La Fiscalía investiga a la alcaldesa de Granada por la adjudicación de cinco millones de euros en contratos cuando era consejera de Fomento

La Fiscalía de Sevilla ha iniciado una investigación contra la ex consejera de Fomento y actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, así como contra el que fuera su número dos, Enrique Catalina; contra la delegada de dicha cartera en Cádiz, Mercedes Colombo, y el Jefe de Servicio de Carreteras gaditano, Alberto Blas, por la adjudicación directa de contratos de emergencia para la rehabilitación de varias carreteras en Cádiz por un valor superior a cinco millones de euros a dos empresas que no cumplían los requisitos. Según la denuncia del PSOE, que ha motivado esta apertura de diligencias, los contratos no estaban debidamente justificados y las beneficiarias de ellos no tenían trabajadores o carecían de experiencia previa en esas obras civiles.

En concreto, según confirman fuentes del Ministerio Fiscal, lo que se investiga es si la ex cúpula de Fomento pudo haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa por otorgar de manera directa y sin licitación pública tres contratos para que dos empresas llevasen a cabo obras de rehabilitación de varias carreteras de la provincia de Cádiz a raíz de una denuncia realizada por el PSOE en mayo. El primero de ellos es de octubre 2021 por 1,3 millones de euros otorgado a Juan Veas Pérez SLU, mientras que el segundo de 1,18 millones de euros y el tercero de 2,89 millones de euros son para Barveal SL en noviembre de 2021 y enero de 2023, respectivamente.

Estas contrataciones se incluyen dentro de un total de 79 que realizó la Consejería de Fomento entre 2021 y el primer trimestre de 2023 a través de la fórmula de emergencia, que implica que se otorgan sin competencia ni concurrencia de varias empresas. En estos casos, las empresas adjudicatarias son elegidas directamente por el Ejecutivo regional. En total, unos 60 millones de euros en adjudicaciones, de los que algo más de cinco están en duda en la denuncia por el modo en el que se otorgaron y por las empresas que los ejecutaron.

Dudas sobre la emergencia

Una de las primeras cuestiones que se ponen de relieve en la denuncia que ha motivado la investigación es que entre ambas empresas existen vínculos familiares. Más allá de ese detalle, el nudo gordiano de esta presunta actuación delictiva por parte de Fomento está en el hecho de que, según la legislación, los contratos que se otorgan de emergencia deben realizarse en aquellos casos en los que se den acontecimientos catastróficos, de grave peligro o que afecten a la defensa nacional. Es decir, que estén motivados por hechos inesperados. Algo que no encajaría con estas tres adjudicaciones.

No encajaría porque, según señala el PSOE, “las obras realizadas por emergencia, más que derivadas de acontecimientos catastróficos (huracán, inundación, pandemia, o terremoto, por ejemplo), se deben a actuaciones urgentes o necesarias fruto del mal estado de las carreteras, como consecuencia de una mala conservación preventiva de las mismas, sin que esté justificado que se utilice la figura excepcional de la contratación de emergencia para saltarse todos los controles y posibilitar la adjudicación directa a empresas”.

En ese sentido, se utiliza como ejemplo las obras que se realizaron por parte de Barveal SL en la A-390 que conecta Chiclana de la Frontera con Medina Sidonia. Según la memoria justificativa del proyecto se explica que “a lo largo de casi 4 kilómetros de carretera se ha producido un fenómeno generalizado e inesperado de hundimiento y deformación del firme y su explanada (producido por los efectos de hidratación y secado de los materiales que conforman la explanada al introducirse el agua a través de las pequeñas grietas del firme que ya existían)”.

Esto último es relevante porque, para solventar ese problema, según la misma memoria, se hicieron “campañas de bacheos” y seguimiento. Por lo que, si bien el contrato de emergencia se otorga en noviembre previa petición de los diferentes cargos de Fomento señalados en la denuncia, el problema con esa carretera era conocido al menos desde septiembre, por lo que no era sobrevenido ni inesperado como debería ser la naturaleza de este tipo de adjudicaciones.

Otro de los hechos que consideran relevantes los denunciantes, y que ahora debe aclarar la Fiscalía, es por qué Junta de Andalucía tenía entonces previsto un sistema de adjudicación de obras de emergencia cuando lo normal es que dichas emergencias “no surjan de forma periódica o sea previsible su conocimiento”. Para el PSOE, “es un sinsentido que se tenga previsto adjudicar una pluralidad de obras de emergencia, salvo que -respetando todas las presunciones- lo que se pretenda sea un fin distinto, sea un reparto de contratos sin someterse al régimen establecido en la Ley y Reglamento de Contratos, pues no consta que las empresas adjudicatarias estén en el registro de licitadores, con la clasificación adecuada”.

Por otra parte, también resultaría llamativo para la parte querellante que Fomento adjudique unas obras de este calado a dos empresas con las que no había trabajado antes cuando “lo lógico sería que se contratara a la empresa con medios abundantes y experiencia reconocida para garantizar un rápido despliegue de los elementos necesarios para atajar una catástrofe imprevista y no una empresa que carece totalmente de medios y que, con toda probabilidad, tendrá que acudir al mercado a subcontratar las obras, lo que además de encarecer las labores, resta la agilidad necesaria para este tipo de contrato”.

Empresas desconocidas

Mientras desde Fomento y el Ayuntamiento de Granada, a preguntas de este medio, guardan silencio sobre la apertura de la investigación de Fiscalía, en el PSOE tildan las adjudicaciones como “contratos a dedo” y desde el Consistorio piden que Marifrán Carazo dé explicaciones para evitar que la imagen de la ciudad vuelva a “mancharse” con la “sombra de la corrupción urbanística”. Pero más allá de las cuestiones puramente legales en relación a las tres adjudicaciones, otra de las que se pone encima de la mesa con la denuncia es que las empresas contratadas tendrían “falta de aptitud” y “solvencia” para llevar a cabo las obras.

En el caso de Barveal SL consta que en 2020, el año previo a su contratación por parte de la Junta, no tuvo actividad empresarial, tenía solo a un trabajador en nómina y cerró el año con unas pérdidas de 8.597,55 euros antes de recibir el contrato de 1,18 millones de euros que le otorgó Fomento. Al mismo tiempo, la actividad empresarial que tiene es de restaurantes, puestos de comida y construcción de edificios residenciales.

Según la denuncia, “la empresa no se encuentra inscrita ni en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía, ni en el del Estado, no constando que posea clasificación habilitante alguna”. En cuanto a Juan Veas Pérez SLU, lo llamativo, para los denunciantes, es que sus cuentas de 2020 ni 2021 no están depositadas en el Registro Mercantil por lo que no se conoce ni su volumen de negocio ni el número de trabajadores que poseía en el momento en el que recibió la adjudicación de 1,8 millones de euros para hacer las obras contratadas en la carretera A-2200 en Arcos de la Frontera. Una suma de hechos que configuran un caso que ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias en Sevilla para tratar de esclarecer si pudo haberse cometido un delito.