La Fiscalía pide seis años de cárcel para un ex director de la Junta de Andalucía por el gasto de dinero público en prostíbulos
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla su escrito de conclusiones provisionales de cara al juicio por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en la que figuran como investigados el exdirector de la entidad Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la misma Ana Valls; solicitando seis años de cárcel para Villén y cuatro para Valls.
En este escrito recogido por Europa Press, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado interesa la apertura de juicio oral contra ambos acusados por un presunto delito continuado de malversación y otro supuesto delito de falsedad en documento oficial continuado cometido por funcionario público. En concreto, achaca a Villén la presunto autoría de tales delitos y a Valls el papel de cooperadora necesaria.
Por eso, pide para el primero seis años de cárcel, seis años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros, mientras para Valls solicita cuatro años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 6.000 euros. Además, solicita que ambos indemnicen “conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 32.566 euros por las cantidades distraídas”.
“Fernando Villén Rueda, con desprecio a los más elementales deberes de su cargo y en detrimento de los fondos que su posición le obligaba a disponer y administrar, satisfacía sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza. En ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados que llegaron a alcanzar una cuantía considerable”, avisa la Fiscalía, desgranando cada uno de los pagos, que ascienden a 32.566 euros.
En un auto del pasado mes de diciembre de 2020, el juez insiste en que Fernando José Villén Rueda, “prevaliéndose de su cargo como director” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo una disposición ilícita y continuada de los fondos de la entidad pública, desviándolos de su finalidad (...) para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía contra las cuentas de la referida fundación”.
Según el mencionado auto, Fernando José Villén “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”. Además, y según este auto, en connivencia con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, también investigada en la causa, ideó “un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados”, con lo que “en los libros diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.
“Al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los investigados utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas pero en realidad inexistentes reposiciones en metálico de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tal en la contabilidad”, resume el auto.
Igualmente, el auto reitera que hay “contabilizadas diez operativas de gasto en diferentes locales mediante la utilización por Fernando Villén de dos tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución, por un importe total de 17.049 euros”.
Del mismo modo, el juez insiste en “que no consta la devolución contable” de un cargo realizado el 8 de noviembre de 2005 en uno de los establecimientos por importe de 780 euros, “de modo que este gasto habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe”.
Detallando cada uno de los pagos y cargos y las operaciones asociadas a los mismos, el juez determina que “estas irregularidades deben conectarse también con la inobservancia detectada respecto los mecanismos de control contable de la Faffe, de modo que, por ejemplo, se habrían realizado muy pocos arqueos de las cajas -Caja Central, principalmente--, cuando al menos tendría que verse realizado uno mensual.
“La falta de arqueos habría impedido el efectivo control del saldo de las cajas, dificultando así la comprobación de las reposiciones de efectivo y la acreditación de los ingresos o gastos realizados; lo que, su vez, posibilita la alteración del correspondiente saldo sin ningún tipo de justificación”, indica el juez.
Dado el caso, el juez insiste en atribuir a Villén Rueda una supuesta “disposición ilícita” de los fondos públicos, considerando que Ana Valls, como directora financiera de la Faffe, “habría podido realizar u omitir actos tendentes a cooperar o a encubrir” tales hechos.
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