La Fiscalía pide imputar al diputado del PSOE-A Carmelo Gómez en el caso Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla considera que existen indicios contra el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez en la causa donde se investigan presuntos delitos societarios en la empresa Mercasevilla y ha solicitado a la jueza María Núñez que oficie al Parlamento de Andalucía “para que certifique la actual condición de parlamentario del mismo”, o sea, su aforamiento. En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, el Ministerio Público solicita que, “en caso afirmativo, dado el fuero, se eleve atenta exposición razonada al TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)” por considerar que corresponde a su sala de lo penal, “siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones”.

El fiscal estima, según este escrito, que una vez examinadas las actuaciones “habría en la causa indicios” de que el exdirector general de Mercasevilla, Fernando Mellet, “mediante el abono de facturas simuladas, satisfizo la nómina” de Carmelo Gómez, del exconcejal José Antonio García (PSOE-A) y de María del Carmen Rodríguez Borrego, nuera del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, todo ello “durante el tiempo en que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario” del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas.

Carmelo Gómez, que forma parte de la ejecutiva del PSOE-A como secretario de Formación y Nuevos Afiliados, vivió su propia travesía del desierto desde 2002 por su enfrentamiento a José Caballos por liderar el partido en Sevilla. Sin embargo, a partir de 2008 fue rescatado por la entonces secretaria de Organización de la formación, Susana Díaz, con quien había compartido experiencia como concejales los dos en el Ayuntamiento de Sevillaen sus inicios en la política institucional. Desde entonces ha formado parte del círculo de confianza de Susana Díaz, lo que le ha permitido no sólo volver a tener cargos orgánicos sino ocupar escaño en el Parlamento de Andalucía.

Las empresas a las que se refiere el fiscal son 'Al Andalus Mass Media Channel', 'Maginae Solutions' y 'Consulting Social Siemur'. Juan Enrique Egocheaga solicita que, “a la mayor brevedad” y “teniendo siempre en cuenta la carga de trabajo actual del Juzgado”, se practiquen una serie de diligencias “con la finalidad de determinar el grado de participación de las restantes personas implicadas”, entre ellas que se tome declaración “a las tres personas que fueron empleadas y cuyas nóminas fueron pagadas indebidamente con fondos públicos”.

Los contratos “pudieron ser simulados”

“Existiendo indicios de que los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna, tal declaración debe hacérseles, ante la perspectiva cierta de ser objeto de preguntas incriminatorias, bajo la previa condición procesal, no de testigo, sino de imputado, pues sólo así se le preservan, asistido de letrado y con la instrucción del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos sus derechos y garantías procesales”, asevera la Fiscalía.

De este modo, solicita a la juez que tome declaración como imputados a José Antonio García y a la nuera de Rivas y, en el caso de Carmelo Gómez, pide que se oficie al Parlamento de Andalucía “para que certifique la actual condición de parlamentario del mismo” y, en caso afirmativo, “dado el fuero”, se eleve por parte de la juez exposición razonada al TSJA “por considerar que la instrucción penal de los hechos en los que ha participado el diputado autonómico Carmelo Gómez corresponde a su Sala de lo Penal, siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones”.

El Ministerio Público, entre otras diligencias, pide a la juez que amplíe la imputación de Lanzas y de su cuñado, Ismael Sierra, “en su condición de dueños reales de las tres empresas, al existir indicios de que colaboraron en los hechos atribuidos a Fernando Mellet, recibiendo los fondos de Mercasevilla, mediante el sistema de facturas falsas, y destinaron de manera específica parte del dinero al pago de las nóminas” de las tres personas citadas.

De igual modo, reclama a la instructora que incorpore a la causa dos atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentados en el caso de los ERE fraudulentos, “al contener datos y documentación relativas a estos hechos”, así como que se requiera al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte los contratos de trabajo realizados a Carmelo Gómez, José Antonio García y la nuera de Rivas por las empresas “del entramado de Lanzas” 'Al Andalus Mass Media Channel', 'Maginae Solutions' y 'Consulting Social Siemur'.

Esta parte del caso Mercasevilla también fue denunciada por el PP. Tanto Mellet como Ponce están imputados desde mayo de 2010, así como la exdirectora del área económica y de contabilidad del mercado Pilar Giraldo. Alaya acordó en su día que se realizara por parte de la Agencia Tributaria un informe económico hecho por peritos para ver “la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes”.

El parlamentario se defiende

El diputado ha asegurado que durante los meses que estuvo contratado por la empresa Maginae Solutions desarrolló todas las tareas por las que se le contrató y que, en ningún momento, tuvo conocimiento ni fue consciente de “irregularidad alguna”. Se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press después de que se haya conocido que la Fiscalía de Sevilla considera que existen indicios contra él.

De este modo, ha dicho que estuvo contratado por Maginae Solutions desde el 22 de marzo hasta el 1 de agosto de 2007 y en ese periodo desarrolló “todas las tareas” por las que se le contrató, “que fueron la elaboración de estudios e informes” y que, naturalmente, cobró por su “labor una nómina, como cualquier trabajador por cuenta ajena”. Ha precisado que toda la documentación que prueba estas afirmaciones será entregada en el juzgado si así se le requiere.

Según ha subrayado, en ningún momento tuvo conocimiento ni fue consciente de “irregularidad alguna”. Para agregar: “Si las hubiera conocido las hubiera denunciado de manera inmediata. (...). Esta situación en la que me encuentro es igual a la de cualquier trabajador que se ve en los tribunales porque el empresario que le ha contratado ha cometido presuntas irregularidades”.