10 preguntas sobre la polémica de los fondos de formación para el empleo en Andalucía
El mensaje que quiere mandar el Gobierno de Andalucía en relación a la sombra de sospecha que se ha extendido sobre el uso de los fondos de formación es el siguiente: por un lado, no se puede hablar todavía de fraude porque los expedientes investigados están “vivos” y en plazo para devolver el dinero si procediera, y por otro, fue la presidenta, Susana Díaz, la que ordenó revisarlos todos para detectar posibles irregularidades: “Dio el primer paso”, ha dicho este martes el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, vinculando esta decisión con la necesidad de hacer frente a las denuncias que se habían instalado “en los mentideros políticos”. Estas son algunas de las preguntas en torno a este nuevo frente que se le ha abierto al Gobierno de Andalucía:
¿De quién dependen estos fondos? Desde mayo de 2012, con José Antonio Griñán como presidente, pasaron por decreto a la Consejería de Educación [Cultura y Deporte con la llegada de Susana Díaz]. En estos momentos, las competencias son, pues, de Luciano Alonso, quien el pasado 16 de abril era el primero en dar una respuesta oficial tras saltar a los medios de comunicación el supuesto escándalo por un fraude a raíz de la investigación de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
¿Qué está revisando la Junta de Andalucía? Está repasando con un equipo de 60 interinos más de 4.000 expedientes de entre los años 2007 y 2011, que suman más 2.000 millones de euros. Los anteriores no se estudian, porque cualquier irregularidad habría prescrito, y posteriores no hay porque en 2012 y 2013 no se han convocado subvenciones. De esos, 480 se han saldado con el requerimiento de más información a los beneficiarios. Otros 56 han terminado con la petición de su reintegro total o parcial por incumplimientos y cuya cantidad no se ha facilitado todavía.
¿Cuándo y por qué empezaron a revisarse? En septiembre de 2013 la presidenta ordenó revisarlos todos, según el Gobierno de Andalucía a raíz de que estableciera el principio de no exoneración, es decir, que no podrían obtener nuevas subvenciones empresas con justificaciones pendientes. No es una medida que se haya extendido a otro tipo de subvenciones por el momento, según ha confirmado el portavoz, que tampoco ha vinculado esta decisión con que por esas fechas saltara el escándalo de los fondos concedidos a UGT-A también para formación de parados.
¿Qué está investigando la UDEF? En concreto ha pedido a la Junta de Andalucía información sobre 17 expedientes correspondientes a esta provincia y que suman 1,5 millones de euros de un total de 5,9 invertidos en 2010 en la misma, y afectan a otras tantas empresas, que según la hipótesis sobre la que trabaja la Policía Nacional no habrían cumplido con sus obligaciones de dar los cursos que se les subvencionaron.
¿Cuándo comenzó a investigar? La Fiscalía de Málaga abrió diligencias en mayo de 2013 a raíz de una denuncia de la Seguridad Social. Investiga presuntos delitos de fraude y falsedad, por subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). De momento ningún juzgado lleva el caso. La Fiscalía de Málaga controla la llamada operación Edu y está pendiente de un informe ampliado de la UDEF antes de derivar la instrucción.
¿Cuándo fue informada la Junta de Andalucía? La versión oficial es que recibió la primera información el 14 de enero de 2014, cuando la fiscalía le requirió los 17 expedientes. Estos le fueron remitidos en su totalidad un mes después. El Gobierno de Andalucía niega haber tenido noticias antes, y también ningún requerimiento de la Comisión Europea porque parte de los fondos vienen de la UE.
¿Está informado el Parlamento de Andalucía? Según el diario de sesiones, en reiteradas ocasiones Luciano Alonso ha abordado la revisión que había iniciado su consejería, las más recientes el 12 de febrero de 2014, cuando cifró en 375 los expedientes en los que se requería más información a los beneficiados y un caso de petición de reintegro. Días después (17 de febrero de 2014), también en el Parlamento de Andalucía, los elevaba a 399 y a 13, respectivamente. Próximamente volverá a comparecer para ofrecer más datos.
¿Habrá comisión de investigación? Lo más probable es que no. De momento, el PP-A así lo reclama. Desde el PSOE-A han dejado claro que no van a apoyarlo porque la información se está ofreciendo en las sucesivas comparecencias de Luciano Alonso. Por eso mismo se niega también a que la que comparezca sea Susana Díaz, como exigen los populares. IU no ha dejado claro si apoyaría esta comisión de investigación. Su coordinador regional, Antonio Maíllo, decía ambiguamente esta semana “llegaremos adonde tengamos que llegar”.
¿Ha habido advertencias anteriores? La Cámara de Cuentas, en un informe conocido el pasado mes de enero, alertaba de numerosas irregularidades en torno a estos fondos e incidía especialmente en que no se entregaban por concurso. De hecho, la convocatoria de 2014, para la que todavía no hay fecha, será la primera en la que se haga con todos.
¿Por qué se habla tanto de las filtraciones? Lo que ha molestado especialmente en el Gobierno de Andalucía es la manera en que la noticia ha saltado a los medios de comunicación, en plena Semana Santa, en vísperas de unas elecciones europeas y vendiéndose en un primer momento como “un fraude millonario” porque se refería la totalidad de las subvenciones, los más de 2.000 millones de euros citados. El PSOE-A culpa directamente a los populares y a que “han usado” para ello al Ministerio del Interior, cosa que desde esta institución se ha desmentido.
