La Junta convoca la comisión mixta sobre el Algarrobico en pleno choque con el Gobierno por la expropiación

La Junta de Andalucía ha convocado para el día 4 de marzo la comisión mixta con el Gobierno central para la recuperación de la playa del Algarrobico, donde se ubica el polémico hotel ilegal, en el municipio almeriense de Carboneras.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que se trata de una reunión bilateral entre el Gobierno central y la Junta y que el objetivo es “buscar una solución rápida, real y efectiva a la demolición” del hotel ubicado en la playa del Algarrobico.

La convocatoria se produce una semana después de que el Gobierno aprobara la declaración de utilidad públia de los suelos del hotel situados en zona de dominio público-marítimo terrestre. Este paso, anunciado por sorpresa un día antes frente a El Algarrobico por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha causado un hondo malestar en el Gobierno andaluz, que sigue defendiendo la vía de la reclasificación del suelo como no urbanizable y la revisión de la licencia como el camino idóneo para lograr la demolición del hotel.

Un nuevo campo de batalla entre el Gobierno central y el autonómico

Esa vía es la que se sigue en los tribunales, que sin embargo no han sido capaces de conseguir que el Ayuntamiento de Carboneras corrija su propio PGOU y revise la licencia en los ocho transcurridos desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia obligando a ello, seis desde que las sentencias son firmes.

Desde la semana pasada se vienen sucediendo las declaraciones cruzadas entre la consejera Carolina España y la ministra Montero. España acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de deslealtad, por abrir una nueva vía sin consultarlo previamente en la comisión mixta, y Montero acusó a la Junta de “confrontar” y le invitó a sumarse a la nueva estrategia. Algo indispensable, pues aproximadamente el 40% de la obra se sitúa fuera de la zona de dominio público y, por tanto, tendría que ser expropiada por la administración autonómica.

Por su parte, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ha abogado por negociar con la promotora valorando la apertura de un “hotel o una residencia”, y ha advertido de que la vía de la Junta puede llevar otros cinco años. Desde hace años, el Ayuntamiento ha arrastrado los pies para cumplir las sentencias judiciales que abren la vía a la demolición.

A todo esto se suma que la Junta tiene desde 2016 una sentencia firme que le reconoce el derecho a adquirir la propiedad del suelo por retracto, previo pago de 2,3 millones de euros a Azata del Sol. Llegó a anunciar el depósito de esa cantidad, pero finalmente no lo ha ejecutado. Hoy, Carolina España ha asegurado que se renunció a esa vía porque implicaba la necesidad de contar con Azata. “Se necesitaba el consentimiento de Azata. No lo teníamos y ya se había empezado la edificación, y no había coincidencia entre la finca”, ha explicado, de modo que el gabinete jurídico descartó acudir a la jurisdicción civil para ejecutar el retracto ante el riesgo de enquistamiento y de tener que pagar las costas. 

La mera posibilidad de un retracto añade confusión a un asunto ya de por sí muy enmarañado desde que en 2006 un juez ordenara la paralización de la obra, y comenzara un periplo de resoluciones judiciales que, aunque han determinado la ilegalidad de construir ahí, nunca han logrado mover una piedra.

Ejecutar la sentencia que ordena la revisión de la licencia

“Desde el Gobierno andaluz optamos siempre por la vía del diálogo; preferimos el diálogo antes que el conflicto”, ha dicho España, que ha anunciado que la Junta se ha puesto además en contacto con el Ayuntamiento de Carboneras para ofrecerle “colaboración en todo lo que sea necesario para que puedan llevar a cabo esa ejecución de sentencia en cuanto a la revisión de oficio de la licencia” del hotel.

Ha insistido en que la Junta de Andalucía considera que a este conflicto “hay que darle salida” y lo “mejor es hacerlo de la mano conjunta de las tres administraciones implicadas, de la forma más práctica y más rápida”. Pero mientras tendía la mano, la consejera ha apuntado también al PSOE, al que acusa de generar un problema por haber ocupado el poder en las tres administraciones implicadas cuando surgió el problema: el Ayuntamiento que concedió la licencia, la Junta de Andalucía que apoyó el proyecto (vendiendo incluso, a través de una sociedad participada, una parte del terreno) y el Gobierno central, que llegó a conceder una subvención pública a la construcción.

España ha recordado que este es un “conflicto que heredamos de los anteriores gobiernos socialistas y que arrastramos ya desde hace más de 20 años”. “Por lo tanto, diálogo, realismo y pragmatismo, porque nosotros lo que queremos es buscar soluciones y no que se enquisten los problemas en los tribunales”, ha dicho.