La consejera de Salud sugiere que los contratos a dedo investigados por el juez evitaron más muertos en Andalucía

El Parlamento andaluz ha sido este miércoles escenario de un asedio político de los grupos de la oposición en bloque contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno, investigado por un juez y la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo a clínicas privadas entre 2020 y 2024.

El debate venía precedido de un jarrón de agua fría para el PSOE, promotor de la denuncia en los tribunales que ha motivado la apertura de diligencias y, posteriormente, la imputación de la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. El magistrado que instruye el caso y dio los primeros pasos, Javier Santamaría, ha dejado su plaza a otro juez, que tendrá que empezar la instrucción de cero, retrasando la investigación al menos hasta después de Navidad.

Lo que investiga el juez, lo que denuncian los socialistas, es, en parte, lo que han plasmado los interventores del SAS en sus informes definitivos desfavorables sobre los contratos de emergencia en los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Los auditores censuran a la Junta por el “abuso” de la contratación a dedo amparándose en el marco legal habilitado por el Gobierno central en pandemia cuando ya estaba “plenamente derogado”. Sostienen que a mediados de 2021 -y mucho más en 2023-, la pandemia “ya estaba muy atemperada”, y no sirve de justificación a la Junta para volver a la contratación ordinaria, en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva.

El relevo del juez que instruye el caso ha dado cierto respiro al Ejecutivo de Moreno. El presidente andaluz ni siquiera se ha personado en el salón de Plenos mientras los portavoces de la oposición dirigían preguntas flechadas -más bien ataques afilados- a Rocío Hernández, consejera de Salud desde hace apenas cuatro meses. Tampoco ha estado presente el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, a la sazón, portavoz en el Senado.

El PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía querían que diera cuentas en el Parlamento la consejera de Hacienda, Carolina España, porque el órgano de fiscalización interna de la Junta está adscrito a su departamento y porque estos informes desfavorables le llegaron a ella, además de a la titular de Salud. Pero es el Gobierno andaluz el que tiene la potestad de decidir quién de sus miembros responde a las preguntas que le dirige la oposición, y ha designado a la nueva titular de Salud.

En parte, porque Hernández es médica de profesión -“Yo estuve en primera línea”, ha repetido dos veces-; tiene un marcado perfil técnico y su oratoria está lejos de la pulsión política de la que hace gala la consejera de Hacienda para encararse con sus rivales. Moreno ha elegido un perfil bajo para un debate que el PSOE buscaba tensionar al máximo, todavía más desde que el relevo del juez que instruye la causa ha dado un parón a las noticias que salen de los tribunales.

La intervención inicial de la consejera de Salud, de 20 minutos, ha sido una defensa cerrada del sistema de contratación de emergencia, sin mención alguna a la causa judicial, a las denuncias reiteradas de la Intervención del SAS o a la imputación de los tres últimos gerentes.

Hernández ha defendido que la Ley de Contratos Públicos habilitaba a la Junta para seguir adjudicando a dedo incluso después de que el Gobierno central derogase el Real Decreto que reforzaba la contratación de emergencia (mayo de 2021), incluso después de que la Consejería de Hacienda pidiese al SAS por escrito que dejara de hacerlo, y limitara su uso para casos “residuales” (junio de 2021).

Las fechas a las que se aferra la Junta son el 4 de julio de 2023, cuando el Gobierno de España declara el fin de las restricciones sanitarias; y el 17 de mayo de 2023, cuando el SAS “abandona la contratación de emergencia”. “Un mes y medio antes”, ha subrayado la consejera, sin mencionar que la dirección del SAS ya menciona esa fecha en sus alegaciones al último informe de la Intervención “desfavorable” sobre los contratos, y los propios auditores lo rechazan: “En los controles correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, se ha constatado que se ha continuado con la tramitación de contratos por el procedimiento de emergencia”.

Pero el núcleo de la defensa del Gobierno andaluz no son las fechas ni las cifras ni las relecturas de la ley. Es un discurso emocional, que apela a la empatía de la ciudadanía que sufrió la pandemia -15.866 andaluces muertos a 30 de junio de 2023- y a la complicidad de los sanitarios que la combatieron “en primera línea” sin los recursos necesarios para vencerla (47.940 profesionales con incapacidad temporal en ese periodo). “El procedimiento de emergencia era una obligacón y un ejercicio de responsabilidad. Por encima de los protocoles están las vidas”, ha afirmado Hernández.

Sobre las advertencias reiteradas de la Intervención por la “vulneración reiterada de la legalidad” en la contratación de emergencia, la consejera de Salud sólo ha admitido “desperfectos o imperfecciones administrativas, pero siempre ajustándose a la ley”.

Hernández ha explicado que los contratos de emergencia del SAS representaron un 26,5% del total en 2020, el primer año de la pandemia, y ese porcentaje bajó al 11,17% en 2021; al 3,41% en 2022 y al 0,9% en 2023 “sólo para procedimientos oncológicos”. La consejera ha cerrado su discurso con varias preguntas retóricas: “¿Cuántos andaluces habrían muerto sin esos contratos de emergencia? ¿Cómo serían hoy las listas de espera de pacientes para operarse? Esos contratos eran absolutamente imprescindibles”, zanjó.

“¿11 meses para ejecutar una emergencia?”

La oposición le ha tomado la palabra justo a partir de ahí, porque muchos de sus argumentos ya estaban rebatidos por la Intervención en las alegaciones presentadas por el SAS. En el muestreo de los auditores a esos contratos aparecen ejemplos de contratos que no son estrictamente sanitarios ni estrictamente de emergencia, porque no cumplen los plazos de ejecución que establece la ley.

Así se lo ha recordado la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto: “Usted ha dejado una pregunta en el aire: ¿qué habría pasado...? Consejera, ¿y qué clase de emergencia es un contrato que tardó 11 meses en ejecutarse, como les ha reprochado la Intervención del SAS?”.

Nieto ha acusado al Gobierno andaluz de “esconderse detrás de una tragedia” para justificar unos contratos a dedo hasta 2023. “Lo que ustedes han hecho es corrupción política, a la espera de lo que decidan los tribunales, y con esa desvergüenza no asumen ninguna responsabilidad.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha recordado el discurso de la Junta ya en 2021 “para que la economía volviera a la normalidad”. “Ustedes abrieron los bares cuando, según dicen, aún estábamos en crisis sanitaria. La economía no se para, aquí sólo se paran los procedimientos normales de contratación. Ustedes esquivan la ley para llegar a su objetivo”.

A Rocío Hernánde le ha tocado lidiar con la sombra de sospecha que se cierne sobre la gestión de sus predecesores, la exconsejera Catalina García, destituida en julio para recalar en el departamento de Medio Ambiente; y Jesús Aguirre, primer consejero de Salud en la Administración de Moreno, y actual presidente del Parlamento.

Pero su herencia no es sólo algo del pasado, porque la actual gerente del SAS -que fue nombrada seis meses antes que la nueva consejera- está imputada y deberá personarse en los juzgados para declarar por los contratos sanitarios.

El juez investiga la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas entre 2020 y 2024, a través de contratos de emergencia que carecían de anclaje legal desde mayo de 2021, y sin embargo, el SAS siguió prorrogando dos años y medio más, y cuadruplicando el presupuesto inicial.

La imputación de la actual gerente, que asume el cargo en diciembre de 2023, está relacionada con nueve adendas al expediente de emergencia de 2021 (prorrogado tres veces) que investiga el juez, que García firmó entre enero y julio de 2024, y que recogen ampliaciones de gasto para procedimientos oncológicos contratados a dedo con clínicas privadas.

La consejera ha pedido “respeto” para los tres gestores del SAS imputados, destacando una defensa firme de García: “Pido aquí respeto para los tres gerentes, por la gestión que hicieron de la pandemia, y principalmente por la actual gerente, que es una exceletne gestora, además de buena persona”. “Ella sabe que cuenta con mi absoluta confianza”, ha sentenciado.

El PSOE ha señalado en su querella a los tres últimos gerentes del SAS -los únicos que aparecen en la denuncia con nombres y apellidos- y denuncia que no pudieron mantener en el tiempo este “sistema paralelo” de contratación a dedo “sin el conocimiento y la aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno andaluz”. Precisamente a ese ángulo muerto del Palacio de San Telmo apuntaban los socialistas cuando solicitaron la comparecencia de la consejera de Hacienda en el Parlamento.

Los informes de la Intervención que cuestionan la legalidad de los contratos de emergencia salen de los auditores asignados al SAS, razón que ha esgrimido la Junta para responder a la oposición a través de la titular de Salud en vez de la de Hacienda. Aun así, los socialistas han hecho pivotar su intervención en la Cámara contra el departamento de Carolina España, esgrimiento el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que retira la fiscalización previa por el control financiero permanente (a posteriori) específicamente para los contratos a dedo del SAS con clínicas privadas.

Ese acuerdo está en la base de todos los informes posteriores de la Intervención que cuestionan los contratos de emergencia y acusan a la Junta de haber vulnerado la Ley de Contratos Públicos. El PSOE acusa a la cúpula del Gobierno de Moreno de trazar un plan para repartir el dinero a dedo entre clínicas privadas, en el que juega un papel clave ese acuerdo de retirar el control previo de este tipo de gastos.

Y de mantenerlo así incluso después de recibir las primeras auditorías advirtiendo de que esos contratos no estaban sujetos a la normativa en vigor. El juez y la Fiscalía Anticorrupción han reclamado el expediente de este acuerdo a la Junta, entre otra documentación.

El “aval” de los informes jurídicos del SAS

El diputado socialista Rafael Márquez ha hablado de “un desvío masivo e irregular de cientos de millones” de la sanidad pública a la privada “sin cobertura legal”, ha insistido en que “no se respetó la legalidad vigente”, y remató atribuyendo este “modus operandi” a “altas instancias del Consejo de Gobierno”, en alusión al citado acuerdo para cambiar el sistema de fiscalización interna a estos contratos.

Sobre esto, ya en el cierre del debate, la consejera ha defendido que el sistema de control de la Intervención es ahora más exigente que antes. “El antiguo sistema era más laxo, nosotros lo hemos reforzado. El control financiero permanente [a posteriori] nos permite saber en qué se han gastado exactamente el dinero del contrato”, ha asegurado Hernández.

El PSOE también ha puesto el acento en los dos informes del Gabinete Jurídico del SAS que avalaron las prórrogas de los contratos de emergencia en 2021 y 2022. Según Márquez, “no es verdad que contaran con el aval de los letrados”, porque esos informes condicionan sus conclusiones a que se cumpla el plazo legal máximo de nueve meses de duración para los contratos, y la Junta los prorrogó durante dos años y medio. “Lo que hoy presentan como un aval se les volverá en contra” en los juzgados, ha sentenciado.

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora también ha echado mano de citas de los 19 informes de la Intervención del SAS que cuestionan la contratación de emergencia. “¿Si todo fue correcto, ¿por qué hay tres gerentes del SAS imputados? Esto huele a corrupción”. Vox también había solicitado la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para explicar las adjudicaciones a dedo del SAS que investiga la Justicia. La parlamentaria Cristina Jiménez ha afeado a la consejera que “use el dolor de la pandemia” para justificar una contratación a dedo que la ley no les permite.

El contrapunto a los ataques de la oposición lo ha puesto la diputada del PP Beatriz Jurado, que ha usado su turno para contraatacar duramente al PSOE con una ristra de nombres propios que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez: “Ustedes han querido hacer una bomba entre sanidad y corrupción para que no se hable de la corrupción de Sánchez, de Koldo, de Ábalos, de Aldama, de Delcy Rodríguez, de Begoña... No cabe un corrupto más en su Gobierno ni en su partido. Está en su ADN”, ha dicho, envuelta en aplausos de la bancada del PP.

Jurado también ha rescatado los casos de corrupción que atizaron al PSOE andaluz, desde el fraude de los ERE hasta la investigación sobre la agencia Faffe, aún en los tribunales. “Los contratos de emergencia del SAS no eran para crar una red clientelar para mantener al partido de siempre en el gobierno ni para pagar prostíbulos, copas y fiestas ni para contratar a la mujer de Espadas, eran para comprar de forma ágil y rápida respiradores, EPIs, intervenciones quirúrgicas y camas en hospitales...”.

Con la mención de la mujer del líder del PSOE-A, el diputado Gaspar Llanes ha levantado la voz para llamar “sinvergüenza” a Jurado, lo que le ha supuesto una llamada de atención del presidente de la Cámara. El debate ha tenido dos tonos, el hipotenso que le ha aportado el discurso de la consejera de Salud, y el eléctrico que usaron los grupos de la oposición. No ha habido datos ni argumentos nuevos a los que ya se conocen en los informes de la Intervención, en los expedientes de gasto y en la documentación que ya obra en manos del juez y de la Fiscalía Anticorrupción.