Identificar las fresas 'legales' de Doñana: una misión casi imposible para el consumidor a pesar de ser mayoría

El punto de partida es una mera cuestión de concepto: si PP y Vox quieren legalizar un número indeterminado de cultivos en el entorno de Doñana (se habla de unas 750 hectáreas, aunque no hay cifras oficiales) eso significa que se reconoce abiertamente que estos regadíos no tienen todos los parabienes oficiales. Y aun así, su producción (básicamente frutos rojos) sale al mercado porque cumple todos los requisitos establecidos... excepto el de la procedencia del agua, que se extrae ilegalmente de un acuífero sobreexplotado.

Pero ahora, la reciente campaña lanzada por la organización alemana Campact, que ya han suscrito casi 200.000 personas, reclama a los supermercados germanos que dejen de importar unas fresas españolas –sin mayor precisión geográfica– a las que acusa de “secar” el parque nacional, con la consiguiente sombra reputacional y comercial para todo el sector. Y pese a este riesgo de que todos entren en el mismo saco, es “muy difícil” garantizarle al 100% a un consumidor que esa fruta que compra se ha regado con un agua que tiene todas las bendiciones oficiales.

El entrecomillado anterior lo suscriben certificadores de calidad, agricultores y ecologistas, que inciden en las particularidades del entorno de Doñana para explicar lo complicado que es dar una garantía absoluta. Esto obedece a que muchos de los pinchazos ilegales al acuífero son para alimentar una porción de unos cultivos que, en su mayor parte, sí tienen los correspondientes permisos de riego. Literalmente, el fruto regado irregularmente (se calcula que entre un 10% y un 15% de la producción total de la corona norte del parque, en función de la temporada) se diluye en un mar de fresas legales. Una producción ilegal, por cierto, que necesita entre 3,5 y 5 hectómetros cúbicos de agua.

“La fresa ilegal se canaliza a través de la legal en fincas que tienen permisos, lo que hace muy difícil diferenciarla por no decir imposible”, admite Manuel Delgado, portavoz de los agricultores de Almonte aglutinados en la Asociación Puerta Doñana, la que se está mostrando más combativa contra la proposición de ley de PP y Vox. “El que quiera camuflar su fruta lo va a conseguir”, abunda, al tiempo que apunta al papel clave que deben jugar unos supermercados y cadenas de distribución que deben elevar sus exigencias, algo que normalmente hacen a golpe de iniciativas sociales como la de Campact ante el temor de un boicot del consumidor a sus productos.

El papel de la certificación

La única manera de afinar en la procedencia del agua con la que se riega es con un sello certificador, pero aún así hay que hilar muy fino. Y no todos los productores cuentan con esta garantía, por mucho que la patronal Interfresa asegure que el cien por cien de las firmas exportadoras a Alemania cuenta con el módulo Spring que otorga la certificadora Global GAP, el más utilizado para riego procedente de fuentes subterráneas. Por lo pronto, la propia Consejería de Agricultura rebaja la cifra de los que tienen este sello a “más del 90%”, un porcentaje que desde el sector se admite con la boca pequeña que hay que reducir todavía bastante más.

La cuestión es que una certificación de este tipo no es una obligación legal, pero sí una garantía que puede exigir un país o un cliente, como es el caso de algunas cadenas de supermercados. Esto conlleva un coste y una burocracia adicional para el productor, además de controles periódicos y por sorpresa por parte del auditor, pero a fecha de hoy es la única manera de entrar en ciertos mercados. “Hay muchos productores que cumplen estándares muy exigentes”, se admite desde una certificadora que pide no revelar su nombre, aunque ahora el foco está puesto en una cuestión que hasta ahora se consideraba tangencial: la huella hídrica.

“Es difícil acreditar toda tu fresa”, reconoce Manuel Delgado, algo en lo que también coincide Felipe Fuentelsaz, de WWF, que admite que “auditar el uso del agua en Doñana es complicado” por la “complejidad” del caso de un entorno en el que “hay una mezcla enorme y tremenda”. ¿Y cómo se soluciona esto? “Con formación y conociendo las particularidades del terreno, esto no se puede hacer desde un sillón”, de ahí que WWF haya puesto en marcha un webinar con los supermercados europeos “para explicarles la importancia de certificar y de formar a su personal técnico”.

Todos en el mismo saco

Lo que es evidente es que la campaña de Campact ha puesto con las orejas de punta no sólo a los supermercados alemanes, sino también a los productores del entorno de Doñana y de toda Huelva, porque en estas iniciativas de trazo grueso se mete a todos en el mismo saco “y pagan justos por pecadores”, lamenta Manuel Delgado. “¿Qué culpa tiene un agricultor de Lepe, Cartaya o Gibraleón de lo que está pasando aquí?”, se pregunta de manera retórica, de ahí por lo pronto que la Junta de Andalucía haya anunciado una campaña para mejorar la imagen del sector en Alemania (el Ministerio de Agricultura por su parte también pondrá en marcha otra) en un intento de que la cosa no pase a mayores.

Y es que lo que está en juego no es precisamente una menudencia: Alemania es el destino de un tercio de las exportaciones de frutos rojos onubenses con una facturación por encima de los 400 millones de euros, todo ello en un sector que el año pasado vendió en el extranjero por valor de 1.390 millones. Esta agricultura (que supone el 98% del total nacional y el 30% de la Unión Europea) aporta un 11% del PIB de la provincia de Huelva, además de generar unos 100.000 puestos de trabajo directos y otros 60.000 indirectos.

En este contexto, las principales cadenas europeas (que ya el año pasado lanzaron un primer aviso en contra de la ley de PP y Vox) aseguran que van a apretar las clavijas para garantizar que las fresas que compran son sostenibles. “Los supermercados no entienden de política, sólo ven que esto les supone un riesgo reputacional importante”, apunta Fuentelsaz desde WWF, organización que ya le está transmitiendo a estas grandes empresas que la próxima temporada “vamos a apretar con este tema” con el objetivo de “dejar fuera del mercado a los ilegales”.

Los supermercados se explican

Esta interpelación continua a los supermercados, sobre todo alemanes, les ha llevado a salir a la palestra para explicar las pautas que siguen. Lidl, por ejemplo, ha explicado que aplica un código de conducta que establece estándares sociales y ecológicos para la colaboración con sus socios comerciales. Por eso, asegura que si dispone de hechos concretos que demuestren que ha habido algún tipo de vulneración de estas disposiciones “tomará las medidas apropiadas”, y es que además considera el uso responsable del agua como un ámbito de actuación prioritario.

Aldi, por su parte, señala que evalúa de forma periódica los posibles riesgos en materia medioambiental en la cadena de suministro, a la vez que resalta que la mayor parte de la fresa que oferta es de Huelva por la “exigente calidad del producto”. Además de exigir requisitos de certificación obligatorios (que cambian en función del país de origen del producto), la compañía trabaja con proveedores que “comparten” su forma de entender la calidad y la responsabilidad, y ha recalcado que se compromete a cumplir las normas sociales y la legislación actual en la cadena de suministro. Por ello, tiene entre sus proveedores a productores que, aunque estén ubicados en zonas catalogadas como de riesgo hídrico, demuestran hacer un uso “razonable y sostenible” del agua de regadío.

Ahondando en el camino de la certificación, WWF tiene publicada una Guía para verificar el uso legal del agua en agricultura, en la que incide en la dificultad de, en zonas como Doñana, certificar al cien por cien el origen del recurso incluso con las auditorías más reconocidas en el sector. “No existe una capacitación clara sobre cómo evaluar los criterios de uso legal del agua, por lo que, en ocasiones, se han podido emitir certificados erróneos, especialmente en zonas conflictivas como Doñana, las Tablas de Daimiel o el Mar Menor, que requieren una formación muy específica sobre su contexto”, abunda el documento.

“Por cumplir la ley no deberían darte un sello”

“Por eso es tan irresponsable la proposición de ley de PP y Vox, porque ha puesto el foco europeo en Doñana”, lamenta Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, para quien el Plan de la Fresa que se aprobó en 2014 (y que ahora se quiere modificar para esta legalización de regadíos) ya supuso un importante paso adelante gracias precisamente a la presión europea. Con esta iniciativa, critica, se le ha dicho a las claras a Europa que hay quien cultiva sin todas las garantías para un acuífero sobreexplotado y que ha provocado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España. Y todo ello, con el agravante además de que “el que hace las cosas de forma legal tiene más controles y su producto es más caro, y el ilegal no tiene restricciones con el agua y no le cuesta nada”.

Por ello, apunta Manuel Delgado, los regantes de Almonte están intentado poner en marcha junto con el Ayuntamiento una marca propia que reconozca la calidad y sostenibilidad de sus productos, para así incidir que en la zona hay muy pocas hectáreas fuera de ordenación. “Por cumplir la ley no deberían darte un sello”, apostilla por su parte Juanjo Carmona, responsable en Doñana de WWF.

Ahorrar agua no implica consumir menos

En lo que sí coinciden las partes es en que, tras la campaña de Campact en Alemania, no parece esconderse un intento de beneficiar a los productores de fresa alemana frente a los onubenses por la sencilla razón de que no son competencia directa. De hecho, la fruta producida en Alemania empieza a llegar ahora al mercado local, justo cuando acaba la campaña en Huelva, una cuestión directamente relacionada con las temperaturas y el hecho de que antaño el de la fresa era un cultivo de verano. La competencia real empieza a estar en Marruecos, Portugal e Italia, pero también otras comunidades autónomas se están animando con los frutos rojos. Ahora lo que sí es el momento de negociar volúmenes y precios para la próxima campaña, cuyos trabajos previos se iniciarán en agosto.

Otro argumento que hay que relativizar es el que se esgrime con frecuencia desde las administraciones en relación con la reducción de la huella hídrica de los cultivos, una cuestión clave para que sean más sostenibles pero que ni garantiza el origen del agua ni presupone que deje de consumirse. Al hablar de los freseros, la Consejería de Agricultura incide al hablar en que se están aplicando nuevas tecnologías y herramientas de Big Data, además de sistemas pioneros que permiten reducir más de un 40% del agua que tradicionalmente se viene empleando en la obtención de las fresas, pero esto lo que implica al final es que se puede cultivar más con menos recursos hídricos. Y es que nadie está dispuesto a renunciar al agua que le toca por mucho que la ahorre.