- El documento, firmado por inspectores del anterior Gobierno andaluz, ha sido añadido a la instrucción de la 'Operación Nazarí' por la que se detuvo al exalcalde
La fase de instrucción de la 'Operación Nazarí' sigue su curso. La causa judicial que investiga la supuesta corrupción en el Urbanismo de Granada durante la alcaldía de José Torres Hurtado (PP) sigue añadiendo documentos e investigaciones que detallan lo que sucedió durante los 13 años de gobierno ininterrumpido de los populares en la ciudad. Esta vez es un informe de la Junta de Andalucía, al que ha tenido acceso este medio, el que apunta que se cometieron irregularidades en la construcción de un conjunto de edificios que albergan, desde 2013, la sede del Partido Popular en la capital granadina.
El documento, que se extiende 22 páginas, explica detalladamente qué es lo que se investiga en este caso. Y la conclusión a la que llegan los técnicos que lo suscriben es que durante la licitación y construcción del complejo urbanístico ubicado en la zona sur de la ciudad se produjeron hechos cuestionables. El informe sigue la línea marcada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que afirma que la Concejalía de Urbanismo de Granada estaba organizada en base a una red clientelar que funcionaba como una “organización criminal”.
Contra el PGOU
Como ya ha sucedido en otros expedientes que investiga María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada que instruye la causa Nazarí, este nuevo informe pone de relieve que se llevaron a cabo actos en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Aunque no entra a valorar el porqué de esos actos, sí se explica que sucedieron sin que se ajustaran a la ley.
El propietario de la construcción que se investiga, conocida como Edificio Progreso, es el empresario Roberto García Arrabal. Él es una de las piezas fundamentales dentro de esta investigación porque fue uno de los promotores urbanísticos más beneficiados por parte de la Concejalía de Urbanismo. Y en este caso todo parece apuntar a que volvió a recibir un trato de favor por parte del Ayuntamiento de Granada.
En concreto, el informe de los peritos de la Junta de Andalucía que han investigado este complejo urbanístico y su construcción desde 2004 a 2011, concluye que la Concejalía de Urbanismo, además de manipular el PGOU a su antojo y fuera de la legalidad, también hizo lo propio con el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) previsto para la zona donde se levanta este edificio. El capítulo cuarto del informe sobre las “condiciones de situación y formas establecidas por el estudio detalle” detalla que mediante dichos estudios se modificaron o reinterpretaron artículos de ambos planes.
La planta sótano del Edificio Progreso cuenta con una ocupación del 75% de la superficie cuando el PGOU y un expediente de un funcionario municipal solo permitían que se ocupara como máximo un 40% de dicha superficie. El informe de la Junta señala que la altura máxima permitida del edificio también se vulnera. Cuando el PGOU sólo permite 60 metros de altura, lo construido supera los 85. Ambas modificaciones se hacen mediante Estudio Detalle que no es la fórmula legal que se debe utilizar para hacerlas, como explica el documento.
El complejo urbanístico consta en total de un edificio de oficinas y de otros dos que estaban destinados en un principio a uso hotelero. Estos dos últimos incumplen también el PERI. Según el informe de la Junta, la separación entre las edificaciones “se incumple en los dos edificios de uso hotelero”.
Sin ascensores con silencio administrativo
Otra de las circunstancias que señala la Junta de Andalucía en su informe es que no se construyeron los ascensores que deben construirse por ley. El PGOU de Granada establece que por cada 500 metros cuadrados debe haber al menos un ascensor si la altura del edificio supera los 7 metros. Sin embargo, aunque en el proyecto de construcción sí se contemplan cuatro ascensores exteriores en la fachada trasera del edificio de oficinas, no llegaron a construirse a pesar de ser obligatorios.
Desde 2007 y hasta 2011, Roberto García Arrabal y los promotores de las obras envían varios informes al Ayuntamiento de Granada pidiendo suprimir dichos ascensores sin que haya respuesta por parte del Consistorio. Los peritos de la Junta entienden que con ese silencio administrativo lo que estaba haciendo el Ayuntamiento era permitir esa supresión y por lo tanto que se vulnerara una vez más el PGOU en el Edificio Progreso.
El cambio de uso
Más allá de las vulneraciones, el informe del Gobierno andaluz también señala otros aspectos. Sobre todo, en el que hace referencia al cambio de uso que se le dio a la zona hotelera que estaba prevista en dos de los tres edificios. Es decir, el área de Urbanismo aprovechó un vacío legal para permitir el cambio de uso. Los hoteles pasaron a ser residencias plurifamiliares en 2013 pese a que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) determina que los usos deben ser definidos por el PGOU o por el PERI.
En ese sentido, aprovechando que el PGOU cataloga de un modo muy laxo el uso comercial de un edificio, el Ayuntamiento de Granada se valió de que el PERI se limitaba a copiar lo que apareciera en el PGOU para permitir que los dos edificios que iban a ser de uso comercial pasaran a ser de uso residencial plurifamiliar. Porque en el PGOU se indica que si el uso del suelo dominante sigue siendo el mismo que en un principio (en este caso el comercial) se podrá añadir un uso complementario que en este caso es el de residencial.
En resumen, el informe de la Junta que analiza el Edificio Progreso y que ha sido añadido a la causa de la 'Operación Nazarí' vuelve a dejar dudas sobre la gestión de Urbanismo en otro expediente más. En este caso, lo hace relacionando de nuevo al promotor Roberto García Arrabal con el Consistorio granadino en una operación urbanística en la que vuelve a haber irregularidades.