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El Gobierno andaluz de PP y Cs disputa la bandera del ecologismo a la izquierda y enfría el proyecto de autovía en Doñana

Moreno garantiza compromiso de Junta con protección y preservación de Doñana y plantea su inclusión en el Estatuto

Daniel Cela

El Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno ha trasladado este martes la reunión del Consejo de Gobierno al interior de Doñana, que este miércoles cumple 50 años desde que fue declarado Parque Nacional. Desde allí, el presidente de la Junta ha lanzado un alegato sobre “la revolución verde” y la lucha contra el cambio climático, concretado en el aparente enfriamiento del proyecto de construir una carretera que atraviese Doñana y comunique Cádiz con Huelva. Una propuesta que forma parte del programa electoral del PP andaluz desde hace 20 años, impulsada primero por Javier Arenas, luego por la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y ahora en manos del sucesor que puede convertirla en realidad desde su puesto de mando en San Telmo.

El proyecto de autovía alrededor de Doñana no está muerto, al contrario, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos lo ha incluido dentro del plan de infraestructuras de Andalucía 2021-2027, haciendo saltar las alertas de los ecologistas y de los grupos de izquierda en el Parlamento. La Consejería de Fomento ha solicitado el estudio de demanda para conocer de primera mano la viabilidad de ese puente o carretera elevada que conecte las dos únicas provincias andaluzas “hermanas” que no están unidas por asfalto, y por donde se extiende el Parque Nacional. Sin embargo, Moreno parece haber torcido el rumbo de sus antecesores en el PP andaluz para liderar un nuevo discurso -“más comprometido por el medio ambiente”- con el que busca arrebatarle a la izquierda la bandera en defensa del ecologismo.

Aunque el proyecto de autovía de Doñana haya iniciado los trámites administrativos, desde el departamento que dirige la consejera Marifrán Carazo avisan de que los técnicos no tardarán en corroborar que la intromisión del ladrillo es incompatible con el espacio protegido. “Incluso la idea de construir un paso elevado puede poner en riesgo la colonia de aves de Doñana”, dicen. Además, la fórmula de un puente o ronda de circunvalación que rodease el perímetro más protegido del parque podría alcanzar un coste desorbitado, en torno a 1.000 millones de euros, según estimación de la Junta. Cádiz y Huelva son dos provincias pegadas, peros sus capitales están a 271 kilómetros de distancia por carretera. Una alternativa, que también se barajó en el pasado, es la ruta marítima, que acorta la distancia en 40 millas náuticas (unos 80 kilómetros), aunque este proyecto también sería costoso y no exento de riesgos ambientales.

Reparos técnicos aparte, Moreno hace gala de un nuevo perfil verde en el que el PP jamás se ha sentido cómodo. Ahora, sin embargo, antepone la protección de Doñana a cualquier proyecto urbanístico y promesa electoral. De momento es un discurso potente -a un mes de las elecciones generales- que deberá ponerse a prueba con hechos. No hace ni cuatro meses que el PP de Huelva arengaba a los agricultores de Lucena del Puerto -municipio limítrofe con el Parque Natural- para que robaran agua de los pozos ilegales de Doñana. “Lo estáis haciendo de puta madre. No hay una cosa que le joda más a un político que [los ciudadanos] estén en la calle, que le peguen cuatro gritos”, le decía Alberto Fernández, vicepresidente del PP de Huelva, a un grupo de freseros “afectados por el cierre de los pozos” (en palabras del PP). Alguien grabó la escena con un móvil y la difundió, levantando un revuelo político.

La sobreexplotación del acuífero de Doñana tras años de captaciones ilegales -en conflicto con los intereses comerciales de los freseros de la zona- es sólo una de las amenazas del Parque Nacional. La Junta tiene sobre la mesa el proyecto urbanístico Costa Doñana, el oleoducto de la refinería Balboa, el dragado de profundización del Guadalquivir o la futura reapertura de la mina de Aznalcóllar (ahora paralizada por la Audiencia Provincial de Sevilla).  

Entre 2019 y 2020, la Junta prevé invertir 17,5 millones de euros en la conservación del Parque Nacional. La mitad de ese presupuesto lo absorberá un plan de reforestación de la zona afectada por el incendio del municipio onubense de Moguer, en el verano de 2017. Actualmente se están ejecutando actuaciones en la zona afectada por valor de casi 2,5 millones de euros y desde el segundo trimestre del año hay en marcha trabajos de la Red Natura 2000 para mejorar el hábitat por un importe de 8,1 millones. De aquí a 2022, el Ejecutivo andaluz quiere triplicar la reforestación en toda Andalucía, con un presupuesto aproximado de 200 millones de euros.

Para rematar su política medioambiental, Moreno ha anunciado una propuesta de reforma exprés del Estatuto de Autonomía para introducir el blindaje de Doñana y el resto de parques naturales de Andalucía. Los populares quieren elevar el rango de las políticas de Medio Ambiente en el organigrama del Gobierno. La semana pasada, la consejera del ramo, Carmen Crespo, anunció una auditoría medioambiental en los Presupuestos de 2020 para estimar el impacto de las políticas públicas en el calentamiento global. El anterior Gobierno socialista impulsó la Ley andaluza contra el Cambio Climático, aprobada en la legislatura anterior por unanimidad de todos los grupos.

También se creará la figura del comisionado contra el cambio climático y se impulsará la futura ley andaluza de economía circular, con objeto de implantar un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos. “Andalucía es la región de Europa que será más castigada por los efectos del cambio climático”, dice Moreno, tras subrayar que las lluvias han descendido hasta un 30% en algunas zonas de la comunidad. El PSOE cuestiona enérgicamente ese compromiso de la Junta, no sólo porque mantiene vivo el proyecto de autovía del parque, sino porque “ha eliminado la Consejería de Medio Ambiente para integrarla dentro de Agricultura y Pesca”. El área de Medio Ambiente tiene rango secundario dentro del organigrama de este departamento (una secretaría general).

El 16 de octubre de 1969 el Gobierno publicó el decreto por el que se creaba el Parque Nacional de Doñana, una delimitación protegida de 35.000 hectáreas (originariamente las marismas del Guadalquivir ocupaban 130.000 hectáreas) que en este medio siglo se han ampliado hasta alcanzar las 255.000. Hoy es Reserva Natural de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, y hogar de especies emblemáticas como el lince ibérico o el águila imperial.

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