El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha evitado este jueves en el Parlamento de Andalucía decir cuántos consistorios gobernados por partidos que no sean el PP-A tienen pendiente de justificar fondos públicos destinados a formación para el empleo, en el contexto de la polémica surgida por la investigación de presuntas irregularidades por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. De este modo, pese a que el miércoles afirmaba que había 265 administraciones locales en manos de los populares que deben justificar todavía 275,3 millones de euros de entre los años 2007 y 2011, no ha respondido cuando el PP-A le ha preguntado en el pleno por los casos de consistorios gobernados por otras fuerzas.
Es más, la oposición también le ha pedido que aclare cuáles de esos consistorios estaban gobernados por otros partidos que no eran el PP-A cuando recibieron las subvenciones que se deben justificar, porque “de lo contrario, se practica el sectarismo y no la transparencia que pregonan” desde el Gobierno de Andalucía.
Luciano Alonso ha obviado esta pregunta, y ha recalcado que “no hay caza de brujas”, si bien ha vuelto a acusar a los populares de querer “hacer causa generalizada” de las irregularidades. Sí ha reiterado que de los 8.505 expedientes de esos años que están siendo revisados de manera individualizada “y no por muestreo como se hace en otras comunidades autónomas”, hay ya 1.728 concluidos. En 1.303 se ha pedido a los destinatarios más información, mientras que hay 56 peticiones de reintegro total o parcial abiertas (cuatro de ellas firmes). Son los mismos datos que ofreció hace tres semanas, por lo que la oposición le ha exigido que fije un “plazo” para conocer cuándo habrá concluido esta masiva operación de control.