Agricultores, regantes y ecologistas piden en el Parlamento andaluz “un pacto de Estado” sobre los regadíos junto a Doñana

La comisión parlamentaria que evalúa la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno de Doñana empezó pasadas las diez de la mañana de este martes, con la intervención del primero de los 23 agentes sociales y económicos convocados para exponer su posición. A los diez minutos estalló la bronca, un rifirrafe entre el diputado socialista Mario Jiménez y la presidenta de la comisión, la popular Ana Chocano.

El foco mediático y la enorme repercusión que arrastra esta ley en el ámbito nacional e internacional generó una atmósfera de crispación política al principio, que luego sus señorías lograron enderezar: “El día va a ser largo, vamos a comportarnos como personas mayores, porque este tema, pacífico pacífico no es”, avisó la diputada de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, al resto de grupos. La comisión se retransmitía en directo y cada intervención era amplificada en las redes sociales por unos y otros partidos, en función de si reafirmaba una posición favorable o contraria a la ley.

Es la segunda vez en poco más de un año que el Parlamento andaluz acoge un debate tenso sobre la proposición de ley para recalificar hasta 748 hectáreas, de secano a regadío, aunque los permisos de riego quedarían pendientes de una autoridad superior: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano del Gobierno central que participó indirectamente en la comisión entregando un contundente informe contra la norma, tildándola de “ilegal y engaño”.

En el entorno de Doñana hay 9.400 hectáreas legales de cultivos de frutos rojos desde la regularización que se aprobó en el llamado Plan de la Fresa, en 2014. La ley que tramita el Parlamento andaluz ampliaría esa superficie de riego con 748 hectáreas más -aunque esta cifra no aparece oficialmente en el texto de la ley-, que necesitarían de tres a cinco hectómetros cúbicos más.

El planteamiento ha provocado las amenazas de la Comisión Europea de multar a España si sale aprobada la norma, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé recurrirla ante el Tribunal Constitucional, la Unesco avisa de que peligra el sello de Patrimonio de la Humanidad del Parque Nacional, la comunidad científica prevé un serio perjuicio para el entorno y los agricultores de fresa con permisos de riego temen el “daño reputacional” para su producto en los mercados internacionales. Esto último ya ha tenido un episodio en la campaña de boicot de una ONG alemana, alentando a no vender fresa de Huelva en los supermercados del país, como Lidl o Aldi, por su potencial perjuicio al medio ambiente.

Todos los comparecientes, tanto los que han defendido la ley como los que piden su retirada, coinciden en varios puntos: de entrada, que los partidos políticos dialoguen para resolver “un problema real”, y que el Gobierno central y la Junta “colaboren” para solucionar “un problema de agua, que es un problema de Estado”.

Y segundo, a grandes rasgos, que el acuífero de Doñana está sobreexplotado y que existen pozos ilegales que siguen esquilmando agua subterránea; la necesidad de infraestructuras hidráulicas pendientes de ejecutar por parte del Gobierno central -la presa de Alcolea, el túnel de Sal Silvestre, el trasvase desde la cuenca Tinto, Odiel y Piedras- para garantizar agua en superficie; que hubo “errores” en el llamado Plan de la Fresa de 2014 -que reguló qué parcelas podían regar y cuáles no en la corona norte de Doñana-; y que fruto de esos errores existen “injusticias” que afectan a agricultores y a familias concretas de la zona.

Esa foto fija que autorizó a unos a cultivar y regar y a otros les denegó o retiró el permiso arrastra “desajustes” desde el principio, que algunos agricultores afectados han resuelto unilateralmente extrayendo agua ilegal del Parque Nacional.

Hay más o menos consenso sobre cuál es el problema, pero existen enormes diferencias sobre cómo solucionarlo: las derechas proponen esta ley, las izquierdas piden enterrarla y abordar caso a caso en una mesa de trabajo. El mar de fondo es un pulso entre dos alegatos que las fuerzas políticas han hecho irreconciliable: la defensa del medioambiente contra la economía local. La preservación de Doñana y la grave crisis de sequía que amenaza la zona por un lado; y por otro lado, la explotación del fruto rojo, que representa el 98% de la exportación del país, un sector que representa el 11,35% del PIB en la provincia, genera 160.000 empleos directos e indirectos y exporta productos por valor de 1.392 millones de euros al año.

Las comparecencias han empezado a las diez de la mañana y van a culminar con la intervención de Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana. Los diez minutos de Delibes han generado más expectación que cualquier otra intervención, porque venía precedido del polémico veto de PP y Vox para evitar que participase de esta comisión (posteriormente rectificado por el PP).

Delibes no es sólo una de las voces más autorizadas y reconocidas en el ámbito de la protección ambiental -Moreno le concedió la Medalla de Andalucía por su compromiso con el medioambiente-, también preside el órgano colegiado donde están representados todos los actores implicados en la conservación del Parque Nacional (casi todos los comparecientes citados por el Parlamento). Un órgano que hubiera emitido un informe preceptivo -aunque no vinculante- si el Gobierno andaluz hubiera tramitado esta iniciativa como proyecto de ley, en lugar de promocionarlo a través de una propuesta de los grupos parlamentarios PP y Vox.

A favor y en contra

La primera intervención fue del director gerente de Cooperativa Agroalimentaria Andalucía, Jaime Martínez, que defendió la ley, pidió “no criminalizar a los agricultores” de la zona, exigió la ejecución de las infraestructuras hidrológicas dependientes del Gobierno central y cargó contra la “deficiente política hídrica de España”.

Su intervención desató el primer choque entre PP y PSOE. Martínez les pidió “sacar de la agenda electoral” este asunto, y el diputado socialista Mario Jiménez planteó que los grupos proponentes -PP y Vox- habían iniciado la tramitación de la ley en vísperas de dos elecciones, las andaluzas y las municipales. La presidenta de la comisión le cortó el micrófono, exigiéndole que se limitara a preguntar, no a hacer valoraciones.

Eduardo López, secretario de organización de COAG, pidió “suspender la tramitación de la ley y crear una mesa de diálogo para identificar la zona conflictiva, caso a caso, buscar recursos hídricos necesarios (con las infraestructuras pendientes) y cerrar pozos ilegales”. “Si se retira la propuesta, no pasaría nada. Primero hay que buscar el agua y luego acondicionar el territorio para que no sea una zona de secano. Pero de forma individual, como un puzzle. No legalizando todo un perímetro, creando expectativas para fondos de inversión”, argumentó.

López aportó unos datos poco conocidos sobre los propietarios de las explotaciones agrícolas legales en la comarca, que agrupan los usuarios de las masas de agua Almonte-Marismas: la superficie abarca 14.247 hectáreas, con 2.404 titulares con un volumen autorizado de agua de 57 hectómetros cúbicos. La mayoría son explotaciones familiares de menos de cinco hectáreas, pero “el 2,5% de los titulares de estas tierras posee el 63% de la superficie y el 80% del agua autorizada”. Los datos están extraídos de los censos de usuarios de las masas de aguas publicados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en un informe para recuperar el acuífero de Doñana, informa COAG.

Por parte del sindicato CCOO, Emilio Fernández defendió la retirada de la ley y la puesta en marcha de una mesa de seguimiento para “solventar problemas puntuales”. “Somos conscientes de que hay mucho pequeño agricultor que necesita una solución, se deben detectar errores y garantizar las infraestructuras hídricas pendientes de ejecutar”. Fernández dedicó una parte de su intervención a denunciar las condiciones laborales de los inmigrantes que trabajan la recogida de la fresa en Huelva, recientemente criticadas por un informe del Consejo de Europa. El diputado de Voz, Rafael Segovia, le contestó que “aquí no hemos venido a hablar de la situación de los trabajadores” y le reprochó que diera “a entender que aquello es la selva”.

Ana Warleta Gozález, jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio en Huelva y ex jefa de servicio de Medio Natural entre 2009 y 2022, hizo una lectura muy técnica de la ley y del Plan de la Fresa, señalando las “injusticias” de una cartografía que dejó fuera de la ley parcelas de agricultores con derechos de riego antes de aprobarse la nueva planificación de la zona.

“El plan contenía errores que venían de la cartografía, pero prevalecía la letra sobre la cartografía”, ha señalado, para explicar que algunos agricultores vieron tipificadas sus parcelas como suelo regable en la cartografía, pero luego el plan les dejó fuera y se percataron cuando ya había expirado el plazo de alegaciones y recursos. “Esta ley puede ser una solución en parte, pero quedan muchas injusticias por resolver. El plan surge con la prioridad de proteger las aguas subterráneas de Doñana y esa línea roja no la traspasa esta proposición de ley”, concluye González.

 Juan Saura, funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, reclamó una “política de Estado más amplia que el debate” sobre si se autorizan tres o cuatro hectómetros cúbicos más para riegos en la zona. “Aquí hay un problemón. El problema de Doñana es que los dos gobiernos deben trabajar al unísono, como hicieron con la crisis del vertido de Aznalcóllar”, ha subrayado.

Juan Manuel Ponce García, ingeniero agrónomo y ejecutivo jefe de CERES Agroforestal, defendió la tesis que más ha avalado Vox, a saber, que en Huelva “sí hay agua disponible y que se tira agua al mar por falta de infraestructuras”. “Podríamos haber recogido 150 hectómetros cúbicos si los embalses hubieran estado construidos, y eso en un año seco, además de los 40 hectómetros que se tuvieron que desembalsar”, dijo Ponce, que subrayo que “las 800 hectáreas de regadío” de la ley “no son el problema”. El ingeniero también destacó que “existen 40 hectómetros cúbicos de agua de depuradora en Huelva sin usar”.

Javier Gutiérrez Padilla, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, expuso sus discusiones con los técnicos que negaron los riegos a muchos agricultores “basándose en una fotografía de 2004”. “Las leyes cuando se aplican mal se cambian, como ha pasado con la ley del sólo sí es sí”, dijo. “Sé que esta ley no nos dará agua, sé que no podré regar hasta que el Gobierno nos autorice el agua en superficie, nadie nos está engañando”, añadió.

Juan José Carmona, coordinador para Doñana de la ONG ecologista WWF, fue más directo y rotundo: “Pedimos que retiren la ley, sólo empeorará los recursos hídricos del parque, cuyo estado es grave. Esta ley ha supuesto la ruptura de la paz social, su aprobación es un incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal Europeo, es un menoscabo de la imagen internacional de Huelva, sus frutos rojos y su turismo. La norma es inconstitucional, además, porque invade competencias estatales”.

El grupo ecologista ha sido muy duro contra la ley desde el principio, porque considera que la recalificación del suelo abre la puerta a la especulación posterior. “El precio medio de una hectárea de secano en la comarca onubense ronda los 10.000 euros, el de una hectárea de riego para fresas asciende a 80.000 euros”, ha explicado.

Carmona también ha desvelado que su ONG encargó a un equipo técnico un informe para determinar cuántas hectáreas serán recalificadas con esta ley, habida cuenta que la norma no lo especifica, pero sí habla de revisar los permisos entre 2004 y 2014. “Salen 1.900 hectáreas, no 800”, concluye. ¿Puede señalarme, de forma concreta y breve, qué puntos exactos de la ley representan un problema para Doñana?, le preguntó una diputada del PP. “El punto uno, el punto dos, el punto tres y el punto cuatro. El punto cinco no, porque no existe. Se lo podría desarrollar más, pero no me dan más tiempo”, sentenció Carmona.