El futuro judicial de Griñán (si lo hubiera), aún en el aire
La única cosa que está clara tras la renuncia de José Antonio Griñán como senador por Andalucía es que, tras las oportunas certificaciones entre el Tribunal Supremo y la Cámara Alta, perderá su condición de aforado. A partir de ahí, muchas cuestiones deberán resolverse. Lo primero, si el alto tribunal termina por imputarle algún delito relacionado a su participación en el caso de los ERE, sobre lo que prestó declaración el pasado 9 de abril.
Aunque no parece probable que el Supremo devuelva sin más la causa al juzgado, el Instrucción 6 de Sevilla, antes de tomar alguna decisión tras investigar desde noviembre y tomar declaración a varios aforados nacionales, existe un precedente similar en esta misma causa. Y es que a finales de abril, el TSJA poco menos que se lavó las manos y devolvió a Alaya la investigación (tres meses después de recibirla) sobre los cuatro exconsejeros andaluces que dejaron de ser aforados tras la constitución del nuevo Parlamento andaluz. Lo hizo, por prudencia, sin pronunciamiento alguno. Desde entonces, la jueza sevillana no ha movido ficha respecto a ellos. Habrá que estar atento al movimiento del Supremo.
Pero es que en Sevilla, donde tarde o temprano terminan los imputados no aforados, este mismo martes toma posesión como titular María Núñez Bolaños, que sustituye a Mercedes Alaya. Lo que ocurre es que tampoco está claro quién les investigará llegado el caso. Alaya, a pesar de que tiene plaza en la Audiencia de Sevilla desde marzo, quiere terminar la instrucción de los ERE y de otras macrocausas, y así se lo hizo saber al TSJA. El alto tribunal está por la labor, pero dejando la pelota en el tejado del juzgado y a su organización interna. Todo ello deberá aprobarlo, con posterioridad, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Muchos actores pero sólo uno protagonista, directamente afectado, el expresidente que, como prueba, aportó en su momento un informe donde trata de demostrar la existencia de autorización presupuestaria para la realización de las denominadas transferencias de financiación y en el que basa su defensa. El juez instructor del Supremo es el primero que tiene en la mano el futuro judicial de Griñán. La decisión, aunque trascendió hace unas semanas que podría atañer principalmente al Griñán y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, aún no se ha tomado. ¿Quién continuará, llegado el caso, investigando al hasta este lunes senador?
El TSJA, mediador entre las pretensiones de la jueza Alaya y la futura resolución del CGPJ, se ha mojado lo justo y ha dejado que la nueva jueza titular (Núñez Bolaños) y la que ocupó el puesto durante 17 años (Alaya) se las apañen entre ellas y entre el juez que desde hace tiempo está en comisión de servicio en el juzgado. No sería de extrañar que la veteranía y experiencia, en el juzgado y en los ERE, de Mercedes Alaya le haga continuar con la instrucción hasta que la dé por acabada, gracias a la comisión de servicio por seis meses que ha pedido, que además es prorrogable. Mientras, con la plaza de Alaya esperando en la Audiencia, el Supremo seguiría rindiendo cuentas con los aforados nacionales sobre los que decida seguir investigando (¿Manuel Chaves¿, ¿Mar Moreno?, ¿Gaspar Zarrías?). Griñán ya nunca estaría en esa lista del Supremo, puesto que, si se le imputa, el Supremo debería dar traslado al juzgado sevillano.
De cualquier forma, es el Tribunal Supremo el que debe ahora pronunciarse, sin elecciones ya de por medio ni cambios en la situación de los imputados. Sólo la de Manuel Chaves es la que puede cambiar, aunque eso ya es una cuestión más política que judicial, según la insistencia de los grupos de la oposición en que debería dejar su acta de diputado si se le imputa algún delito en los ERE.
El caso es que Griñán ya ha puesto las cartas sobre la mesa, y los correos electrónicos y la carta personal a su sucesora en la Junta, Susana Díaz, para pasar solo su “trance”. Su devenir por los juzgados no está claro quién lo deberá determinar, pero Alaya, quien tantas veces preguntó a los imputados por el posible conocimiento del fraude por parte del entonces consejero de Hacienda, como así también hizo el instructor del Supremo, podría asumir el caso y cerrar el círculo. Ella quiere. Pero antes tienen que pasar muchas cosas. Lo primero, el siguiente movimiento del instructor del Supremo.
