MALTRATO ANIMAL

Animalistas de Jaén denuncian un acto religioso con palomos vivos inmovilizados y disfrazados del Papa

El Partido Animalista Pacma ha exigido “la cancelación inmediata” de la procesión de pichones disfrazados y la ofrenda que cada 2 de febrero se hace de estas aves en Alcalá la Real (Jaén) con motivo de la festividad de la Candelaria.

La Junta de Andalucía ya sancionó en 2023 con una multa de 2.001 euros --la mínima establecida por la Ley de Protección Animal de Andalucía para infracciones consideradas como muy graves-- a la cofradía que utilizó palomos disfrazados, tras una denuncia animalista similar a la de ahora. La cofradía procedió al pago voluntario de la sanción por lo que la multa se quedó en 1.200 euros tras aplicar la rebaja legal del 40 por ciento.

Pacma ha interpuesto este jueves ante la Guardia Civil una denuncia contra el Ayuntamiento e Alcalá la Real y las cofradías Virgen de las Mercedes y el Dulce Nombre de Jesús y la Santa Caridad por la organización de la ofrenda de pichones vivos y disfrazados durante una procesión. La denuncia también ha sido presentada ante la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.

“Una práctica ilegal” ya sancionada

Esta ofrenda, que forma parte de la Procesión de Nuestra Señora la Virgen de las Mercedes Coronada y tradicional ofrenda de pichones y tarta, implica la exhibición de palomos vivos disfrazados e inmovilizados. Según Pacma, se trata de “una práctica ilegal” por la que ya ha habido sanción el año pasado.

Para Pacma, la práctica de mantener a las palomas inmovilizadas durante el evento “les genera estrés y sufrimiento, habiendo resultado en la muerte de algunos ejemplares en años anteriores”.

Por todo ello, exigen la cancelación de la “procesión y ofrenda de pichones” programada, así como el traslado de los animales a un espacio donde “puedan recibir el cuidado y la atención adecuados”.

Asimismo, en caso de que el evento se lleve a cabo, Pacma solicita la apertura de un expediente sancionador por el incumplimiento de la legislación vigente, con la imposición de las sanciones correspondientes que, “dada la reincidencia, podrían considerarse de carácter muy grave según la Ley 32/2007 y conllevar multas de entre 6.001 y 100.000 euros”.