ERE, los abogados de ex altos cargos han planteado que no se les podía enjuiciar más de una vez por los mismos hechos.