Los agentes de la Guardia Civil que llevaron la investigación sobre la protectora Parque Animal de Torremolinos (Málaga), cuya presidenta ha sido juzgada por un delito continuado de maltrato animal, intrusismo y falsedad, han declarado que detectaron un número “muy elevado” de animales sacrificados en el centro desde 2008 a 2010. Además, han aludido a la falta de colaboración en la investigación por parte del Ayuntamiento.
Así lo han asegurado varios agentes del Seprona en su declaración en el juicio, que ha quedado visto para sentencia este viernes, en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga contra la presidenta de Parque Animal, para la que el fiscal mantiene la petición de cuatro años de prisión por los anteriores delitos; y un empleado, para el que solicita un año de cárcel sólo por maltrato animal. Los hechos investigados ocurrieron desde principios de 2008.
Ambos acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra en el juicio y han reiterado su inocencia; al tiempo que han aludido a la propuesta que, según ellos, hicieron algunos veterinarios que han declarado como testigos para hacerse con la clínica veterinaria, a lo que han achacado el inicio de esta causa y de la denuncia por maltrato animal. Sus abogados piden la absolución.
Previamente, el jefe de grupo del Seprona que investigó el caso ha declarado que les sorprendió ese número “muy elevado” de sacrificios realizados en dichas instalaciones, según los listados de incineraciones y las inspecciones realizadas; sobre todo porque, ha manifestado, era “una protectora conocida públicamente a nivel nacional e internacional como ejemplar y por su política de sacrificio cero”.
Ha apuntado que, según esos listados, en cinco meses hubo 702 animales incinerados y han incidido en que “lo anormal” era que no hubiera sacrificios y en que cuando hicieron una de las inspecciones había animales “que estaban aún calientes”. Han señalado que la acusada colaboró, aunque se exculpó. Sobre los animales sacrificados, han indicado que el número de 2.180 es un cálculo estimativo, según facturas de producto comprado y lo que se dispensaba.
Además, han apuntado a que el Ayuntamiento, en aquel momento presidido por el alcalde Pedro Fernández Montes, no colaboró en la investigación, ya que “mucha de la documentación requerida no ha sido aportada”. También han señalado que Parque Animal “no cumplía absolutamente nada” del pliego de condiciones para el servicio ni de la normativa, pese a lo cual el Consistorio se lo adjudicó, “ni cumplía un fin de interés social”, aunque se le otorgó una ayuda.
Al respecto, uno de los agentes ha explicado que investigaron las irregularidades, tanto administrativas como penales, que fueron denunciadas; señalando que el Ayuntamiento “no apercibió a la protectora de que su cometido era otro” y no hacer sacrificios. “Todo ha sido un cúmulo de irregularidades por parte de la protectoras y aceptadas cuanto menos por parte del Ayuntamiento”, ha dicho.
Sobre los listados de incineraciones, ha indicado que desde el Ayuntamiento “habían permitido a la acusada recuperarlos para poder subsanarlos en el sentido de poner la firma de un veterinario y dar la apariencia de legalidad de que habían sido sacrificados bajo la supervisión de un profesional”, con lo que “se ve la falsedad”. Además, han indicado que hay documentos firmados por algunos de estos profesionales con fecha anterior a que colaboraran con ellos.
La Fiscalía ha mantenido sus conclusiones iniciales y su relato de hechos, considerando que los acusados llevaron a cabo el sacrificio “masivo” de perros y gatos, haciendo “auténticas sesiones de exterminio” de animales sanos, a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo que les provocaba “una lenta y dolorosa agonía”, que provocaba que “se retorcían de dolor a su vista durante horas”.
El ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación “de forma masiva e injustificada”; algo que se realizaba, supuestamente, “sin que hubiese causa que justificase la muerte”, salvo “la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados”.
El fiscal considera que la presidenta era la que “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente”, con la colaboración “imprescindible” del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias. Así, sostiene que supuestamente inyectaba los productos “de forma inexperta” y “sin sedación previa”. Para estas “sesiones de exterminio”, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro.
La acusada negó los hechos en su declaración en el juicio, señalando que “jamás” realizó el “exterminio” del que se le acusa y apuntando que eran los veterinarios los que decidían las eutanasias y que en su centro se sacrificaba “lo mínimo”. “Yo tengo fobia a poner inyecciones”, indicó; mientras que por contra, testigos confirmaron que se llevaban a cabo estas prácticas eutanásicas sin control y que había “días de exterminio”.