72 trabajadoras de cinco escuelas infantiles de Torrox (Málaga), Chipiona y La Línea de la Concepción (Cádiz), Almería y Sevilla están viviendo la llegada del verano con la angustia de quien siente que su puesto de trabajo está en el alambre. Estas trabajadoras, alguna de ellas con 25 años trabajados en la misma escuela, podrían quedar en la calle si la Junta de Andalucía no las subroga cuando recupere la gestión de los centros, el próximo 1 de septiembre. El 31 de julio vence la concesión y de momento, la Consejería de Educación no ha tomado una decisión respecto a las trabajadoras.
Adelina Álvarez, directora de la escuela infantil El Faro de Torrox, tiene 25 años de antigüedad y explica que ni la empresa ni la Consejería les ha comunicado oficialmente qué planes tienen para ellas. “No sabemos a estas alturas qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Sólo queremos conservarlo con el mismo convenio que tenemos”, lamenta Álvarez.
Como ella, las 73 trabajadoras, todas mujeres, de las escuelas infantiles Mediterráneo de Almería, Rocío Jurado de Chipiona, Atunara de La Línea de la Concepción, El Faro de Torrox y Andaluna de Sevilla, son hasta el 31 de julio empleadas de las dos empresas que tienen concedida la gestión de estos centros: AOSSA y Asistel. Todas estas escuelas fueron externalizadas hace años, y las empresas que han asumido su gestión en este tiempo han ido subrogando a las empleadas, hasta hoy. En el encabezamiento de las nuevas matrículas ya consta que la escuela es de titularidad de la Junta de Andalucía.
Para el nuevo curso, la Consejería de Educación ha decidido recuperar la gestión, y duda de si subrogar o no a las trabajadoras. El pasado 25 de junio la Comisión de Convenio del Personal laboral acordó una nueva Relación de Puestos de Trabajo para las escuelas reintegradas en la Consejería. De 73 trabajadoras se pasará a 102. Sin embargo, no quedó claro qué pasará con las 73 que actualmente trabajaban en esas escuelas.
Las posturas de los sindicatos
La Consejería de Educación, que no ha respondido a las preguntas que este medio le formuló el lunes por la mañana, ha consultado a los sindicatos mientras valora las diferentes opciones.
Comisiones Obreras defiende que se subroguen como personal laboral indefinido no fijo. Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, cree que la jurisprudencia avala esta decisión. En concreto, alude a una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de marzo de este año, que interpreta que la recuperación de un servicio externalizado y su reversión a lo público permite la subrogación de los trabajadores prevista en el Estatuto de los Trabajadores.
Además, Molina cita el precedente de los monitores escolares. Después de que se dictaran varias sentencias de condena a la Junta de Andalucía, la administración autonómica tuvo que readmitir a los 840 monitores que había despedido al recuperar el servicio en noviembre de 2013. En enero de 2019 el Tribunal Supremo confirmó que el despido había sido improcedente. “Judicializaríamos el tema e igual que nos dieron la razón entonces, nos la darán ahora”, advierte el sindicalista.
UGT mantiene una postura más ambigua. “Vaya por delante que yo estoy en contra de que esos trabajadores vayan a la calle, pero hay quienes llevan en la bolsa seis o siete años. O que tienen su casa en Sevilla y su trabajo en Estepona, y están esperando una plaza para concurso de traslado”, explica Esperanza Morales, secretaria de Administración Autonómica y Sector Público del sindicato.
En la reunión del día 25, UGT solicitó que los 102 puestos se cubran “con los procedimientos establecidos”, pero no se abordó qué pasará con las trabajadoras de las empresas que hasta ahora han gestionado el centro, según Morales. “Allí no se habló de esas 73 personas, porque no pertenecen a ese foro”, añade la sindicalista de UGT. “Lo único que sé es que se han creado 102 plazas y se ha pedido que se cumpla por los sistemas que hay”.
Por su parte, Enrique Álvarez de Toledo, presidente del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Andalucía, señala que su sindicato se negó “rotundamente” a que las 73 trabajadoras ocuparan parte de las 102 plazas de la nueva relación de puestos de trabajo. “Hay mucha gente en las bolsas temporales de esa categoría, y entendemos que tienen preferencia a personas que tienen una relación laboral con una empresa privada”, argumenta.
No obstante, admite que “también les ampara un cierto reconocimiento de su servicio”, y que “lo más seguro” es que vean reconocido su derecho en los tribunales. “La situación está en el aire. O los subrogan para evitar el conflicto, o tiran con los puestos nuevos y habría que estar al tanto de las posibles sentencias”.
“Está en manos de la administración”
“Yo espero que la administración entienda que lo puede hacer, porque está dentro de la ley. No sólo es legal, sino que tiene la obligación de hacerlo”, señala Molina. “Es gente que lleva muchos años trabajando ahí, con una experiencia y un proyecto de futuro. No puede ser que unos trabajen echando a otros que tienen derecho a trabajar”. Para Morales, la cuestión debe resolverla la administración autonómica: “Si cree que debe subrogar a esas 73 trabajadoras, que las subrogue. Ese no es mi problema. Está en manos de la administración, no de los sindicatos”.
Una petición en Change.org acumula cerca de 2.000 firmas que exigen a la Junta de Andalucía que “cumpla con sus obligaciones como empresa y contrate a la totalidad de sus plantillas, en beneficio de las niñas y niños escolarizados en ellas”.