La Fiscalía investigará presuntas irregularidades que denunció una exjefa de la empresa municipal de aparcamientos de Málaga

La Fiscalía investigará las presuntas irregularidades denunciadas públicamente por la exjefa de la Oficina Técnica de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga, quien aseguró, en una comparecencia durante un Pleno Municipal: “Las cosas que se me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel”. La empleada municipal, Trinidad Rodríguez, se refería a su responsabilidad como directora técnica de una obra de un aparcamiento municipal, respecto a las que ella advirtió diversas irregularidades que el gerente obvió, según su denuncia.

En el Pleno municipal celebrado el pasado 5 de octubre, Rodríguez explicó que había sido cesada de la dirección técnica de esa obra el 29 de agosto por “negarme a traspasar ciertas líneas rojas”, aseguró que desde entonces “la presión e intimidación ejercida” ha ido en aumento y pidió amparo: “Espero que el Pleno garantice mi indemnidad por la declaración que voy a efectuar, a fin de no sufrir represalias en mi puesto de trabajo”.

Estas declaraciones motivaron una notable polvareda política, y tanto el PSOE como IU presentaron denuncia ante Fiscalía. El Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial incoa ahora diligencias de investigación. De momento, ha pedido el acta de aquel Pleno y todo el expediente de contratación. No atiende, por ahora, a la petición de que se tome declaración al gerente de la sociedad municipal (Manuel Díaz Guirado), al exsecretario del consejo de administración (Francisco Souvirón) y a la empleada.

En aquel Pleno, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP) acusó a la oposición de utilizar el caso por pedir que se constituya una comisión de investigación, y pidió que se tratara en el Consejo de Administración de la sociedad, participada al 51% por el ayuntamiento.

Los socialistas aprecian indicios de delitos de prevaricación administrativa, incitación al delito, falsedad y manipulación de documentos públicos. IU cree que podrían existir delitos de prevaricación administrativa y vulneración de los derechos fundamentales de los miembros del Consejo de Administración de SMASSA, a los que se habría ocultado información.

Una obra valorada en ocho millones de euros más IVA

La obra en cuestión es un aparcamiento localizado en El Palo, y fue adjudicada en mayo de 2021 por 8.021.342 euros más IVA. El parking está diseñado con tres plantas bajo el colegio público Valle Inclán, en el distrito Este, y tiene capacidad para 412 plazas de vehículos, 31 para motos y 20 para vehículos eléctricos.

A pesar de la falta de aparcamientos en la zona, esta actuación levantó desde el principio las sospechas de la oposición, que no entendía la ubicación elegida. Los socialistas han criticado las molestias que para la comunidad educativa, comerciantes y vecinos suponen las obras, que acumulan un considerable retraso. También han denunciado fallos de seguridad y un accidente laboral ocurrido el 28 de septiembre.

Con todo, la principal sospecha se refiere a la contratación, inicialmente licitada íntegramente para dos fases, de las que finalmente solo se ejecutará una. En su denuncia ante Fiscalía, los socialistas dicen disponer de testimonios de diversos trabajadores de SMASSA que denuncian la Gerencia ejerció una “presión continuada y constante” para “favorecer a la adjudicataria del contrato tanto en la concesión de la misma como en el transcurso de la ejecución de esta”. También hay dudas en relación a la legalidad de la venta de las plazas a los vecinos, puesto que el terreno no era propiedad de SMASSA, que sí cuenta con una concesión demanial a 25 años.

“He participado eficientemente en más de 40 aparcamientos. Extrañamente, Pío Baroja se está llevando de manera muy diferenciada”, aseguró la exjefa de la Oficina Técnica en el Pleno. Semanas antes de esa comparecencia, había remitido una carta al Consejo de Administración de SMASSA, en la que señalaba las presuntas irregularidades y la “sorprendente orden” del gerente para iniciar cuatro nuevas promociones, “por el elevadísimo gasto/inversión que ello conlleva, sin tener claro la forma de obtención del suelo, su financiación y la viabilidad comercial”.

Cambio de funciones de la denunciante

La oposición cree que las irregularidades en torno a esta obra están detrás de la dimisión, tras 26 años en el caro, del secretario del Consejo de Administración de SMASSA, y en el expediente a un trabajador que habría pedido explicaciones. La propia Trinidad Jiménez enmarcó el cambio de sus funciones y un presunto acoso laboral hacia ella, que ha denunciado, en este contexto, en su comparecencia ante el Pleno. “El motivo de estar siendo apartada de mis funciones está relacionado con haberme negado a cruzar ciertas líneas rojas” que, según dijo “constituyen cuando menos presuntas infracciones e irregularidades, que como responsable del contrato, dirección y ejecución de obra, y como empleada pública, no estaba dispuesta ni a incurrir, ni a asumir ni a tolerar”.

Estas supuestas irregularidades, que “se daban desde el primer momento”, habrían sido comunicadas por la directora de las obras, por dos técnicos y por asesorías externas al gerente de SMASSA, que pese a todo dio la orden expresa de continuar el procedimiento. “La contestación del gerente a las advertencias fue que era demasiado tarde”, lamentó Rodríguez ante el Pleno.

El gerente, Manuel Díaz Guirado, cuenta hasta ahora con el respaldo público de De la Torre. A comienzos de la pasada década, Díaz Guirado era una persona de la total confianza del alcalde. De 2007 a 2011 fue concejal de Urbanismo, una de las carteras con más peso. Sin embargo, aquel año fue imputado en el Caso Piscinas, en el que se investigó un supuesto cohecho en la concesión de la piscina municipal de Puerto de la Torre, y no repitió en las listas del PP. El caso acabó siendo archivado. En 2019 fue recuperado por De la Torre para un cargo en segunda línea: el de gerente de SMASSA, por el que cobra 73.440 euros al año. 

El de SMASSA no es el primer caso vinculado a una empresa municipal que es investigado. La Fiscalía también investigó si el responsable económico de ProMálaga cobró mordidas a cambio de adjudicaciones. El caso, bajo secreto de sumario y llevado con absoluta discreción, solo se conoció cuando el ayuntamiento despidió al empleado, en octubre de 2019, dos años después de que se iniciaran las pesquisas. Después no se volvió a saber. Fuentes judiciales explicaron a este medio hace dos semanas que la instrucción había concluido, y que la juez debía resolver si continuaba como procedimiento abreviado o lo archivaba, sin detallar las diligencias que se habían llevado a cabo.