Anteproyecto de Ley de Transparencia: alto compromiso y pocas sanciones para los incumplidores
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Transparencia, que persigue facilitar a los ciudadanos el máximo de información posible sobre el funcionamiento de las administraciones (Junta de Andalucía, diputaciones, ayuntamientos y todos sus satélites). La norma obliga también a informar sobre su gestión a las empresas con contratos públicos, beneficiarios de subvenciones o conciertos, concesionarios de servicios, universidades, entidades sin ánimo de lucro con este tipo de financiación (sindicatos, partidos, ONG…), y en definitiva a cualquiera que reciba un dinero que es de todos.
La ley se pretende debatir en el Parlamento de Andalucía a final de año y puede sufrir modificaciones por nuevas aportaciones o incluso por los límites que imponga la que se aprobará en el Congreso de los Diputados. De momento, no prevé sanciones para las administraciones que no cumplan, que quedarían en algo parecido a una lista negra de “no transparentes”, pero sí para las empresas y organizaciones con participación de fondos públicos: hasta un máximo del 5% del contrato o subvención.
Para recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, en un momento en que esta pasa por sus horas más bajas, la Junta de Andalucía prevé, por un lado, el acceso a la información por parte del que lo pida, con una respuesta en un máximo de 20 días prorrogables por igual periodo si la complejidad de la cuestión lo requiere. Siempre que la respuesta sea negativa -por ejemplo, por cuestiones de protección datos o por seguridad- deberá estar debidamente justificado. Y por otro lado, se potenciará la publicidad propia, en concreto a través de su portal (www.juntadeandalucia.es), con un compromiso de actualizarla con carácter general cada tres meses.
Será obligatorio informar de ...
¿Qué tipo de información podrá exigir el ciudadano a las administraciones? En algunos casos, ya se ofrece, pero entre otras cuestiones, el anteproyecto contempla las siguientes: funciones que desarrollan; estructura; relaciones de puestos de trabajo; catálogos de puestos con indicación de sus retribuciones anuales; convenios colectivos; ofertas públicas de empleo; procesos de selección del personal; declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos; indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo; listas de espera; e incluso agendas institucionales. En el caso de la Junta de Andalucía se compromete a publicar el Inventario de Entes de la Autonomía y el Inventario General de Bienes y Derechos, Plan e Informe Anual de la Inspección General.
Las empresas con contratos públicos y las organizaciones con subvenciones deberán rendir cuentas de su gestión para conocimiento de toda la ciudadanía. Los ayuntamientos, además, deberán publicar las actas de sus plenos, de los que deberán facilitar su retransmisión por internet, además de permitir a cualquier asistente grabarlo por sus propios medios sin interferir en su normal desarrollo. Para los de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión se contempla que les faciliten la tarea las diputaciones.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha destacado en la presentación del documento que su aplicación supondrá “un cambio de mentalidad muy profundo” para los políticos y para los empleados públicos dado que será una ley “exigente”, como lo es el propio esfuerzo de tener que recopilar los datos que pida el ciudadano sobre una cuestión que le pueda interesar en un momento dado. Pero es también, según ha remarcado, “un ejercicio de corresponsabilidad política de la ciudadanía”.
En su opinión, “la mejor vacuna contra la corrupción es la transparencia”, por lo que ha animado al Gobierno de la Nación a “recoger el guante” y elaborar su norma con la misma ambición. Ha destacado también la transparencia y participación ciudadana en el propio proceso de elaboración: “Todos los que han participado con aportaciones han recibido el texto y en el caso de las propuestas que no se han incorporado se les ha explicado que siguen en el debate”.
También ha subrayado que conocer a fondo la gestión de servicios privatizados servirá para “acabar con mitos como que es un modelo más eficiente que hacerlo desde lo público, lo que dejará sin armas el discurso de la privatización de la sanidad, la educación, o el agua”. Y en cuanto al hecho de que obligue a las administraciones locales, “algo que nos sitúa a la vanguardia en transparencia”, no le preocupa en cuanto a invasión de competencias. Se ha referido así a los recortes previstos en la reforma de la Ley de la Administración Local: “Eso sí que es invadir sus competencias y limitar su autonomía”.
Para velar por su cumplimiento se creará la Agencia de Transparencia y Protección de Datos, con un presidente elegido por cinco años y con sólo una posibilidad de renovación, además de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos. En cada consejería habrá una unidad de transparencia y una comisión de transparencia para facilitar este compromiso.
Conviene reseñar que, al margen de los límites que pueda imponer la Ley de Transparencia que se prepara en Madrid, esta tiene también sus propias excepciones para el Parlamento de Andalucía y sus instituciones en ejercicio de la independencia que le garantiza el Estatuto de Autonomía, es decir, al margen de lo administrativo. Es por ello que decisiones como la polémica subida de dietas de varios diputados, que se aprobó el pasado mes de marzo y no se ha conocido hasta ahora, no hubieran podido ser evitadas por esta ley. Corresponden a la autonomía propia de la cámara.
