El alto cargo de Promálaga investigado por mordidas emitió informes que alteraron una adjudicación millonaria

El exdirector financiero de Promálaga, investigado por el juzgado de instrucción 12 de Málaga por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, elaboró informes que sirvieron para otorgar concesiones y contratos municipales, entre otros el millonario contrato de construcción y gestión del Centro Raqueta, en 2014. Este centro deportivo construido en suelo público fue adjudicado por 20 años a Ferroser porque un informe elaborado por Francisco Muñoz (ahora investigado), inicialmente sin firmar y no previsto en el pliego del concurso, motivó que se apartara a la empresa mejor valorada por el área de Deportes, con una diferencia de 15 puntos.

El expediente de aquella licitación, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, incorpora dos informes elaborados por Promálaga, a pesar de que no estaban previstos. En el primero se argumentaba que las tres ofertas presentadas carecían de una información económica esencial para poder valorar su viabilidad. Por ejemplo, achacaba a una de las empresas no haber presentado el balance de situación a tres-cinco años, o el umbral de rentabilidad.

A la vista de este informe, emitido el 22 de septiembre de 2013, la mesa requirió información adicional a las empresas, y volvió a pedir opinión a Promálaga. En dos de los tres casos, tampoco la información adicional fue suficiente para Promálaga. Descartó a la empresa mejor valorada por Deportes (también en materia económica), alegando que no podía valorar su plan de viabilidad “pese a la gran cantidad de datos que facilitan y que está elaborado para toda la vida de la concesión”.

Los motivos concretos eran dos: no se contemplaba un incremento de los costes de personal, y no se reflejaba el coste de las mejoras en el plan de viabilidad. Sólo la oferta de Ferroser era “viable económicamente y no presenta ninguna incoherencia”, según el segundo informe de Promálaga.

Ninguno de esos dos documentos estaba previsto en el proceso, aunque la mesa de contratación tenía potestad para solicitarlos. Uno de ellos ni siquiera fue firmado inicialmente. Cuando así se hizo notar, se añadió la firma, 17 días después de la adjudicación. El autor de los dos informes fue Francisco Muñoz, hoy investigado judicialmente por, supuestamente, haber cobrado a través del despacho de su mujer mordidas a cambio de contratos con proveedores de Promálaga suscritos en 2016.

Muñoz fue contratado por Promálaga en 2003, pero no ha trascendido que el juzgado investigue también la adjudicación del Centro Raquetas.

Un asunto con “sombras”

En su día, la concesión del Centro Raqueta a Ferroser por veinte años y un canon anual de 92.000 euros causó revuelo político y mediático por la existencia de lo que la oposición entonces calificó de “sombras” en el expediente. Sur llegó a informar de que el informe de Promálaga corregía la oferta de Ferroser para ajustarla a sus criterios.

La cuestión se debatió en la comisión de transparencia, donde Muñoz defendió que los informes que emitía a petición del ayuntamiento eran imparciales, prudentes y “de carácter meramente informativo”. El PSOE abandonó aquella reunión en protesta por no haber accedido al expediente completo, pero Eduardo Zorrilla (entonces concejal IU, y hoy en Adelante Málaga) señaló que le resultaba “incomprensible” que con el informe de Promálaga se “pasara por encima” del criterio del área de Deportes.

“No es de recibo que una vez puntuada y valorada la solvencia se solicite con posterioridad informe que ponga en duda ese aspecto ya juzgado por el Área de Deportes”, añadió. Zorrilla también mostró sus dudas por que se encargara el informe a Promálaga y no, por ejemplo, al área de Economía.

También Valssport, la empresa mejor valorada por Deportes y excluida por Promálaga discutió el proceso. Presentó un recurso contencioso-administrativo, pero desistió, según Víctor López, su gerente. López señala que, aunque había informes contradictorios, “nos dimos cuenta de que no teníamos razón”. “No entendíamos por qué se contradecía el ayuntamiento a sí mismo, pero vimos que la exclusión era coherente. Podía ser tanto una cosa como otra, y ahí hay interpretación”, responde a eldiario.es/Andalucía, aunque dice no recordar el motivo concreto de las discrepancias.

Ciudadanos y PP rechazan la comisión de investigación

Daniel Pérez (PSOE) y Eduardo Zorrilla (Adelante Málaga) han recordado este jueves el caso Raquetas para justificar la petición de una comisión de investigación sobre Promálaga, que el Pleno de Málaga ha rechazado con los votos de PP y Ciudadanos.

Durante parte de la mañana sobrevoló la duda, alimentada por el PSOE, de si el concejal de Ciudadanos Juan Cassá votaría a favor, lo que hubiese cambiado las mayorías. Cassá está en la práctica apartado del funcionamiento de su grupo municipal desde que, por sorpresa, dejó de ser portavoz, y el PSOE ve en esto la oportunidad de atraerlo. “Votó muy bien la pasada legislatura. Le pido que haga lo que le dicta el corazón”, le interpeló Daniel Pérez. Pero no hubo caso.

El portavoz socialista desveló que una de las empresas que supuestamente pagó mordidas a Muñoz ha ganado un contrato en el ayuntamiento por seis millones de euros, y acusó al equipo de gobierno de “querer tapar” el escándalo. Por su parte, Zorrilla insistió en conocer qué informes para justificar concesiones y contratos emitieron Promálaga y Muñoz antes de 2017.

El PP y Ciudadanos se escudaron en la investigación judicial abierta, bajo secreto de sumario, para negar la pertinencia de la comisión de investigación en el ayuntamiento. “Puede alterar la investigación penal en curso”, dijo la concejala María Rosa Sánchez Jiménez (PP). “No hay razones para oponerse si realmente quieren poner luz y taquígrafos sobre este asunto. No la hubo para que ustedes pidieran una comisión de investigación en el caso ERE y su posición aquí no es coherente”, replicó Zorrilla.

Sí hubo comparecencia de Francisco Salas, gerente de Promálaga, que relató nuevamente cómo se inició la investigación. A principios de 2017, un empresario le informó que Francisco Muñoz le había exigido a cambio de una contratación una cantidad que debía ingresar a su mujer, procuradora de profesión. Según Salas, en marzo de 2017 denunció el caso ante la Policía, que le pidió discreción para realizar sus investigaciones. El 10 de julio de 2019, casi dos años después, llegó a Promálaga un fax citando a Muñoz para declarar como investigado en el juzgado.

La oposición quería saber desde cuándo conocía este asunto el alcalde Francisco De la Torre, que admitió que lo supo a principios de 2017, justo después de que el empresario contase el caso al gerente de Promálaga. “Coincidimos en que lo que había que hacer era denunciar ante la Policía”. Sin embargo, quedaron sin contestar otras preguntas de Zorrilla y Pérez con referencia implícita al Centro Raqueta: “¿Cuántos informes como este ha firmado el señor Muñoz antes de 2017? ¿Tiene usted seguridad de que no se han pedido mordidas?”