Un año después del pacto de gobierno entre PSOE e IU, la coalición de izquierdas ve necesario pasar ya a la “ofensiva” calendario en mano. En la reunión que los dos socios mantendrán para hacer balance de su alianza, pondrá sobre la mesa la necesidad de fijar una “hoja de ruta” con compromisos concretos hasta mayo de 2014, en una estrategia para evitar lo que ha pasado hasta ahora: una cierta lentitud en la toma de decisiones, fruto de la necesaria aclimatación de las dos formaciones dentro de la Junta, y que sólo se ha visto corregida con los dos decretos estrella últimos, el de la función social de la vivienda y contra la exclusión social.
Como explicó el coordinador regional de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, lo que quieren es “planificar y poner tajo por delante”. En esa carpeta de los deberes, con un 1,4 millones de parados en la comunidad, estará como prioridad el empleo. Aunque Valderas abogó por que este problema no se aborde sólo desde una perspectiva regional, sino desde un “gran debate nacional”, el primer paso sería poner en marcha un tercer plan de choque contra el desempleo similar a los dos anteriores, y que estuvieron dotados con 200 millones. Ese plan presumiblemente encajaría en el Pacto por el Empleo, el eje principal de ese futuro Pacto por Andalucía que está aún pendiente de cerrarse, y del que precisamente la semana pasada se quejaban UGT y CCOO de su nulo resultado en el mes que lleva en activo desde su firma con la patronal andaluza y el Ejecutivo autonómico.
Ante las dificultades que hay de una remontada en las listas del paro, IU planteará a los socialistas que el decreto contra la exclusión social se prorrogue durante los tres años que restan de legislatura. Esta petición no deja de ser una renuncia encubierta a la renta básica. IU siempre la llevó en su programa electoral, pero en el acuerdo de gobierno que suscribió con el PSOE se quedó reducida a la creación de un grupo de trabajo que estudiara su viabilidad. Por tanto, no se vulnera ese pacto, pero lo que sí vendría a constatar IU es que no hay recursos para afrontar ese salario social vinculado al desempeño de un empleo en beneficio de la comunidad (como así tienen en Navarra y País Vasco), al menos, en esta legislatura.
Un paquete de leyes a la vista
El complemento a esta iniciativa es dar la “batalla” por el cumplimiento de la ley de Dependencia, tanto en la parte asistencial como laboral, ante la “sentencia de muerte” que “quiere” dictar el Gobierno central. En Andalucía se han recortado las aportaciones desde el Ministerio de Sanidad del 50% al 30%, es decir, que las prestaciones se están cubriendo en un 70% de la Administración autonómica, a lo que cabría añadir la repercusión de los 1.100 millones que se ha anunciado que de nuevo se van a rebajar (la comunidad es de las más afectadas, ya que el 27% de los dependientes reconocidos del país son andaluces)
Ya muy avanzado y casi listo para su tramitación parlamentaria está un paquete de leyes que incluiría la del banco de tierras, la ley fiscalidad de Andalucía (la lucha contra el fraude y la economía sumergida e incluirá el impuesto a las grandes superficies comerciales) y fiscalidad ecológica, o la protección de los consumidores de productos financieros. Y la que quizás esté más próxima en esa hoja de ruta es la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que tendrá como seña de identidad el que se regulen las consultas populares.
A pesar de querer imprimir ritmo al pacto, aún quedan para cubrir el 100% tres años por delante, algo que IU garantiza porque el Gobierno andaluz tiene “estabilidad” y un “compromiso en lo firmado”.
“Política de resistencia”
Respecto al balance de este primer año, se resume en un “orgullosos, pero no conformes”. En el lado positivo de este “durísimo año”, como admitió Valderas, está la lucha contra la “austeridad suicida” a través de una “política de resistencia” que se ha concretado en el mantenimiento de la sanidad, la educación y los servicios sociales alejados de cualquier tentación privatizadora o desmantelamiento. En definitiva, la Junta ha sabido mantenerse como un gobierno de “signo rojo”, frente al “azul” de otras, según Valderas, y marcar “el debate nacional” en materia de desahucios y exclusión social. Y en el negativo, unas cifras del paro que obligan a bajar la nota media a un “suficiente camino del notable”, porque desequilibran el “sobresaliente” de los dos decretos.
El portavoz del grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro, puso el acento en que la intervención de IU está sirviendo para demostrar “la utilidad de la política para cambiar las cosas” y para dejar al descubierto al PP. Un partido aquejado del “síndrome del argumentarlo erróneo”, porque mientras acusan a IU de “venderse por tres sillones (ostenta tres consejerías)”, acto seguido dice que “los comunistas son los que determinan la política en Andalucía”, y que tira de la “mentira” para sostener su discurso. Algo que, para Castro, está convirtiendo al PP-A al “más facha de la historia de Andalucía”, con un líder, Juan Ignacio Zoido, “incapaz” de “despegarse” de Sevilla para asumir su rol regional.