Mapa judicial de los fondos de formación: archivos, responsabilidades y otras consideraciones

Las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación en Andalucía, además de ser motivo para una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, están actualmente diversificadas en una docena de juzgados. El auto conocido este miércoles, que archiva de manera global la investigación en la provincia de Jaén al no detectar “irregularidad alguna” de la Administración, tiene precedentes en forma de archivo en otras causas relativas al asunto pero con características diferentes.

Las investigaciones que arrancaron en Málaga, y que derivaron desde julio de 2014 en cinco grandes operaciones policiales, más de 300 detenidos y decenas de empresas bajo sospecha, alertaron de una “vulneración sistemática” del Decreto 335/2009, de ordenación de la formación profesional para el empleo en Andalucía. La Policía avisaba de posibles delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental y probables delitos de malversación y/o prevaricación.

Aunque no con la contundencia con que lo hace la resolución de Jaén, que no ha encontrado “irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones”, también han sido archivados recientemente cuatro causas en Almería y otra en Sevilla, mientras juzgados de diferentes provincias de toda las provincias siguen investigando. Por otro lado, juzgados de Algeciras, Córdoba y Granada se inhibieron en su momento en favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga una 'macrocausa' relativa al presunto fraude y en la que están siendo investigados los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, este último reconvertido a empresario tras ser alto cargo andaluz a finales de los 80.

Este juzgado de Sevilla, dirigido por María Núñez Bolaños, ha declarado complejas y archivado provisionalmente cinco de las nueve piezas en que acordó dividir la causa el pasado mes de diciembre. La magistrada, que sustituyó a Alaya en esta investigación, ha archivado estas piezas no porque no haya apreciado delito sino para que no corran los plazos de investigación previstos, ya que están pendientes de la recepción de distintos informes y documentación de varias instituciones que, al menos hasta esas decisiones, no se habían recibido. Declararlas de especial complejidad permite que, en lugar de los seis meses que precisa la Ley de Enjuiciamiento Criminal como plazo máximo para investigar una causa, la jueza disponga de un máximo de 18 meses para poder concluir la investigación.

Es el mismo caso que el del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de la estructura andaluza de UGT mediante facturas falsas y que declaró el pasado enero la instrucción compleja de la causa, gracias a lo cual se prorroga 18 meses el plazo inicial de seis meses que pesaba sobre la instrucción. Aquí se investiga, según la Fiscalía, “la financiación irregular del sindicato UGT-Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación”.

Responsable subisidiaria

Otro caso particular es el de Huelva. El Juzgado de Instrucción 5, que investiga a un centenar de personas y tiene un millar de testigos por los cursos de formación impartidos en 2011, ha considerado recientemente que la actuación de la Junta en la gestión y supervisión de los fondos para cursos puede encuadrarse como una “auténtica responsabilidad penal”, aunque no puede declarar tal cualidad porque el Código Penal exime a las administraciones públicas, según ha publicado recientemente El Mundo cuando informó de que el juzgado desestimaba el recurso de la Junta contra su decisión de declarar a la Administración responsable civil subsidiaria en la causa.

Hace apenas un par de meses, la jueza de Instrucción número 5 de Sevilla archivó tres años después la investigación sobre una subvención a la Asociación de Enfermos Mentales de San Juan Grande, de Carmona. Al igual que en el auto de Jaén, no apreció malversación porque ni observó ánimo de lucro en los funcionarios y políticos que las aprobaron ni en terceras personas, señalando que ninguno de los investigados se había beneficiado del dinero que fue a parar a esa entidad.

La jueza concretaba que no podía considerarse delito el hecho de que se apruebe una subvención o incluso se desembolse sin que se haya completado el trámite de justificación o de reintegro de otras ayudas concedidas al mismo beneficiario, todo ello “sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o política que pueda exigirse a los funcionarios o autoridades a las que corresponde extremar la diligencia en la vigilancia del dinero y los bienes públicos”, según afirmó la jueza, ya que para que hubiera malversación sería necesario el ánimo de lucro propio del funcionario, de una autoridad o de un tercero.

Cuatro sobreseimientos en Almería

En Almería se dio la circunstancia que un juzgado acordó dividir la causa en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada. Recientemente, en mayo, trascendió que el Juzgado de Instrucción 4 de Almería decretaba el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra la empresa Centro de Estudios Andarax SL y su administrador, ya que se impartió el curso debidamente y los alumnos recibieron la formación. Este archivo se sumó al ya decretado, también en Almería pero en el Juzgado de Instrucción número 6, con respecto a la mercantil Sicma Andalucía SL, que consideró que las irregularidades detectadas se enmarcarían en el ámbito administrativo pero no en el penal, y al archivo decidido por el Juzgado de Instrucción 1 de Almería contra la empresa Aplinfo Almería SL.

También resolvió decretar el sobreseimiento provisional el Juzgado de Instrucción 3 de la capital en la investigación seguida contra la mercantil Infocentro SL después de que Ministerio Público concluyese de lo actuado que los cursos de formación para los que recibió 141.122 euros entre los años 2009 y 2013 se realizaron, los profesores se contrataron y los alumnos recibieron la docencia, por lo que no habría delito.

Otros casos, como alguno de los citados, se han archivado porque la cuantía de la subvención era de menor a 120.000 euros que exige el tipo penal. En relación a ello, la Fiscalía de Málaga acaba de solicitar el sobreseimiento provisional de 18 piezas ya que que las irregularidades detectadas tendrían consecuencias administrativas. La pieza de los responsables políticos y funcionarios, que instruye el Juzgado de Instrucción número de 8, sigue en fase de investigación. De hecho el próximo 5 de julio está citado como investigado el exdelegado de Empleo de la Junta Juan Carlos Lomeña. Además, se siguen instruyendo otras ocho piezas en las que se detectaron indicios de irregularidad o falsedad, sobre estas el fiscal ha pedido que se declaren de complejidad, al no poder ser completadas en el plazo estipulado.

Una exalcaldesa exculpada

En septiembre de 2015, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz archivó la causa contra la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez por los cursos de Mercajerez, aunque el caso continúa abierto contra el gerente, investigado junto a otra persona en el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta vinculados a Mercajerez, S.A., una sociedad participada por el Ayuntamiento de la que Sánchez fue presidenta entre 2005 y 2011 por su condición de alcaldesa.

Relacionado con esta materia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está dictando sentencias que condenan a la Junta a pagar cientos de miles de euros al citado exconsejero Ángel Ojeda por subvenciones concedidas a empresas de su entorno para acciones formativas que la Administración no ha abonado en su totalidad pese a que los gastos fueron justificados correctamente. Son ya una docena los pleitos de este tipo que el exconsejero ha ganado a la Junta.