El Gobierno andaluz ha aprobado una modificación del decreto de estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea que habilita a este departamento a recurrir judicialmente las iniciativas que vienen adoptando los ayuntamientos sobre la ubicación física de las casas de apuestas y su alejamiento de centros escolares. El Decreto 122/2021, de 16 de marzo, que rubrican el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, modifica el decreto 116/220 sobre la estructura de este departamento, se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y su entrada en vigor se produce a partir de este sábado.
En el único caso conocido que ha llegado a los tribunales, fue el gabinete jurídico de la Junta el que interpuso recurso contra el Ayuntamiento de Cádiz, junto a la patronal del juego. Solo tres días antes de ese recurso ante el TSJA, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, firmó una Orden para autorizar al mismo a interponer recurso judicial contra el acuerdo del Pleno. Con la modificación publicada ahora, Hacienda lo podrá hacer directamente. El Gobierno andaluz prevé, por tanto, una serie de recursos contra iniciativas de esa índole, que también vienen desarrollando ayuntamientos del PP.
La norma reguladora de las competencias de la Consejería de Hacienda, consultado por Europa Press, supone incluir la previsión jurídica de “instar la impugnación jurisdiccional de actos o acuerdos de las entidades locales que infrinjan normativa en materia de Juegos y Apuestas, sin perjuicio de los que la legislación haya atribuido a otros órganos de la Administración”.
El consejero de Hacienda ha señalado en comparecencias parlamentarias que la Junta ejercitaba sus competencias exclusivas en sus recursos sobre las iniciativas de los municipios, recogidas en el Estatuto de Autonomía y en su desarrollo por la Ley 2/1986 del Juego y Apuestas de Andalucía. Bravo anunció el 17 de febrero durante una comparecencia parlamentaria que la Junta trabaja en un Decreto para modificar el Reglamento de establecimientos de juego para recoger, entre otras cuestiones, que las nuevas aperturas deberán mantener una distancia mínima de 150 metros de los accesos a colegios e institutos a partir de su entrada en vigor, prevista en este primer trimestre, como ya informó este medio.
Limitaciones en Sevilla
Ese proyecto de Decreto desarrollaría a su vez el Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/1986 del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que, además de regular las distancias con centros educativos, se actualizan las sanciones aprobadas por Ley, se limita la publicidad y se garantiza mediante control de acceso que ni menores ni personas con problemas de adicción al juego puedan acceder a los establecimientos.
En este sentido la última iniciativa municipal en relación con las casas de apuestas se ha registrado en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, donde este jueves se aprobó de manera inicial, con el apoyo de PSOE y Adelante Sevilla y la abstención de PP, Cs y Vox, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para fijar un área de protección urbanística de 150 metros alrededor de los centros educativos de la capital en el que no se puede implantar ninguna actividad de casas de apuestas o salones de juego.
El Pleno también aprobó una moción del PSOE, con el apoyo de Adelante, en la que se reclama a la Junta de Andalucía que “cumpla el compromiso de regulación del marco normativo de salones de juego y casas de apuestas, ordene la publicidad y endurezca sanciones por entrada de menores prometidos hace un año”.
Izquierda Unida y Podemos Andalucía fueron los primeros partidos en señalar y recriminar la iniciativa de la Consejería de Hacienda de paralizar las modificaciones de los planes de ordenación de diferentes municipios, entre los que mencionaba a Cádiz y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para alejar estos establecimientos de los centros escolares.