La Junta de Andalucía incluye a los hombres como posibles víctimas de violencia de género en sus ayudas a empresas
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes tres modificaciones del decreto regulador de la calificación y el registro de las empresas de inserción de Andalucía, vigente desde 2010, y entre los cambios, uno para considerar a hombres, y no sólo a las mujeres, entre las víctimas de violencia de género. “De acuerdo con el Convenio del Consejo de Europa, se amplía el concepto de víctimas incorporando a todas aquellas personas que convivan en el contexto violento”, reza la modificación.
Los cambios en el decreto, presentados por el portavoz del Gobierno de Andalucía, Juan Carlos Blanco, pretenden “reducir trámites”, “dar una mayor participación a los servicios sociales” de los consistorios en la calificación y “clarificar la consideración de las víctimas de violencia de género como beneficiarias”.
Se trata de un decreto por el que se regulan las llamadas empresas de inserción, que son las que favorecen la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, independientemente de que tengan su propio negocio, y entre ellas, las víctimas de violencia de género son prioritarias en la contratación.
Otro de los cambios se refiere a la supresión del requisito de aportar una auditoría anual, que hasta ahora se exigía a estas empresas para su inscripción en el registro y el desarrollo de sus actividades. La medida adapta la normativa a los recientes cambios introducidos por el Gobierno de España en la materia.
En tercer lugar, se permite a los servicios sociales de las administraciones locales la competencia de acreditación de la situación de exclusión social de los beneficiarios, cuando hasta el momento es exclusiva de la Junta de Andalucía.
Cabe recordar que la inscripción en el registro es una condición necesaria para que estas empresas puedan participar en las políticas de la Junta de Andalucía de acción contra la exclusión sociolaboral y acceder a incentivos y medidas de apoyo.
De este modo, pueden ser beneficiarias de subvenciones para su constitución, formación y contratación; bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social; financiación para el mantenimiento de los puestos de trabajo; e incentivos a la inversión para la realización de su objeto social.
