La dimisión del exconsejero Luciano Alonso o el dilema de Susana Díaz con sus imputados

El exconsejero de la Junta de Andalucía Luciano Alonso se ha convertido en el último cargo público de Susana Díaz en presentar su dimisión, en este caso como diputado en el Parlamento de Andalucía, en una legislatura marcada por las diferentes varas de medir entre los políticos con causas en los tribunales, no ya entre los distintos partidos, sino dentro del propio PSOE-A. 

Esto ha provocado que desde el PSOE-A se hayan comenzado a cuestionar las exigencias de un código ético en casos como éste, donde se trata de una prevaricación “y no de que se haya llevado el dinero”, pero sobre todo, a mirar con condescendencia a los afectados.

Luciano Alonso ha anunciado su dimisión cuando lo marca el código ético, es decir, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto fecha para el juicio oral contra él por varios nombramientos de altos cargos supuestamente para beneficiar a gente del partido. Es más, según dicho código ético, debería pedir también su baja de militancia antes de que el partido proceda a su expulsión, cosa sobre la que todavía no se ha pronunciado quien ha sido consejero con los tres últimos presidentes de la Junta de Andalucía: Susana Díaz y sus predecesores José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Pero esta exigencia no se aplicó en el caso precisamente de estos dos últimos, cuya dimisión pidió Susana Díaz antes de que fueran procesados. Era una exigencia de C's para apoyarla en su investidura y, de hecho, los de Albert Rivera se lo apuntaron como un trofeo.

José Antonio Griñán dimitió de senador a los cuatro días de tomar posesión Susana Díaz en esta legislatura, cuando aún no se le había imputado ningún delito, y Manuel Chaves lo hizo, junto con los también diputados por Andalucía Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, cuando el Tribunal Supremo ya lo había hecho. Todos ellos por el caso ERE y antes de que se dictara auto de procesamiento en junio, momento en el que ya dieron el siguiente paso y se dieron de baja en el partido.

Con el tiempo, los socialistas han expresado cierto arrepentimiento con la mano dura que se impuso a los dos expresidentes -no con los otros dos- y de la que, por un lado, hay quien culpó a Susana Díaz por conceder a C's más de lo que se había pactado, y por otro, al entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por tardar en hacer una defensa de la honorabilidad de ambos, como sí se oyó a muchas voces de destacados dirigentes en Andalucía.

Es más, en los últimos meses se ha pasado del arrinconamiento de los expresidentes no ya sólo a reivindicar su inocencia y legado sino también a incluirlos en actos públicos como se vio por primera vez desde su baja de militancia en la conferencia en Sevilla el pasado mes de noviembre de Felipe González. Paradójicamente, esta defensa les llega cuando más se ha complicado su situación en la justicia por el caso.

Precisamente, el caso ERE ha sido hasta el momento el que más dimisiones se ha cobrado esta legislatura, porque a éstas hay que añadir la del que fuera viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Juan Jesús Jiménez Martín, quien renunció en enero también tras pasar a engrosar la nómina de investigados.

En este contexto, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, lamentaba el pasado lunes que Luciano Alonso tenga que dejar su escaño en el Parlamento de Andalucía para cumplir el código ético del partido. “Es muy duro que alguien que lleva unos 40 años en este partido y que ha ocupado cargos de mucha relevancia durante su trayectoria política tenga que dejarlo, pero es el cumplimiento del código ético del partido”. Recordaba también que está afectado por un acto “puramente administrativo, sin que haya habido aprovechamiento o algún tipo de enriquecimiento o malversación”.

En este sentido, fuentes del PSOE-A han reconocido la necesidad de tener muy en cuenta que hay una diferencia entre las imputaciones por corrupción y por prevaricación, porque creen que a veces se produce “un linchamiento innecesario”. Pese a que han descartado que estén planteando una revisión del código ético en este sentido, lo cierto es que reconocen que el debate está abierto, y no es ajeno tampoco en las filas del PP.

Decisiones de ida y vuelta

De hecho, la irrupción de partidos nuevos, sobre todo C's y Podemos, ha generado cierto desconcierto a la hora de abordar estos temas y en el caso de Andalucía se ha visto con las citadas contradicciones dentro del propio PSOE-A. Han sido ejemplificadoras las citadas referencias en el respeto de los tiempos para Luciano Alonso que no se siguió con los otros, pero también el caso de María José Asensio, quien fue destituida el agosto de 2015 como directora general de Industria, Energía y Minas a las dos semanas de trascender su imputación en la investigación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

El Gobierno de Andalucía decidió entonces dejar vacante su puesto porque confiaba en su inocencia, en lo que el PP-A llegó a calificar de “vacaciones”, pero efectivamente a los tres meses se archivó el caso y fue restituida. No sólo eso, la Junta de Andalucía la premió con sendos ascensos: primero secretaria general y luego viceconsejera. El asunto no ha terminado porque la Audiencia de Sevilla ha reabierto la investigación, pero esta vez se la mantiene en su puesto. 

C's reconoce que se ha vuelto “más prudente”

Esta rocambolesca situación provocó que C's, después de haber pedido públicamente el cese de María José Asensio, cambiara de actitud en sus exigencias a los socialistas, y también con el PP-A, con los que mantiene acuerdos en administraciones locales y provinciales.

El propio portavoz de C's en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha reconocido que se han vuelto “más prudentes” porque entienden que se pueden equivocar y “causar un daño innecesario” si se precipitan en los juicios. Por eso no pidieron la dimisión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, cuando el TSJA inició la investigación contra él y finalmente la archivó, ni en el caso de otro diputado y miembro de la ejecutiva del PSOE-A bajo sospecha, Carmelo Gómez, cuya imputación ha pedido la fiscalía hace tres meses. 

Diferencias en los tiempos

En este sentido, el manejo de los tiempos ha supuesto constantes contradicciones según quién  haya sido el afectado. Tres ejemplos: si María José Asensio era destituida a las dos semanas de trascender su imputación, el jefe de Contratación de la Consejería de Medioambiente, Antonio M.L., imputado por supuesto amaño de contrato en la investigación del llamado cártel del fuego, ha esperado más de nueve meses para que lo echen.

Segundo ejemplo: si la directora del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, dimitía tras ser citada como investigada por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, el director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Julio Coca se ha mantenido todo el tiempo en su puesto tras ser imputado por prevaricación. Finalmente, la causa contra él se ha archivado.

Otro más: si la actual gerente de la agencia IDEA en Cádiz, Rosa Mellado, se mantiene pese a figurar como investigada en el procedimiento por el supuesto fraude en el Plan Bahía Competitiva desde 2013, la que fuera directora general de Economía Social, Angelines Ortiz, imputada en la misma causa, fue destituida al mes de tomar posesión Susana Díaz esta legislatura.