La Junta de Andalucía demora extender la nulidad de unas oposiciones plagadas de errores a todos los que se presentaron

Hace tres años más de un millar de aspirantes a ser docente de Dibujo en los institutos andaluces se enfrentaron a un examen de oposición que resultó ser el puro caos. Aquello no había por dónde cogerlo: errores de planteamiento, redacción indescifrable, coordenadas erróneas… Hasta el papel estaba arrugado. Tras años preparándose para esto, hubo candidatos que sufrieron ataques de ansiedad, y cada tribunal resolvió la papeleta como mejor pudo: alguno dio más tiempo, otros no, algunos cancelaron ejercicios, otros no.

Aunque la Junta de Andalucía negó que los errores fuesen para tanto y que hubiese brecha del principio de igualdad, el Tribunal Superior de Andalucía terminó por anular las oposiciones en abril de este año. Los magistrados ordenaron recomenzar desde el momento previo al examen y que se convoque a los opositores nuevamente a la primera de las pruebas, salvando a los que se hicieron con plaza en aquel examen maldito.

Ahora, la Consejería de Educación está empezando a cumplir las siete sentencias (una por cada opositor que recurrió), pero a su manera. Quiere convocar a quienes ganaron en los tribunales, y les está enviando resoluciones para informarles de que va a nombrar un tribunal para que los evalúe nuevamente. Por el contrario, la consejería no aclara qué sucederá con los que no recurrieron, y todo indica que no serán llamados.

“Esta resolución no tiene sentido. Lo que tienen que hacer es publicar en BOJA los criterios que no publicaron en 2021 y a partir de ahí hacer convocatoria extraordinaria poniendo fechas. Y todo debe ser público, en BOJA y en la web de la Consejería”, señala Gregorio Morán, el abogado que representa a los siete candidatos con sentencia, todas ellas firmes desde hace meses.

“Efectos para todas las personas afectadas”

Las notificaciones parecen ir en la línea de lo que ya avanzó la Consejería cuando fue consultada por este medio: convocará únicamente a quienes tienen una sentencia a su favor. Esta solución sería contradictoria con el fallo del tribunal, que en cada una de sus sentencias (dictadas para cada opositor individual) dispone expresamente que se convoque a la realización de dicha prueba “a los opositores”, es decir, a todos.

Otro dato confirma que lo que el máximo tribunal andaluz ordenó es llamar nuevamente a todos los que sufrieron aquel examen, con independencia de si tienen sentencia: hace unas semanas varios aspirantes que no recurrieron solicitaron al Tribunal que les tuviera por personados para beneficiarse de una extensión de sentencia.

Sin embargo, el TSJA les cerró la puerta diciéndoles que no era necesario, porque la sentencia (y, por tanto, la nulidad y la nueva convocatoria) les afecta en cualquier caso. “La sentencia dictada en este proceso produce efectos para todas las personas afectadas”, dado que anula una disposición general, según una providencia a la que este medio ha tenido acceso.

Para el abogado Gregorio Morán no hay duda. “El perjuicio fue para todos los opositores, la nulidad afecta a todos y no solo a los recurrentes. Tiene que convocar de nuevo cumpliendo las bases”.

Una convocatoria restringida

Para la consejería, que aún tendría que definir el número de plazas que ofrece en esta repetición, perfilar esta convocatoria sui generis es un trastorno. Pero para los potenciales candidatos es una oportunidad, porque solo podrían presentarse quienes ya lo hicieron en 2021. Además, de todos aquellos (hubo 1.295 candidatos para 119 plazas) no se presentarían quienes lograron plaza en la convocatoria posterior. Es el caso, por ejemplo, de cuatro de las siete con sentencias a favor, que ya son funcionarias.

Aunque inicialmente había cien personas en el grupo que se organizó para recurrir, solo siete llegaron a hacerlo. Una de ellas es Mónica Gallego. Aunque le beneficiaría una nueva convocatoria restringida a solo tres candidatas, cree que no sería justo y pone el acento en el caos que se vivió aquel día, en el que hubo candidatos que sufrieron crisis nerviosas. “Todos fueron afectados. No me parece bien dejar a nadie atrás”. Un recurso contencioso-administrativo cuesta tiempo y dinero. Además, exige movilizarse mentalmente tras llegar exhausto al fin del proceso, y coincidiendo con el inicio del curso, en el que muchos son llamados como interinos.

Celia Ruiz, presidenta de la Asociación 09, explica el desconcierto en los grupos de Whatsapp y Telegram, en los que muchos interinos que se presentaron a aquel examen aguardan noticias. “Hemos escrito a la consejería, pero no responden”. Su teoría es que el año pasado no hubo convocatoria porque la consejería ya barruntaba que los tribunales la condenarían a repetir la de 2021, y necesitaba guardar plazas.

“Fue un cachondeo surrealista”

Tres años después, aquel examen aún escuece a quienes lo sufrieron. Por aquel entonces, varios candidatos y preparadores lo calificaron a este medio como “galimatías”, “concatenación de disparates” o “despropósito”.  “Fue un cachondeo surrealista: en la hoja de erratas había erratas y hasta los cuadernillos se habían imprimido mal. Que vayas a un examen de dibujo y te pongan un papel arrugado para dibujar…”, comenta hoy una candidata de entonces, ya con plaza: “Un examen puede ser difícil, pero no puede tener errores”.

La quiebra con el principio de igualdad se produjo al hacer frente a aquellos errores, porque cada tribunal improvisó una solución. Algunos daban más tiempo, otros suprimían ejercicios una vez comenzada la prueba. La anterior candidata recuerda que eligió una pregunta sin erratas aparente. “¡Pero tuve mala suerte! A los 50 minutos avisaron de que el dibujo no era así y dijeron que nos darían media hora más. Quienes empezaron por otro ejercicio son los que aprobaron”.

Con todo, no fueron estos errores los que tumbaron la oposición, sino la falta de transparencia de los criterios de corrección. Los candidatos ni siquiera sabían cuánto valía cada ejercicio. Los criterios de valoración y de penalización eran desconocidos. Las plantillas de corrección eran diferentes en cada tribunal. Y fue esta falta de transparencia la que impidió actuar con ecuanimidad y un criterio uniforme ante los fallos, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública, según concluyó el TSJA.

“La administración actúa mal hasta que alguien le para los pies”

La falta de transparencia es un problema endémico en las oposiciones docentes de Andalucía. En 2018, 2019, 2020 y 2022 el Defensor del Pueblo reprendió a la administración y le pidió que respetara “el derecho de los opositores” a la revisión de exámenes, sugiriéndole que pusiera más medios si era necesario. En el caso de los opositores de Dibujo, todos recuerdan el lamentable precedente de la prueba de 2018, que tuvo que repetirse. A las siguientes, en 2021, la cosa fue aún peor, pero la administración se enrocó.

La respuesta en 2021 encrespó aún más a quienes sufrieron la prueba. La consejería rebajó la categoría de los fallos (“erratas, no errores”) e hizo todo lo posible por mantener las oposiciones, coincidiendo con otros casos de rebelión. Por entonces, un profesor de Geografía había difundido una denuncia pública contra el sistema de oposiciones y la falta de transparencia. “Pido perdón”, se titulaba aquella denuncia, escrita en primera persona. La respuesta de la consejería fue iniciar un proceso contra él acusándole de revelar supuestos secretos y sancionarle con una suspensión de empleo y sueldo durante doce días.

En 2023 mejoró la transparencia de la prueba y permitió al fin obtener una copia del examen, pero negó que estas mejoras tuvieran algo que ver con las quejas de candidatos y profesores, a las que este medio había dado eco. “Al menos ya podías llevarte una copia del examen. Yo llevo presentándome desde 2006 y eso era algo inaudito”, resume la opositora con plaza. “Si no hay transparencia, no te enteras. Había tanta arbitrariedad que se daba por supuesto. Mucha gente decía que no se puede ir contra la Junta, pero sí se puede. La administración actúa mal hasta que alguien le para los pies”.

Durante este tiempo el responsable de los exámenes fue Pablo Quesada, Director General de Recursos Humanos, quien había recibido del profesor expedientado y castigado un informe que documentaba las deficiencias del sistema. Quesada, que entró en la consejería como asesor del fallecido Javier Imbroda, fue ascendido a viceconsejero el pasado agosto.