Un juzgado de Jaén archiva la causa contra once empresas investigadas por los cursos de formación

El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa con respecto a once de las 25 empresas implicadas en la provincia en la investigación del presunto fraude en cursos de formación. Es otra de las resoluciones relacionados con esta materia, como ya ha informado este periódico.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge en sus razonamientos jurídicos que el Ministerio Fiscal solicita el archivo “en tanto no existen razones para continuar la causa” respecto de esas firmas “y todo ello por cuanto de lo actuado no se deduce que cometieran irregularidades relevantes desde el punto de vista penal” respecto al uso y destino de las subvenciones.

Sin perjuicio, según añade, de que la administración que las concedió --la Junta de Andalucía-- entienda que “pudieran darse aquellas que desde el punto de vista administrativo puedan dar lugar a la incoación de un expediente de reintegro o a cualquier sanción” de esa naturaleza.

En este sentido, señala que no puede elevarse a la categoría de delito “la existencia de irregularidades tales como la poca calidad del material suministrado a los alumnos de los cursos, su naturaleza o cuestiones como la ausencia puntual de un alumno en alguna de las clases impartidas u otras de semejante naturaleza”.

Por lo que respecta al resto de las 25 empresas investigadas, “y en tanto pudieran existir razones para continuar la tramitación de la causa” contra ellas “y sin perjuicio del resultado final de ésta”, el juzgado apunta que “procede el desglose oportuno respecto de cada una de ellas y el destino que se expondrá en resolución aparte”, de manera que para esas 14 firmas se mantiene la causa, como adelanta 'Ideal' en su edición de este jueves.

El archivo de las actuaciones sobre las referidas once empresas se produce tras el que ya se produjo el pasado mayo en cuanto a la exdirectora provincial del SAE y exdelegada de Empleo Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado “irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones”.

En ese auto, la juez relataba que las actuaciones comenzaron el 20 de junio de 2014 a raíz de un informe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal que exponía “la existencia de posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo en la Provincia de Málaga que se extiende, a juicio de los investigadores, a todas las provincias andaluzas con vulneración sistemática” del decreto de ordenación de formación profesional para el empleo.

El magistrado recordaba que la Policía señalaba en ese informe haber observado conductas que podrían constituir “delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental y probables delitos de malversación y/o prevaricación”.

Agregaba desconocer “los criterios de selección” por los que la Policía seleccionó a las empresas investigadas, ya que se investigaron 25 de las 195 compañías que obtuvieron ayudas en virtud de la orden del 1 de marzo de 2011. Además, aunque el fraude se cifraba inicialmente en 2.726.913,75 euros, la Fiscalía solicitó el pasado 28 de abril el archivo respecto de seis de las empresas, alcanzando “el total de lo que policialmente se entendía defraudado” a 598.237 euros.