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El Defensor del Pueblo se estrena pidiendo información sobre los riesgos sísmicos del gasoducto de Doñana
El consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado este viernes que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para Doñana, confirma que “hay que parar” esta actuación.
En su opinión, esto confirma a su vez que “hay que analizar los riesgos sísmicos” que, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trasladó al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Éste a su vez trasladó esta inquietud al Defensor del Pueblo, porque los riesgos, en palabras del consejero, “no están claros”.
De este modo, comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán: “Confirma lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece”.
Se trata de la primera acción que se conoce después de haber asumido este mismo jueves Francisco Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando José Fiscal al respecto que “se estrenara de la mejor manera con Andalucía”.
Según informa la institución del Defensor del Pueblo, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.
El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, podría alterar el resultado. Según los informes recibidos por la institución, las declaraciones no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero.
