Una jueza de Málaga ha rechazado condenar al ayuntamiento de Marbella por tardar casi un año en entregar a la oposición los contratos de obra adjudicados a una empresa de la trama de narcotráfico y blanqueo integrada, presuntamente, por el hijastro de la alcaldesa. La jueza ha aceptado la explicación del consistorio, que alegaba que la dilación se debió a la dificultad de encontrar los expedientes, que datan del periodo 2011-2015, y solo existían en formato papel.
Después de pedir la documentación por escrito en noviembre de 2022 y no recibirla, el PSOE denunció al ayuntamiento de Marbella por entender que estaba obstaculizando deliberadamente su derecho a recabar información municipal y a la participación política. La Fiscalía se había sumado a la petición de condena, al entender que se estaba vulnerando un derecho fundamental de los concejales amparado por el artículo 23.2 de la Constitución. El ayuntamiento acabó entregando los contratos a mediados de septiembre de 2023, más de diez meses después de recibir la primera solicitud.
Ahora, la jueza señala que no termina de ver que el retraso haya perjudicado a la oposición. Los socialistas denuncian que el ayuntamiento de Marbella ha evitado entregarles los contratos antes de las elecciones. Según su interpretación, el PP manejó los tiempos y esperó a que amainara el temporal político en torno a la alcaldesa, con vínculos familiares con personas procesadas por narcotráfico y blanqueo de capitales, cuyas empresas precisamente se beneficiaron de contrataciones municipales a dedo.
Del cotejo de los documentos que finalmente se han entregado se deduce que el ayuntamiento de Marbella adjudicó muchas más obras de las que se suponía a Construcciones y Demoliciones Costa del Sol (Codecosol), una empresa constituida en febrero de 2010 por Nils Fischer. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón atribuye a Fischer, Codecosol y otras empresas suyas un relevante papel en el presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En total, el consistorio le adjudicó 1.383.945 euros, la mayoría (840.000 euros) en 17 contratos menores desconocidos hasta ahora.
La sentencia data del pasado 31 de octubre, no es firme, y fuentes del PSOE en Marbella anuncian que la recurrirán.
El juzgado contencioso-administrativo 1 de Málaga debía dilucidar si la tardanza vulneró los derechos de los concejales de la oposición (con rango de derecho fundamental) o si, por el contrario, estaba justificada. La jueza señala que la información debe entregarse a la oposición “con premura y sin tardanza”, en un tiempo “razonable sin incurrir en una tardanza injustificada”. Pero a continuación advierte de que hay que tener en cuenta el contenido o los medios que tiene la administración para determinar qué plazo de entrega es razonable.
En su día, el ayuntamiento contestó por escrito a los socialistas que la búsqueda estaba siendo “más compleja de lo esperado”, ya que desde 2007 se había tramitado un “número ingente” de expedientes, y la mayoría estaban sin informatizar y en “diferentes archivos municipales”. En esa respuesta, fechada el 22 de noviembre de 2022, la jefa del servicio solicitaba un “plazo oportuno” para “realizar la búsqueda y hallazgo concreto y fidedigno” y “evitar aportar documentación incompleta y sesgada” al PSOE.
La jueza acepta las explicaciones del consistorio, recordando que la solicitud no estaba vinculada a un plazo y se refería a hechos que ya estaba investigando la Audiencia Nacional. De esta forma, concluye que el plazo de entrega (diez meses) no es “excesivo y desproporcionado”, teniendo en cuenta que los expedientes solicitados abarcaban 15 años (de 2007 en adelante) en un “Ayuntamiento de gran volumen de actividad y que no se encontraba digitalizado”.
Según alegó el ayuntamiento de Marbella, había más de 4.000 expedientes de contratos menores sin digitalizar en diversas dependencias. Sólo tras este caso, el ayuntamiento habría contratado la mudanza de los archivos y la digitalización de los expedientes. Unas 3.800 personas trabajan para el ayuntamiento de Marbella.
“Se puede concluir que no ha existido una dilación imputable a la Administración con relevancia capaz de vulnerar el derecho fundamental”, dice la jueza, que tampoco cree que la demora haya lesionado de forma efectiva el derecho de participación política de los socialistas.
Cuando solicitaron los contratos de Codecosol, la situación política de Ángeles Muñoz era extremadamente delicada. Juan Manuel Moreno evitaba la foto con ella y el PP llegó a encargar una encuesta para medir su “desgaste”. Hasta mediados de diciembre no se confirmó que repetiría como candidata, y en mayo repitió victoria, con los mismos concejales: 14.
Tres meses después, el ayuntamiento acabó entregando todos los contratos con Codecosol, de donde se concluye que no eran cinco contratos por 642.000 euros (como se conocía desde que elDiario.es lo desvelase), sino 1.380.000 en veinte contratos, la mayoría menores.
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