Un juzgado pide 3,3 millones de fianza al exlíder de Vox en Andalucía por fraude en ayudas públicas
Francisco Serrano, quien fuera cara visible de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018, y sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, deben prestar en el plazo de un día una fianza de más de 3,3 millones de euros como responsables civiles directos en la causa que se sigue en su contra por una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria solicitada por la empresa Bio Wood Niebla S.L, creada en marzo de 2016.
En un auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, también se requiere al representante Legal de dicha mercantil “como responsable civil subsidiaria”, para que abone la misma cantidad, en todos los casos “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele” y con el apercibimiento de que, también en todos los casos, de no prestarla “se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma”.
La Audiencia de Sevilla desestimó recientemente el recurso de apelación interpuesto por Serrano. El mismo juzgado dictó hace un año el auto de procedimiento abreviado al haber dado por concluida la instrucción de esta causa contra Serrano y a sus dos antiguos socios por “indicios racionales” para los tres de delitos de fraude de subvenciones y de estafa. “Se evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados”, dijo aquel auto. El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la UDEF del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.
El juez declara a la Audiencia de Sevilla como órgano competente para el juicio, con lo que dicha instancia habrá de resolver aún cuál de sus cuatro secciones penales se hace cargo de organizar y celebrar la vista.
La Fiscalía ya presentó su escrito de acusación en el juzgado y donde se reclaman hasta ocho años de prisión para Serrano, así como multas considerables. El presunto delito de estafa atribuido a Serrano y a los otros dos acusados lleva consigo una solicitud de seis años de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de ellos. Adicionalmente, se señalan dos supuestos delitos de fraude de subvenciones como calificación subsidiaria, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, con penas de ocho años de cárcel, multas de casi 15 millones de euros y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas durante 12 años, también para cada uno de los acusados.
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