Jueces y fiscales andaluces también cuelgan la toga por un día
Cuando se cumplen justamente cuatro años de la primera huelga de jueces de la historia de España, convocada principalmente por la insuficiencia de medios materiales y personales en las oficinas judiciales, los encargados de impartir Justicia vuelven a colgar testimonialmente la toga. Pero, en esta ocasión, incluyen en su protesta cuestiones de mayor alcance político: piden la derogación de la nueva ley de tasas judiciales y muestran su oposición frontal al anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otras reivindicaciones. “Si le preguntas a cualquier juez, te dirá que la huelga está más que justificada; y el que no, dirá que para qué”, argumenta un magistrado a eldiario.es.
En Andalucía hay alrededor de 900 jueces (sin incluir jueces sustitutos ni de refuerzo ni las comisiones de servicio). La sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con más de 300 jueces asociados, se ha desmarcado de las directrices de su matriz, que se ha desmarcado a última hora. A nivel nacional, las conservadoras APM y Asociación de Fiscales, mayoritarias en sus respectivos sectores, no se han querido sumar a la reivindicación derivada de la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las asociaciones de jueces y fiscales, en protesta por las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en especial la denominada ley de tasas judiciales.
Los convocantes son la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que argumentan que han “agotado todas las vías posibles” de negociación antes de llamar a la huelga. A su juicio, las reformas judiciales del Gobierno tienen como “motivo oculto” la intención de “dominar el CGPJ, suprimir de facto la independencia judicial” e imponerles un “trabajo inasumible” que permita crear “espacios de impunidad” de los que se beneficiarán los implicados en casos de corrupción. El ministro ha insistido estos días en el diálogo y la reflexión.
Con independencia de lo decidido por la comisión permanente del 14 de febrero, la secretaria del comité ejecutivo nacional de la APM y miembro de la directiva de la sección territorial andaluza, María Teresa Sáez, explica que la ‘pata’ andaluza se ha adherido a la huelga porque “estamos en contra de las medidas que está tomando el Gobierno” y “somos muy libres para ejercer un derecho individual”. “La decisión de ir a la huelga la hemos tomado”, concluye la magistrada de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga. El “hartazgo” que muestra Sáez a eldiario.es viene motivado principalmente por la reforma del CGPJ, que es “un ataque directo a la independencia judicial”. La “sensibilidad andaluza” también se ve salpicada porque considera que en la comunidad autónoma hay “menos medios y más trabajo”. “Los jueces estamos con la ciudadanía y queremos defenderla de los abusos del poder político y económico”, dijo hace unas fechas a eldiario.es.
Una huelga “testimonial”
Con la convocatoria de huelga se pretende “llamar la atención de la opinión pública” sobre la situación de la Justicia y “alertar de la evolución negativa que, con las reformas legislativas que se vienen aprobando, nos llevan a una mayor precarización y a una politización del CGPJ”, apunta el vocal de la gestora territorial en Andalucía del Foro Judicial Independiente, Alejandro Vega, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). De cualquier forma, “sabemos que la huelga es más testimonial que otra cosa”. A este Foro están asociados unos 70 jueces y magistrados.
Por su parte, el magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla Juan Romeo, representante en Andalucía Occidental de Jueces para la Democracia, que integra aproximadamente unos 50 jueces, considera que las reivindicaciones aluden a cuestiones político-juridicas “que inciden en nuestro trabajo diario”. En su opinión, los profesionales de la Justicia están “superados por las cargas de trabajo”, por lo que no quieren ofrecer “un servicio público deficiente, lo cual no quiere decir que actualmente, por desgracia, estemos dando un servicio eficiente”.
Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ve “lógica” la convocatoria de huelga y considera que “lo triste es que la situación lleve a jueces y fiscales a protestar de esta manera”, recordando que estos profesionales de la Justicia “están en su derecho”. Respecto al hecho de que la APM se haya desmarcado del paro a nivel nacional, De Llera ha expuesto recientemente que este colectivo “es el que siempre ha estado más cerca del Ministerio y que más ha titubeado; si al final ha decidido no secundarlo, puede ser una decisión de sus asociados o de la cúpula”. Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no hay posición oficial ni de su presidente, Lorenzo del Río, acerca de la protesta.
Cabe recordar que el 18 de febrero de 2009, con el socialista Mariano Fernández-Bermejo como ministro de Justicia, las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente convocaron la primera huelga de jueces de España. Los motivos principales fueron los de siempre en la Administración de Justicia (deficiencias estructurales del sistema, falta de medios elementales, ausencia de un sistema informático que interconecte los tribunales y una oficina judicial eficaz). Entonces, el TSJA cifró el seguimiento de la huelga en Andalucía en una media del 29,7%, con mayor incidencia en las provincias de Córdoba (53,7%) y Málaga (50,6%) y casi insignificante en Jaén (4,3%). Los convocantes, por su parte, situaron el índice de participación en niveles del 74% en Almería, el 72% en Málaga y en 60% en Córdoba.
