Tras casi un año de trabajo en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para revisar todos los expedientes de subvenciones para formación, el consejero Luciano Alonso presenta este jueves en comisión parlamentaria un balance de los resultados de una tarea que la Junta de Andalucía ha reconocido que no estará terminada hasta finales de 2015. El estudio se circunscribe a los “expedientes vivos”, es decir a los que están en plazo de justificación todavía, y por tanto van desde 2007 hasta la actualidad.
De los 8.505 en esta situación, es decir pendientes de justificar, la mitad se han estudiado ya por el equipo de 64 trabajadores contratados específicamente para este plan de choque, en concreto 4.365. De éstos, 2.504 están todavía en fase de estudio o de requerimiento de más información a los beneficiarios de las subvenciones que pueden presentar alegaciones; 1.280 se han cerrado con la conclusión de que han sido justificados correctamente; y sobre 581 pesa ya la resolución definitiva de petición de reintegro. O sea, uno de cada tres expedientes. En total, suponen la reclamación de 17,4 millones de euros a los beneficiarios por subvenciones que no han sido justificadas correctamente -ya sea de manera parcial o total- para lo que ahora deberán ser fiscalizados por la intervención general y posteriormente será la Agencia Tributaria de Andalucía la que se ocupe de recuperar ese dinero.
Luciano Alonso ha recordado que su compromiso es “sólo dar da cuenta de las resoluciones definitivas”, por lo que este viernes pondrá a disposición de los grupos parlamentarios el listado “pormenorizado” de las entidades afectadas por estas 581 reclamaciones. Ha insistido, en todo caso, que este montante de 17,4 millones de euros “sólo supone el 0,7% del presupuesto destinado estos años a formación”, sin concretar si se refería a las partidas para subvenciones o a la globalidad. Por ello, ha pedido que no se haga “una causa general” ni se “dañe más” la imagen de la formación en Andalucía. Es más, ha puesto como ejemplo que en materia de infraestructuras deportivas hay 146 expedientes de inicio de reintegro a los consistorios, que suman 34,7 millones de euros y afectan a 71 entes locales. “Son procedimientos reglados y compartidos por todas las administraciones”, ha recalcado.
El consejero ha reiterado que se están viendo “uno a uno” los expedientes, en un sistema “garantista y trasparente que hasta ahora sólo se ha atrevido a poner en marcha la Junta de Andalucía”, dado que en otras comunidades autónomas se hace por “muestreo”.
Más control en los de Ángel Ojeda
Por otra parte, dado el revuelo que ha supuesto que entre esos expedientes pendientes de justificación haya subvenciones concedidas al exconsejero Ángel Ojeda, detenido en el marco de la operación Óscar por presunto fraude, Luciano Alonso se ha detenido especialmente en este caso. Ha concretado que en este volumen de expedientes hay 114 de subvenciones otorgadas a Ángel Ojeda. De hecho, 60 de estos originales ya han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que lo investiga, según ha subrayado.
El consejero ha anunciado que en los procedimientos relativos a Ángel Ojeda va a hacerse un seguimiento más exhaustivo de los expedientes en tramitación y van a ser “especialmente minuciosos”. De hecho, ha garantizado: “Si se percibe algún indicio de posible delito contra la hacienda pública, vamos a ponerlo en comunicación inmediata de la justicia”.
Se publicarán más exoneraciones
Luciano Alonso ha aprovechado para defender los criterios que entrarán en vigor con la nueva Ley de Formación Profesional, cuyo anteproyecto acaba de ser aprobado y que entre otras cosas establece el principio de no exoneración: es decir, no se otorgarán nuevas subvenciones a los que tengan pendiente la justificación de anteriores. Una práctica que, siendo legal, se fijaba como excepcional, pero la Junta de Andalucía terminó haciéndolo como norma.
De hecho, hace unas semanas se publicaba la resolución de exoneraciones firmada en 2012 correspondiente a más de 3.000 subvenciones. En este contexto, el consejero ha anunciado que este viernes “tendrá toda la ciudadanía la posibilidad de consultar todas las exoneraciones desde 2009 hasta la actualidad” en la web de la Junta de Andalucía, en respuesta a los que le habían reprochado que sólo se diera a conocer la resolución de 2012 para estas exoneraciones, que no implican que se perdone del deber de justificar las ayudas pero sí se les da la posibilidad de volver a optar en previsión de que lo harán. Un total de 2.552 entidades han sido exoneradas desde 2009, según ha adelantado el consejero: 192 ese año, 382 en 2010, 801 en 2011 y 1.177 en 2012 (que son las únicas publicadas hasta ahora).
Precisamente la próxima convocatoria de subvenciones para formación, prevista para el último trimestre de este año después de que las últimas fueran otorgadas en 2011, contemplará ya el principio de no exoneración y será por concurrencia competitiva (como está recogido en el anteproyecto citado). La cuantía será de 80 millones de euros en la próxima convocatoria para 1.084 acciones formativas que llegarán a unos 60.000 alumnos.
Por otro lado, ha anunciado que su departamento está elaborando un plan de seguimiento “en la misma línea que el plan de inspección de educación”, para garantizar el control y la verificación de la calidad en materia de formación (también incluido en el anteproyecto de la futura ley) y no sólo en lo que se refiere a la gestión de los fondos públicos que se destinan a ello. En la misma línea, el consejero, que comparece a petición propia y de los grupos, ha reconocido “el interés mediático” que ha despertado su intervención, pero ha insistido en su empeño en demostrar a la ciudadanía que “se está trabajando sin descanso para mejorar los procedimientos” y para que “no se haga una causa general” y “paguen justos por pecadores”.
IU critica que se haya tardado tanto
Desde IU, Ignacio García, ha adelantado que su formación pedirá una comparecencia de este tipo “cada mes, o como mucho cada dos”, porque es “la única forma de construir un relato distinto” a lo que aparece en prensa que, en todo caso, ha admitido que “tiene muchos visos de ser realidad”. También le ha reprochado IU que se hayan acumulado estos más de 8.000 expedientes sin revisar desde 2007, un tiempo que le parece “excesivo”. Luciano Alonso lo ha vinculado con el traspaso de las competencias en la materia por tres consejerías los últimos años hasta acabar en la suya o la “no disponibilidad presupuestaria por las exigencias del cumplimiento del déficit impuestas por Mariano Rajoy”.
IU se ha preguntado, por otra parte, “qué habrá pasado en los años anteriores a 2007”, o sea desde 2001 que existen estas ayudas y que no se van a revisar porque las irregularidades habrían prescrito. Ha dudado también de la eliminación de las “exceptuaciones” que se ha impuesto porque: “¿Va a tener capacidad la administración para verificar todo?”. Teme que los cumplidores no puedan volver a concurrir porque todavía esté pendiente de que la Junta de Andalucía verifique la documentación que le hayan aportado.
El PP-A alerta de que el refuerzo ha acabado
El PP-A ha criticado que sean 64 interinos los que hagan esta tarea cuando deberían ser “funcionarios de carrera” que son “los únicos que tienen la imparcialidad” necesaria, en palabras de Teresa Ruiz-Sillero. Pero en todo caso ha mostrado su preocupación porque los contratos “terminaron el pasado 30 de junio porque la ley sólo permite seis meses”, por tanto se ha preguntado quién revisa ahora esos expedientes. Igualmente, ha apuntado que su contrato supone más de 650.000 euros mensuales en nóminas “que pagan los andaluces”, cuando en su opinión “bien podría hacerlo de su bolsillo” el propio consejero o la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. El consejero ha manifestado que los contratos serían renovados.
También ha arremetido Teresa Ruiz-Sillero contra la publicación de listado de exoneraciones “metiendo en el mismo paquete a empresas pirata con las que han justificado correctamente todas las subvenciones”, en referencia a que la Junta de Andalucía no ha discriminado en la relación facilitada a la opinión pública. Por ello, ha pedido que no haga lo mismo con los listados que ha prometido para este viernes, entre otras cosas, porque “hay empresas que no han pedido ninguna exoneración y han justificado en tiempo y forma”, a lo que el consejero le ha replicado que el PP-A había pedido que se publicara “todo” así que le ha conminado a que “se aclare”.
Igualmente, la diputada del PP-A ha dudado de que se vayan a revisar los expedientes de Ángel Ojeda cuando no queda claro que la Junta de Andalucía “tenga copia” de los que se han llevado los juzgados. Incautación que precisamente ocurrió cuando los populares, que los habían reclamado, estaban revisándolos, lo que a Teresa Ruiz-Sillero no le ha parecido casual.
Una conclusión muy tensa
Tras más de dos horas y media de reunión, se ha ido elevando el tono de las intervenciones, llegando Luciano Alonso a hablar de la “debilidad intelectual” de la portavoz del PP-A y viéndose obligado a leer un comunicado de una empresa de un familiar suyo que la prensa había apuntado como una de las grandes beneficiarias de estos fondos públicos. “Es absolutamente deleznable que todo valga (…) y que se haya llegado a rebuscar en la sangre de las personas para hacer daño en su honor, en el de su familia, a su partido y a una institución”, lo que le produce “casi tanta repugnancia como la corrupción”.