El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la Estrategia Regional para la Cohesión e Inclusión Social, una iniciativa que mejorará las condiciones de vida de un millón de personas residentes en las 99 zonas desfavorecidas en las que intervendrá, correspondientes a 65 municipios de la comunidad.
El plan, de carácter transversal y cofinanciado al 80 por ciento por el Fondo Social Europeo, cuenta con un presupuesto superior a 169,5 millones de euros hasta 2020, aunque sus medidas podrán ejecutarse hasta el año 2022.
En el presente ejercicio se destinan 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas. La primera de ellas, con casi 28 millones, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, de algo más de 9,3 millones, se destina a entidades privadas sin ánimo de lucro.
Las 99 zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Del total, 18 corresponden a la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8).
En su mayor parte, estas zonas son entornos urbanos donde se registran situaciones graves de exclusión social o con factores de riesgo de que se produzca. La intervención en ellas se desarrollará a través de planes locales cuatrienales, promovidos por los ayuntamientos en los 43 municipios de más de 20.000 habitantes que se incluyen en la estrategia y por las diputaciones provinciales en los 22 de población inferior a esta cifra.
Los planes abarcan las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, especialmente las vinculadas a facilitar el acceso a los sistemas de protección social y la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión.
Entre sus medidas concretas, destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; reforzar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.