“Libertad de elección” en Andalucía: la Junta oferta un colegio privado con una matrícula de 220 euros a los barrios más pobres de España

La aprobación de la ley Celaá, que será ratificada este miércoles por el Senado, ha removido el debate educativo en torno a una de las consignas identitarias más arraigadas en la derecha española: la llamada “libertad de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos”. Con este lema, el PP recibe a la nueva legislación educativa del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con una profunda beligerancia. Sus diputados en el Congreso se pusieron en pie al grito de “libertad, libertad, libertad”. La cúpula del partido ha calificado la norma de “inconstitucional”, prepara un recurso para tumbarla en los tribunales, amenaza con derogarla cuando regresen al Gobierno, y ha anunciado que sus comunidades legislarán “a la contra” en el marco de sus competencias.

De las cinco comunidades que gobierna el PP, Andalucía es la que mayor población escolar concentra, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ya ha anunciado que allí no temen la implantación de la ley Celaá, porque la “libertad para elegir colegio está blindada” en un nuevo decreto de escolarización que se ha estrenado este curso. En concreto, en el apartado que dice que “todos los distritos escolares de Andalucía pasarán a tener oferta pública y concertada” en igualdad de condiciones, es decir, que para las familias que vivan en zonas donde no haya colegios concertados, la Junta les ofrece una escuela de estas características en el distrito limítrofe (con los mismos puntos por domicilio familiar que si perteneciese a su zona). 

Pero la traducción de este discurso político a la realidad educativa andaluza ha tenido un efecto inesperado: el único distrito escolar de esta comunidad sin colegios concertados es el Polígono Sur de Sevilla, donde se concentran algunos de los barrios más pobres de España, según el índice Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A los alumnos de este distrito, la Junta les ha ofertado un centro concertado ubicado en una zona limítrofe, el colegio Pontífice Pablo VI, arguyendo que así se cumplía con “el derecho de los padres a elegir centro”. Sin embargo, este colegio sólo tiene subvencionadas las etapas obligatorias –Primaria y Secundaria–; el segundo ciclo de Infantil es 100% privado y la matrícula cuesta 220 euros al mes.

El colegio Pontífice Pablo VI, una “anomalía”

El segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) es una etapa voluntaria y gratuita, y representa la entrada natural al sistema escolar para el 98% de los alumnos andaluces. El colegio Pontífice Pablo VI lleva años pidiendo a la Delegación Provincial de Educación de Sevilla que le concierte dos unidades de Infantil. Este año, al enterarse por la prensa de que su colegio había sido elegido como “símbolo de la libertad de elección de centro”, la dirección pensó que la Junta había accedido a subvencionar esta etapa, pero no fue así. Al terminar el proceso de escolarización, esta escuela no había recibido ni una sola solicitud de niños del Polígono Sur para matricularse en Infantil. Registró 22 solicitudes de jóvenes de esta zona para entrar en Secundaria, “pero ninguno de ellos ha obtenido plaza por falta de puntos”, confirman fuentes de la dirección.

El caso del colegio Pablo VI es una anomalía que la propia Administración educativa tiene dificultades para explicar. ¿Por qué se ofertó un colegio privado a los alumnos de los barrios más pobres de España, donde un gasto mensual de 220 euros excede el presupuesto de muchas familias, que precisan de ayudas sociales para vivir? La Consejería de Educación ha explicado a este periódico que “el Pontífice Pablo VI era la mejor opción para poder garantizar la enseñanza concertada con suficientes plazas para acoger al alumnado del Polígono Sur, dada la alta demanda en los centros de las zonas colindantes”.

La Delegación Provincial de Sevilla, responsable de esta decisión, asegura que se descartaron otros centros concertados de las zonas colindantes “porque ya tenían mucha demanda y la ratio al límite”. Cuestionado sobre si este criterio de planificación escolar previa no choca con la libertad de elección de los padres, la Delegación de Educación recuerda que ahora hay una delegada territorial es nueva, y que la decisión de ofertar el Pablo VI a los alumnos del Polígono Sur fue adoptada por la anterior responsable de este departamento, Marta Escrivá, destituida a los pocos días de comenzar el presente curso “por falta de confianza” y “errores de gestión”. Las mismas fuentes admiten ahora que el Polígono Sur sí contaba con oferta concertada: el colegio La Providencia, de la congregación Jesús María Providencia, lleva matriculando a niños de esta zona desde 1977. Es un centro de Infantil con nueve unidades, con 62 alumnos en el primer ciclo (privado, pero el 98% tiene bonificada la totalidad de la matrícula dada su baja renta familiar) y 61 en el segundo ciclo (subvencionado, y con adscripción directa a otro colegio concertado de Primaria en otro distrito colindante (el Corpus Christi).

Zonas ricas, colegios ricos

El Polígono Sur, donde están enclavadas las Tres Mil Viviendas, es una zona extensa de Sevilla donde conviven familias obreras con otras que se ganan la vida en la economía sumergida, con grandes dependientes, personas que subsisten con el salario social y, a veces, la beneficencia; donde existe un paro estructural superior al 40%, una tasa de fracaso escolar del 40%, en un entorno castigado por la marginación y el tráfico de drogas. Un distrito escolar con un puñado de colegios volcados a piñón con los niños de estas familias que, cuando se han manifestado, lo han hecho para impedir que la Junta les cerrase aulas y les quitase maestros por la pérdida progresiva de alumnado, y que jamás, nunca se han echado a las calles para protestar por la falta de escuelas concertadas en su zona.

El Polígono Sur tiene tres distritos escolares limítrofes, la del Cerro–Palmete–Rochelambert, que aglutina barrios obreros y donde se encuentra el colegio Pablo VI, y otros dos distritos –Nervión y Bami– cuadruplican el nivel de renta estos barrios. Algunas escuelas concertadas de estas demarcaciones están más próximas al Polígono Sur que el Pablo VI, por ejemplo el colegio concertado Corpus Christi o el colegio Claret, uno de los más demandados de Sevilla, de gran popularidad entre las familias de renta alta. La demanda en estos centros es mayor que la del colegio que eligió la Junta para ampliar la oferta de los niños del Polígono Sur, sin embargo, el perfil socioeconómico y cultural de las familias es totalmente distinto. Los cambios en el sistema de acceso que introduce la ley Celaá buscan evitar que se agrande esta brecha entre “colegios para familias ricas y colegios para familias pobres”.

El colegio Pablo VI no es un centro pequeño: tiene 56 profesores y 790 alumnos que provienen de otros barrios obreros que rodean el Polígono Sur, como Rochelambert, Cerro del Águila, Palmete, Padre Pío, Su Eminencia, incluso de zonas tan deprimidas y castigadas como las Tres Mil, caso de Los Pajaritos (otro de los barrios más pobres de España). Su oferta educativa consta de seis unidades de Infantil (privadas), 18 de Primaria y 12 de Secundaria (concertadas). Para el presente curso escolar, no se registró ni una sola solicitud de plazas de Infantil proveniente del Polígono Sur, pero sí 22 solicitudes de alumnos de Secundaria. Sus padres disfrutaron de esa nueva “libertad para elegir” esta escuela que promueve la Junta, pero tampoco lograron plaza “debido al exceso de demanda”.

Las clases de la ESO en el Pablo VI tienen 30 alumnos, siempre hay unas diez plazas que se cubren con estudiantes de fuera (el resto son del mismo centro que promocionan de Primaria), pero ninguno de ellos es del Polígono Sur, porque “no tenían suficiente puntuación en el baremo de selección de Educación”. El director del colegio Pontífice Pablo VI, José Carlos Domínguez, sostiene que “la bandera de la libertad de elección de centro es una cuestión política que, en la práctica, no ha tenido ningún efecto”. “Me enteré por la prensa de que habían incluido nuestro colegio en la oferta del Polígono. Nadie de la Delegación nos llamó. Pensé que nos autorizarían el concierto de dos unidades de Infantil que nos habían denegado en el pasado, en lógica con el discurso político que estaba lanzando la Junta, pero no fue así”, explica a eldiario.es Andalucía.

La directora del colegio La Providencia, Manuela Guerrero, se extrañó al oír a la Consejería de Educación decir que “el Polígono Sur no tenía centros concertados”. “Luego pensé que se referían a Primaria y Secundaria, pero tampoco tiene sentido porque la gran mayoría de alumnos entra en los colegios concertados en el segundo ciclo de Infantil, y eso le garantiza la continuidad en Primaria, Secundaria y a veces Bachillerato”.

El pulso de Pablo Casado

El pulso del PP nacional a la ley Celaá ha quedado muy mitigado en Andalucía, con un sistema escolar imposible de homologar al de Madrid. Su presidente, Pablo Casado, anunció que las cinco comunidades que gobierna el PP adelantarían la matriculación de sus alumnos el próximo curso para esquivar la ley Celaá, y así no poner en riesgo “el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos”. El Gobierno andaluz de Moreno Bonilla –y el departamento de Educación, que pilotan sus socios de Ciudadanos– no fueron consultados sobre la decisión de Casado, y apenas 24 horas después del anuncio, salieron a descartar con claridad esta medida. La escolarización en Andalucía moviliza a 1,8 millones de alumnos y 107.000 profesores, un volumen muy superior al del resto de regiones gobernadas por el PP, y el adelanto de la matriculación de 2021 hubiera supuesto un problema logístico sin precedentes (el plazo de inscripción es en marzo, pero la planificación en la oferta de plazas empieza muchos meses antes).

Para no desautorizar públicamente a Casado, la Consejería de Presidencia se reunión con el departamento de Educación para tratar de unificar un mensaje político que dejase claro el rechazo del Gobierno andaluz a la ley Celaá –alineado con la tesis del PP–, pero también que era “innecesario” adoptar estas medidas de prevención, porque Andalucía ya se había dotado de un nuevo decreto de escolarización, aprobado en el presente mandato, “que blinda la libertad de elección de los padres”. “Dado ese blindaje previo, la ley Celaá introducirá modificaciones que afectarán sólo a algunos casos muy específicos”, y por tanto, “no es imprescindible aprobar de momento ninguna resolución” preventiva contra la norma básica, “sino que se puede hacer tras su entrada en vigor”.

El Gobierno andaluz de PP y Cs acaba de cumplir dos años de mandato, tras casi 37 años del PSOE en el poder. El primer año, el Ejecutivo de Moreno mantuvo el esquema de escolarización de los socialistas. El segundo año aprobó ese nuevo decreto que introdujo algunas variaciones en los criterios de reparto de plazas escolares que venía usando el anterior Gobierno socialista. Pero, en lo esencial, conservó el mismo modelo, el mismo orden de prelación: la presencia de hermanos en el centro y la cercanía al domicilio familiar continúan siendo los criterios que más puntúan en el baremo que usa la Administración cuando la demanda supera a la oferta de plazas en algún colegio, y es necesario establecer un sistema de selección.

Cuando se estrenó el nuevo decreto de escolarización, el pasado mes de marzo, el consejero de Educación, Javier Imbroda, explicó que la gran diferencia respecto a la etapa socialista era ésta: “Por primera vez, todos los distritos escolares de Andalucía tendrán oferta de colegios concertados para que las familias puedan elegir libremente”.

El polémico baremo

La escolarización en las capitales de provincia y en las grandes urbes de Andalucía, donde se concentra más del 80% de la población, está organizada por zonas de influencia: distritos escolares amplios que engloban varios barrios y que tienen preferencia por proximidad para matricularse en los colegios que están dentro de cada distrito. Este sistema es el que más polémica ha generado siempre, porque implica dejar a muchos niños fuera del colegio elegido por sus familias. En Andalucía, el baremo sólo se aplica de forma residual, porque nueve de cada diez alumnos consigue entrar en la escuela elegida como primera opción. Este altísimo porcentaje de satisfacción ya era así durante los últimos diez años de gobiernos del PSOE, y no ha variado con la entrada del PP en el poder (siempre con un 80% de oferta pública y un 20% de concertada). En el presente curso escolar, casi el 94% de las familias ha matriculado a sus hijos en el colegio elegido en primera opción (el 98% si se incluye la segunda y tercera opción).

El modelo es garantista, pero no evita el malestar de todas esas familias que no consiguen la escuela que buscaban. Es un problema porcentualmente menor, pero con un enorme eco en los medios de comunicación más conservadores, que cada año elevan a categoría de drama social generalizado lo que en realidad es un drama puntual.

En Andalucía, el desequilibrio entre la oferta y la demanda se concentra en una docena de escuelas, la mayoría son centros católicos privados concertados ubicados en los barrios más pudientes de las grandes ciudades (especialmente en Sevilla), con una renta familiar superior a la media andaluza. Aquí se concentran las manifestaciones de padres que reclaman a la Junta su “derecho a elegir” dónde estudiará su hijo, las denuncias entre familias por falsificar los datos de matriculación de sus vástagos, el contrato de detectives para investigar si una familia está empadronada donde dice vivir, el contrato de abogados que recurren a la vía judicial para lograr la plaza escolar que la puntuación del baremo no le ha dado...

En Andalucía, el 82% de los municipios andaluces no tiene colegios privados concertados, por una razón demográfica (el 80% de la población andaluza se concentra en las capitales y grandes urbes). Pero también porque la apertura de centros semiprivados depende de empresas que se rigen por criterios de rentabilidad. Y los pueblos y barrios de menos renta no resultan tan rentables.