El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha criticado duramente este lunes que la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no vaya a comparecer por la tarde en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el presunto fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy, lo que entiende que “deslegitima” a los populares para pedir explicaciones en este órgano y “más todavía” para criticar, “como han hecho”, a los comparecientes que han estado pero se han negado a responder a los diputados para no perjudicar su defensa porque están siendo investigados por los juzgados.
Dicha comparecencia fue requerida a petición del PSOE-A para demostrar que el sistema seguido por la Junta de Andalucía para estas subvenciones no difiere del empleado por el Gobierno de España, propuesta a la que se sumaron también sus socios de investidura de C's, de manera que la comisión de investigación la incluyó en su listado de 69 comparecencias porque lo reclamaba más de un grupo parlamentario, que fue el parámetro que usaron para definir las citaciones. Por tanto, fue un listado que también votó a favor el PP-A.
“No dábamos crédito cuando recibimos la noticia (...) con nocturnidad y alevosía”, ha comentado en referencia a que se basa en un informe del Consejo de Estado -no vinculante- relativo a la falta de competencias de los parlamentos autonómicos para exigir esta citación y que no se hizo público hasta la tarde del domingo -24 horas antes de que tuviera que comparecer- y, de hecho, no ha sido hasta la mañana de este lunes cuando se ha confirmado desde el ministerio que efectivamente no vendrá porque en ese primer comunicado no se aclaraba tal extremo. Todo ello, pese a que dicho informe cita casos de otros ministros en comisiones de investigación de hace años y podía haberse esgrimido hace meses, cuando se propuso llamar a Fátima Báñez.
El número 2 del PSOE-A ha recordado que los exministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana comparecieron en la comisión de investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), la penúltima desarrollada en el Parlamento de Andalucía. Si bien entonces ya no eran ministros, sí fueron “para rendir cuentas de su trabajo en sus ministerios”, por lo que Juan Cornejo no entiende por qué Fátima Báñez “no da la cara” en una responsabilidad que, “ante todo, tiene como política”.
El Consejo de Estado, sin embargo, se remite a casos para los que fueron citados miembros del Gobierno de España y eludieron este llamamiento. Entre otros, la citación de ministros en la comisión de investigación del Prestige, constituida por el Parlamento de Galicia; la solicitud de comparecencia del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el Gobierno de Valencia; los requerimientos dirigidos a determinadas autoridades y personal del Banco de España y del FROB en esta misma institución; o la solicitud de comparecencia del Gobierno de España y del exgobernador del Banco de España por parte del Parlamento de Extremadura.
Tras “constatar que los españoles estamos en manos de un gobierno insumiso que no tiene el más mínimo respeto por las leyes”, ha aseverado que “la ministra no viene porque no le da la gana”. En su opinión, esto “plasma una voluntad de no decir la verdad y es una muestra de cinismo e hipocresía que supera todos los límites”. Para proseguir: “Se pone en evidencia un desprecio absoluto hacia los andaluces y el Parlamento de Andalucía, y a los propios partidos, incluido el suyo”.
“Estamos nítidamente frente a un comportamiento antidemocrático, una vez más del PP. Lo que tampoco nos tiene que sorprender mucho porque ha sido una constante esta legislatura (...). Están pisoteando el Estatuto de Autonomía”, ha continuado refiriéndose tanto a la ministra como al presidente del PP, Mariano Rajoy, y su líder en Andalucía, Juan Manuel Moreno. La ha acusado de usar una “excusa reglamentaria para no dar explicaciones”, lo que, a su juicio, “cualquier dirigente con un mínimo de decencia política daría la cara”.
Igual que hiciera la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha remitido al artículo 502 del Código Penal, que califica estos comportamientos de “desobediencia”, por lo que espera que los letrados del Parlamento de Andalucía tomen cartas en el asunto y esto “tenga consecuencias” jurídicas, porque las políticas cree que “ya las ha tenido”.
Los socialistas entienden que detrás de la negativa de Fátima Báñez está el “temor” del PP de que se haga referencia a otras comunidades autónomas en las que hay investigaciones en los tribunales por el supuesto uso fraudulento de este tipo de subvenciones, si bien en estos casos -a diferencia de Andalucía- el foco se ha puesto en los empresarios y no en las administraciones. Y también por el reciente informe del Tribunal de Cuentas que detecta irregularidades en las subvenciones gestionadas por el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).