La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Fiscalía de Córdoba están investigando la apertura de una pista forestal en la finca La Aljabara de Cárdenas, propiedad de la familia Koplowitz y situada en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, en la provincia cordobesa.
Ecologistas en Acción trasladó una denuncia –a la que ha tenido acceso este medio- tanto a la Junta como a la Fiscalía al tener conocimiento de la apertura de una pista forestal y la instalación de un cercón en la zona de máxima protección del Parque Natural. En su denuncia, con apoyo de pruebas documentales gráficas, se trasladaba también el derribo de decenas de quejigos (Quercus faginea) y el alzamiento de una cerca ganadera en la finca, de 2.000 hectáreas y utilizada como coto cinegético.
Medio Ambiente -según ha podido confirmar este medio- ha realizado varias visitas a la zona, por parte de agentes medioambientales que han certificado que la apertura de la pista forestal se ha realizado “sin autorización”. Actualmente, estudia la información recabada al respecto para ver si procede la apertura de expediente al respecto.
Por su parte, la Fiscalía de Córdoba acaba de abrir diligencias para investigar si la apertura de la pista forestal y demás acciones llevadas a cabo han conllevado indicios de delitos contra el medio ambiente, como ha avanzado Cordópolis. La finca y el coto están gestionados por la empresa Rústica La Aljabara S.L., a nombre de Alberto Cortina Koplowitz, hijo de los empresarios Alberto Cortina y de su exmujer Alicia Koplowitz.
“Valores naturales excepcionales”
La denuncia de Ecologistas en Acción indicaba cómo la pista forestal abierta transcurre en un primer tramo paralela al cercado perimetral y otro tramo asciende ladera arriba. “La apertura del camino forestal ha implicado el derribo de árboles y matorral mediterráneo, así como la creación de taludes y cortes en ladera”. Igualmente, sobre el cercón interior instalado, se señala que se ha hecho “incumpliendo la normativa específica al respecto”.
Los ecologistas ponen el foco en que “los hechos denunciados se han realizado en uno de los espacios de máximo nivel de protección del parque natural, que según el propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), reúne valores excepcionales, estando estrictamente prohibida la apertura y construcción de nuevas infraestructuras de tránsito o comunicación”.