Una plataforma rural exige a la Junta que frene la supuesta ampliación de una macrogranja de cerdos al norte de Granada

Las macrogranjas de cerdos siguen expandiéndose por España. En el último lustro, según cifras de Greenpeace, el censo de porcinos ha pasado de algo de 26 millones a los más de 32 hoy en día. Un aumento que se explica por el auge de estas instalaciones que se definen así si superan al menos las 2.000 cabezas de ganado de producción. Para que este tipo de explotaciones no sigan aumentando en la provincia de Granada, la plataforma Salvemos el Altiplano, compuesta por agricultores, vecinos y regantes, ha interpuesto varios recursos de alzada contra la Junta de Andalucía para evitar que crezca una de esas industrias ganaderas y preparan otro recurso contencioso-administrativo para ir a juicio. Pero tanto la empresa como el Gobierno andaluz niegan que se vaya a ampliar la macrogranja y aseguran que se limitan a cumplir con una normativa europea.

Según esta asociación ciudadana del norte de la provincia granadina, que integran un millar de personas, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, le da permiso a una de las macrogranjas de Cefusa ubicada en Castilléjar para que aumente su tamaño y por tanto la producción de cerdos. Ángeles García, portavoz de esta plataforma, explica que esto podrá ocurrir porque la Junta modificó en 2019 la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que tienen este tipo de instalaciones para poder funcionar. “Esta autorización no es exactamente para que pongan más cerdos en la finca actual donde no caben, sino que pueden ponerlos en la de al lado”. García cree que puede servir para que se amplíe la producción no solo en Castilléjar sino en Orce, Galera o cualquier rincón del Altiplano hasta llegar a la Puebla de Don Fadrique.

Actualmente, la macrogranja de Cefusa tiene una producción de más de 600.000 cerdos anuales y con la autorización de la Junta esa cifra se podría duplicar hasta los 1,2 millones cada año, según las estimaciones de ampliación que aparecen en el expediente. Una cantidad inasumible para la plataforma ciudadana que teme que este incremento en la actividad siga perjudicando la calidad de vida de quienes viven en el Altiplano por el aumento de la contaminación del entorno y del agua que utilizan para trabajar y para vivir. Desde Salvemos el Altiplano recuerdan que este entorno del norte de la provincia de Granada lleva tiempo sufriendo por la falta de recursos hídricos, por lo que la expansión de este tipo de ganadería industrial no ayuda.

Frenar el aumento de la producción

“Nosotros intentamos que esa AAI no prospere”, explica Ángeles García. Para lograr su misión, han reunido 1.500 euros en una colecta popular para recaudar fondos y acudir al contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía, una vez que se agote el plazo para que Medio Ambiente conteste al último recurso de alzada. Una solución extrema a la que llegan porque el Gobierno andaluz ha ignorado todas las apelaciones que han puesto contra esta autorización. De hecho, según la plataforma, el juzgado de lo contencioso-administrativo encargado del tema ha solicitado en varias ocasiones la documentación de la AAI sin que la Consejería de Agricultura se la haya facilitado. Ante el silencio de la Administración, en Salvemos el Altiplano siguen moviendo el caso “para evitar que prescriba”.

Alguno de los aspectos que más preocupan a los miembros de Salvemos el Altiplano son la contaminación y la disminución de los recursos hídricos si esta macrogranja aumenta su producción. Como en la AAI se permite incrementar la cantidad de agua que usará la instalación: los documentos que facilita la plataforma ciudadana reflejan que se pasará de una explotación hídrica de alrededor de 140.000 metros cúbicos de agua al año, a más de 240.000 metros cúbicos anuales. “Lo que ocasionaría sin ningún género de dudas que se siga incrementando de manera exponencial y posiblemente, ya irremediable, la contaminación y sobrexplotación de los acuíferos”, señalan en el recurso contra el expediente a los que ha tenido acceso este medio.

Por otra parte, la ubicación de estas macrogranjas de cerdos conlleva también contaminación del aire por los olores que manan de estas instalaciones, así como del entorno en el que se asientan al dañar las reservas de agua. Unas cuestiones que para Salvemos el Altiplano son urgentes de solucionar. Además, desde la asociación censuran que se ha impuesto la ley del silencio entre las administraciones y no se da toda la información necesaria. Un ambiente en el que los vecinos de los municipios del Altiplano afectados por estas macrogranjas viven con cierto temor a hablar de estas explotaciones ganaderas, según explican fuentes de la zona.

“No tienen intención de ampliar”

Al respecto, tanto el Ayuntamiento de Castilléjar como la Consejería de Agricultura y Cefusa niegan que esta AAI sirva para aumentar el tamaño de la macrogranja y por lo tanto pueda suponer un perjuicio para el entorno. Jesús Raya (PSOE), regidor de Castilléjar, asegura que el Consistorio “no tiene conocimiento de ninguna ampliación de granjas”. “Yo ante la polémica suscitada me he puesto en contacto con Cefusa y me dicen que no tienen intención de ampliar”. Además, explica que tanto el PSOE como el PP han aprobado “una moción conjunta por unanimidad por la que no se concederán más granjas de cerdos ni más ampliaciones”.

Desde la Consejería de Agricultura explican lo mismo y añaden que con esa autorización están limitándose a cumplir con una normativa europea. “La granja no se amplía. Esta AAI es una imposición de la UE que obliga a que haya una mejora técnica ambiental para disminuir la contaminación”. En ese sentido, lo que ha recibido Cefusa es “una autorización para que puedan cumplir con ello”. Fuentes de Agricultura afirman no entender “por qué se quejan al respecto”.

Quienes tampoco entienden las protestas y el interés por llevar a juicio este expediente que, según Salvemos el Altiplano puede acabar en la ampliación de la macrogranja, es precisamente la empresa que explota las instalaciones. Cefusa explica a este medio que “no se trata de ninguna ampliación de nada, sino de la Revisión de todas las autorizaciones ambientales integradas existentes en Europa para granjas avícolas y porcinas. (Decisión de ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones de las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos)”. Según estas fuentes, están acometiendo su “obligación legal de dar trámite a la adaptación de la AAI”.

“En enero del año pasado, ya el propio Ayuntamiento de Castilléjar hizo público una declaración en estos términos, que la empresa no ampliaba nada, sino que estaba obligada a acometer una serie de mejoras técnicas de carácter ambiental para reducir las emisiones amoniacales, de GEI, y olores. De estas técnicas, la empresa ya está haciendo la mayoría, incluso antes de aparecer esta norma, por eso, en nuestro caso no cambia mucho la resolución de la nueva AAI de la inicial”, añaden desde Cefusa. Creen que la plataforma no está obrando de forma justa y que ir a juicio es “totalmente improcedente”. Afirman que el conflicto se produce porque son una empresa “muy potente y con beneficios dedicada a una producción agrícola y ganadera”.

“Los ambientalistas, que en el fondo les preocupa no poder vivir a costa de los demás, tanto o más que el medio ambiente, ven en estas empresas la posibilidad de extorsionar porque, aunque no molestemos a nadie con olores, es muy fácil que un señor de Madrid se crea que la gente no pueda vivir de los malos olores. Cuando la realidad es que te pones a 100 metros de estas granjas modernas con los ojos cerrados y no sabes que estás al lado de una”, sentencian desde Cefusa.