Hugo Morán: “El daño reputacional a Doñana que puede provocar el Gobierno andaluz es de dimensiones colosales”

La entrevista tiene lugar en el salón de plenos del municipio onubense de San Silvestre de Guzmán, poco después de haber dado sobre el terreno el pistoletazo de salida a las obras del túnel de San Silvestre, uno de los proyectos clave para mejorar el acuífero de Doñana. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica, no se anda por las ramas y carga por tierra, mar y aire contra la ley de PP y Vox que indultará regadíos en el entorno del Parque Nacional, de la que señala que decir que no le afectará “es dar de bofetadas a la comunidad científica internacional”. “Si se aprueba esta ley, la presentación de un recurso ante el Constitucional será fulminante”, subraya.

Por fin echa a andar el túnel de San Silvestre, una obra crítica para que le llegue agua en superficie a Doñana desde el Tinto, Odiel y Piedras. ¿Este trasvase es la garantía de supervivencia para el parque?

Doñana tiene muchos frentes de agresión abiertos que ha ido acumulando a lo largo de los años y los problemas están identificados. Hay uno contra el cual es muy difícil luchar, que es el impacto del cambio climático, que lo que ha venido a hacer es aflorar todos esos déficits de gestión que se habían venido acumulando a lo largo de los años. Es la infección que aflora y que avisa de que el cuerpo está enfermo.

¿Cuándo estarán terminadas todas las obras necesarias para este trasvase incluidas en la ley de 2018?

Las previsiones las marca el periodo del calendario hidrológico del actual plan de planificación, que es 2027, y vamos a intentar llegar a ese momento. Es cierto que se arrastra una inercia de retrasos que nos lastra en el proceso de ejecución de las inversiones siguientes, pero nos hemos marcado un horizonte que es 2027 y vamos a intentar tener la mayor parte de todo el proceso de inversión ejecutado para ese año.

Afirma que Doñana está enferma, ¿cómo la curamos?

Doñana tiene una enfermedad que está ahí y que requiere de distintos frentes de actuación para solucionarlos, la ley del trasvase por ejemplo es uno más. El problema más grave que tiene Doñana es la sobreexplotación del acuífero, sufre un exceso de extracciones unido a un déficit de aportaciones. Ahí es donde hay que intervenir, y lo estamos haciendo con decisión, por una parte actuando contra las extracciones ilegales y por otra dándole solución a las extracciones legales. 

Con las dificultades que supone respetar hasta el último minuto la seguridad jurídica de los propietarios de los terrenos, estamos en la línea de culminar a finales de este año el cierre de todos los pozos ilegales

Pero el ritmo parece que nunca es suficiente, siempre quedan pozos ilegales por cerrar.

Vamos más o menos a la par. Se critica que no se ha puesto en servicio el trasvase pero ya funciona en parte [se trasvasan 7,36 hectómetros cúbicos] y gracias a eso se han sustituido por aguas superficiales más de 400 pozos que extraían agua subterránea de manera legal. Después están las extracciones ilegales, ahí hemos tenido muchos problemas y muy poca colaboración, todo hay que decirlo, pero con las dificultades que supone respetar hasta el último minuto la seguridad jurídica de los propietarios de los terrenos creo que estamos en la línea de culminar a finales de este año el cierre de todos los pozos ilegales. Hablamos de todos los pozos ilegales que tenemos identificados, en la medida en la que se identifiquen más se irán cerrando todos.

¿Eso será suficiente para solucionar el mal estado del acuífero?

Ahí tenemos otro problema, que son las expectativas respecto a la puesta en regadío de más superficie. Y ahí es donde tenemos el conflicto en estos momentos con el Gobierno de Andalucía, que plantea una ficción: reconocer unos suelos que no tienen la condición de regables como suelo regable y a continuación decir que será sin agua. El reconocimiento de unos suelos como regables sin agua no sirve para nada. Ese mensaje, que a lo mejor alguien se lo puede creer, en cualquier ámbito de cualquier administración no es creíble. Y ahí es donde no alcanzamos a entender su enroque frente a la Comisión Europea, la Unesco, Ramsar, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea… Con su ley de regadíos, el Gobierno andaluz se ha enrocado en una huida suicida hacia adelante que acabará en conflictos judiciales, nada más que en eso.

¿El Gobierno central garantiza que nunca van a recibir agua estos suelos que se pueden regularizar y tener derechos de riego con la ley?

Es imposible, porque lo que dice la Unesco y lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo tanto, lo que dice también la Comisión Europea es que el proceso que pudo desembocar en una desclasificación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad o en un procedimiento de sanción europea se detuvo precisamente porque se aprobó el Plan de la Corona Forestal [conocido como el Plan de la Fresa]. Y lo que dicen es oiga, si usted ahora modifica este plan significa que me engañaron en su momento, porque se aceptó esa solución para poder detener dos procesos coercitivos que estaban en marcha. Fuera del Plan de la Fresa es imposible incorporar nada más, ni un metro cuadrado más de suelo, sin estar abocados a una reacción en términos judiciales que acabaría con una sentencia contra el Reino de España. 

¿Estaría dispuesto el Ministerio, como en su momento ha llegado a plantear la Junta de Andalucía, a que se compense a estos regantes ilegales del entorno de Doñana con una indemnización o una permuta de terrenos para que cesen su actividad?

¿Indemnizar a los regantes ilegales para que se vayan? La ilegalidad no es indemnizable, no es posible trasladar el mensaje de que puede hacerse, eso tiene que quedar claro desde el minuto uno. En segundo lugar, si efectivamente hay una expectativa en el territorio de actividad agraria que no puede desarrollarse dentro del ámbito del Parque Nacional o en el entorno que afecta al acuífero, pueden ser desplazados a otros suelos. El titular del parque es la Junta de Andalucía y quien tiene las competencias de ordenación del territorio es la Junta de Andalucía. De hecho, vemos que incluso está dando pasos para adquirir nuevos terrenos, y dispone de suelos alternativos que podría ofrecerles en permuta a los actuales propietarios. 

¿Y eso lo aceptaría el Gobierno central?

Nosotros veríamos bien esa operación, pero esa no es una competencia que tenga el Ministerio, que ha comprometido más de 350 millones de euros para el territorio en el marco del Plan de Actuaciones Prioritarias para Doñana. Parece razonable que la Junta de Andalucía acompañe ese esfuerzo para complementar ese plan de actuación, ahora ha anunciado la compra de unos de unos terrenos que en su mayor parte va a financiar con cargo a fondos europeos.

¿Con esta situación está en peligro el prestigio de la marca Doñana?

El Gobierno andaluz está poniendo en riesgo Doñana, que es la mejor marca de calidad mundial que tiene Andalucía, eso es evidente. Y es evidente porque la Unesco le está advirtiendo por activa y por pasiva que va a revisar la clasificación de este espacio. Es decir, puede usted quedar fuera de esa carta de espacios privilegiados que aparecen reconocidos a nivel mundial como Patrimonio de la Humanidad. El daño reputacional a Doñana que puede provocar el Gobierno andaluz es de dimensiones colosales.

Cuando se dice que esta ley no supone ninguna agresión a Doñana es dar de bofetadas a la comunidad científica internacional

¿Hay posibilidades de negociar la ley de regadíos que se tramita todavía en el Parlamento andaluz?

No, la ley no es negociable, lo que hay que hacer es retirarla, dar ese paso previo que es el que vienen pidiendo todos. Da la impresión de que desde la Junta se pretende trasladar que esto es un pulso de carácter político e ideológico entre los gobiernos de España y de Andalucía, porque son de dos signos políticos distintos. Yo lo que repito es que se abstraigan, que se hagan a la idea de que el Gobierno de España no aparece en este problema, pero que hagan caso a los demás: al Consejo de Participación de Doñana, a la Unesco, a la Comisión Europea, que cumplan con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hagan caso a la comunidad científica internacional. ¿Todos forman parte de un complot ideológico y político? Es evidente que no.

La Junta de Andalucía insiste en que esta ley no va a afectar a Doñana...

Cuando se dice que esta ley no supone ninguna agresión a Doñana es dar de bofetadas a la comunidad científica internacional, que tiene un conocimiento sobre la realidad del parque atesorado a lo largo de décadas. No sólo a ellos, también a los técnicos que forman parte de las estructuras de la Comisión Europea, la Unesco y las Naciones Unidas. Es como decirles que no tienen ni idea de lo que están hablando, cuando son los científicos y los técnicos que han estado sobre el territorio en Doñana a lo largo de todo este tiempo. Lo que no puede ser es que vean que retirar la ley es como que el Gobierno de España ha ganado y sale derrotada la Junta de Andalucía, que se olviden de eso, nosotros desaparecemos y nos quitamos de en medio.

A propósito de la batalla política, ¿cree que una Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en manos del PP daría permisos de riego a estos agricultores a los que se les puede regularizar el suelo?

La Confederación del Guadalquivir es un órgano encargado de ejecutar aquello que aparece recogido en las normas y en la planificación y, gobierne quien gobierne, tiene que hacer cumplir las leyes y la planificación. Con la ley y la planificación actual esa posibilidad es imposible, y cualquier modificación de la ley implica lo que ya conocemos: la Comisión Europea llevaría al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y en qué se traduce eso? Pues en sanciones y, en su caso, en la obligación de revertir la ley a las condiciones que la propia Comisión Europea establece.

Si finalmente la ley se aprueba, ¿el Gobierno va a presentar rápido el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional?

Sí, sí, sería fulminante, salvo que lo que conocemos del texto legislativo en tramitación sufriese una modificación radical, claro, lo cual no parece que vaya a ser porque las únicas enmiendas que ha habido han sido de retirada de la ley. Respecto al texto actual, ya la Confederación del Guadalquivir trasladó al Parlamento de Andalucía por qué razón esa ley queda fuera del marco constitucional, sobre todo por una cuestión de competencias. Pero es que además los propios servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía advirtieron en su momento al Gobierno andaluz de que esa tramitación estaba fuera del procedimiento que debería de haberse respetado. O sea, que ya no es una cuestión de trasladar que aquí hay una persecución por parte del Gobierno de España, es que los propios servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía ya advirtieron en su momento de que se estaba siguiendo un camino que no iba a tener muy buen final.

Sea como sea, lo que sí resulta frustrante es que las dos administraciones sean incapaces de ponerse de acuerdo ante la situación tan alarmante que sufre el principal espacio natural de España.

Esta es una cuestión que merece la pena aclarar, porque no es que haya dos administraciones que sean incapaces de ponerse de acuerdo, es que hay una administración que ha roto el acuerdo, que es el Gobierno andaluz. El Plan de la Corona Forestal fue aprobado en 2014 por un Gobierno de Andalucía del PSOE y por un Gobierno de España del PP. Quien ahora rompe unilateralmente el acuerdo es la Junta de Andalucía, que adopta una posición radicalmente distinta de la que el Gobierno de España del PP tuvo en su momento. Segundo, toda la planificación hidrológica forma parte del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que se aprobó tras un proceso de elaboración en el que la Junta de Andalucía participó en todo momento. Y nunca, en ningún momento a lo largo de todo el proceso, manifestó nada, puso reparos o presentó ninguna propuesta sobre estos regadíos. Fue justo en el momento en el que se aprobó este plan, vigente hasta 2027, cuando la Junta impulsó con nocturnidad la proposición de ley.

El Gobierno andaluz no se da cuenta de que Andalucía se juega mucho con esto, porque la marca Doñana es el corazón andaluz, pero también afecta mucho a España

¿Es imposible un pacto de Estado como reclama el presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes?

Es que el pacto es volver al pacto. Es decir, es quien ha roto el pacto el que tiene que volver, lo único que tiene que hacer la Junta de Andalucía es volver a ese espacio de acuerdo que ya había.

El Gobierno central se ha implicado mucho en este choque, ¿es una cuestión ideológica o que la vicepresidenta Teresa Ribera se lo ha tomado casi como algo personal?

No, lo que ocurre es que la vicepresidenta es consciente, a diferencia de lo que parece suceder en el ámbito del Gobierno andaluz, de que Andalucía se juega mucho con esto porque la marca Doñana es el corazón andaluz, pero también afecta mucho a España. Somos el país de la Unión Europea que tiene reconocido el marchamo de la mayor calidad en términos de espacios protegidos, atesoramos la mayor variedad de biodiversidad de toda Europa. Y eso para España es una marca de calidad. Recibimos más de 80 millones de visitantes todos los años, y eso es porque España traslada una imagen de calidad hacia el exterior que les atrae. Creo que no se están dando cuenta de lo que esto supone en términos de afectación a la marca España, más allá de la marca Andalucía. Y claro, la vicepresidenta sabe que a quien va a condenar el Tribunal de Justicia Europeo es a España, porque no condena a las comunidades autónomas.

La Unesco, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, la UICN con su Lista Verde, el Convenio Ramsar… De todas estas amenazas, ¿cuál es la que más le preocupa?

Hay dos en distinto nivel, y las dos igual de graves. Que Doñana pierda el marchamo de Patrimonio de la Humanidad sería catastrófico para España. Ahora, en términos de impacto económico, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea evidentemente va a tener un alcance que razonablemente tendría que asumir quien ha ocasionado el problema. Es decir, no puede ser que solidariamente el conjunto del país pague por las consecuencias que se adoptan en una comunidad autónoma, eso es insolidario. Es que parece que como se juega con los presupuestos públicos, aquí se toman decisiones obviando que al final las sanciones salen del bolsillo de todos.

El Gobierno andaluz y el PP llevan demasiado tiempo jugando con fuego con Doñana, tanto en términos políticos como institucionales y sociales

La Junta de Andalucía mantiene que el Ejecutivo central está transmitiendo una imagen distorsionada de la proposición de ley a la Comisión Europea, que no tiene una información real.

Bueno, primero la Comisión Europea tiene la información por sus propias fuentes, esto de pensar que únicamente toma sus decisiones en función de lo que unos u otros le trasladan… Y segundo, la Junta de Andalucía ha comparecido en Bruselas todas las veces que ha querido y se ha visto con el comisario, con la directora general y les ha trasladado su mensaje. El problema que tiene la Junta es que su explicación no es creíble porque no tiene un fundamento sólido. Así que no, aquí todo lo que sucede está a la vista de todos. En este caso, el problema que tiene el presidente andaluz es que ha entrado en un espacio muy peligroso de negacionismo en el cual es muy difícil desenvolverse con credibilidad. Los informes que maneja la Comisión Europea, la Unesco, la UICN o el Gobierno de España son los informes que elabora la comunidad científica, todos los científicos que se mueven en el entorno de Doñana. El problema que tiene el presidente Moreno Bonilla es que no se los cree, con esta ley ha entrado en un escenario de negacionismo científico que le deja descolocado permanentemente

¿El Gobierno andaluz y el PP están jugando con fuego con Doñana?

El Gobierno andaluz y el PP llevan demasiado tiempo jugando con fuego con Doñana, tanto en términos políticos como institucionales y sociales, porque están contribuyendo a generar un caldo de cultivo de crispación en el territorio que luego es muy difícil de minorar, de atemperar. Con lo cual yo creo que se ha manejado con demasiada alegría todo este proceso.

La compra de la finca para ampliar el Parque Nacional ni ahorra ni aporta agua al acuífero, no incorpora absolutamente nada para resolver el problema de lo que es el suelo matriz de Doñana

¿Considera contradictorio que mientras se acelera la ley se haga el anuncio de la compra de una gran parcela con vistas a ampliar Doñana?

Hay que procesar la razón del porqué y el momento: en unos días en los que la Unesco tiene abierto el debate, justo ahora se hace el anuncio. Creo que alguna mente pensante se ha iluminado diciendo que si se ofrece un suelo alternativo para garantizar uno de los graves problemas que se deducen del agotamiento del acuífero de Doñana, que es la desaparición de un espacio de invernada, tenemos resuelto el problema con un espacio de estancia para la avifauna. Y yo tengo que decir que no, que esto no es así. ¿Es positiva la operación? Sí, lo es. Es un espacio protegido que ya está dentro del Parque Natural y que ahora se quiere incorporar al Parque Nacional, lo que está bien. Es verdad que es un espacio antropizado, con infraestructuras. Habrá que intervenir y ver cómo se corrige. Pero esa compra ni ahorra ni aporta agua al acuífero, no incorpora absolutamente nada para resolver el problema de lo que es, llamémoslo así, el suelo matriz de Doñana.

¿Lo ve entonces como una operación de maquillaje?

Tal y como se está planteando mi impresión es que sí. El problema es que parece que alguien ha pensado que con esto se podía engañar a la Unesco, a la Comisión Europea y al Gobierno de España. Y me temo que si siguen por el mismo camino, con esa misma explicación, esto va a acabar convirtiéndose en un problema incluso contradictorio respecto a lo que se pretende. Porque algo que es bueno, que es incrementar la superficie del Parque Nacional y restaurar un espacio que en estos momentos está sujeto a un aprovechamiento empresarial, acaba convirtiéndose en una flecha envenenada cuando se plantea como la alternativa. Pues oiga, no.