La Ley de Memoria Histórica de Andalucía recibe casi cien enmiendas en su trámite parlamentario
La ley de Memoria Democrática de Andalucía ha recibido casi un centenar de enmiendas en su tramitación parlamentaria. Es el momento para que los partidos políticos tachen, subrayen o añadan propuestas al texto. Retoques cosméticos en unos casos, y de cirugía en otros, que dejan al descubierto la columna de la nueva legislación memorialista andaluza.
Los más incisivos son PP y Ciudadanos. Dueños de tres de cada cuatro parches, recortan el marco temporal para dejar fuera la Transición y condicionan la entrada de la Memoria en las aulas. El PSOE busca garantizar que la ley de Patrimonio Histórico no afecte a las exhumaciones y Podemos crear una Comisión de la Verdad con “sección andaluza”, entre otras correcciones. IU no diseña cambios a un proyecto gestado bajo su dirección en la anterior legislatura, tampoco las asociaciones de víctimas del franquismo.
¿Memoria Histórica o Democrática? Incluso el título de la ley será debatido en la Cámara regional, como el tratamiento a los represaliados, las intervenciones arqueológicas, la supresión de órganos previstos en la norma, el apoyo institucional a los colectivos de derechos humanos… Y una Oficina de Atención a las Victimas que programan los populares. Análoga, por cierto, a la que cerró a nivel estatal el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Mesa de la Comisión de Cultura ya admitió (el pasado 18 de mayo) la tramitación de 98 enmiendas al articulado que recoge el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. Ciudadanos es la formación más prolífica con 43, una de ellas repetida según la redacción del BOPA. PP acumula 29, Podemos diez menos y PSOE siete. Retoques a una ley que buscó “consenso” en la reciente visita a la fosa común de Puerto Real (Cádiz).
La República, fuera de la ley para C’s
El PP quiere que la ley de Memoria Democrática llegue hasta las primeras elecciones democráticas de 1977. Y Ciudadanos pretende eliminar el periodo de la Segunda RepúblicaSegunda República, del 14 de abril de 1931 al 17 de julio de 1936. A partir de ahí sí sería materia memorialista según la formación naranja, hasta la Constitución española del 78. Sacan, de este modo, la Transición de cualquier fiscalización legislativa.
PSOE y Podemos (ni IU, obvio) dejan el marco temporal que abarca la ley tal como surge del anteproyecto: Segunda República, Guerra Civil, Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía. Del 14 de abril de 1931 al 11 de enero de 1982.
La asignatura troncal del movimiento de recuperación memorialista son las exhumaciones. Un suspenso reiterado de las instituciones públicas en el segundo país con más desaparecidos forzados del mundo que en Andalucía sí tiene sustento en los últimos 15 años, con cuenta gotas a veces, desde la Junta. Una política de memoria reforzada en el último ejercicio y que tendrá un nuevo empuje en el segundo semestre de 2016.
A las actividades arqueológicas y los “restos recuperados” de víctimas del franquismo “en ningún caso” se aplicará la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, según una enmienda del PSOE. Desde Podemos piden “dignificar” las fosas comunes en cementerios –suelen ser las de mayor tamaño– de modo que se asegure “su conservación para ser exhumadas”.
El partido emergente plantea que el Consejo de Gobierno andaluz guíe y regule “el ejercicio de esta actividad forense” con un “desarrollo normativo”. Ciudadanos deja varios retoques: que la ocupación de terrenos privados para intervenir una fosa “tenga un límite –de tiempo– máximo establecido”, remitir a los ayuntamientos “un resumen con los territorios” que le afectan tras la actualización del mapa de tumbas ilegales y que pague la Junta si la preservación, delimitación y vigilancia de estas zonas supone “un sobrecoste”.
Memoria en las aulas (pero condicionada)
El objeto del proyecto de ley de Memoria Democrática es “garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos”. Eso dice el texto. De ahí la importancia del tratamiento escolar de la materia y su entrada en el currículum educativo, una reivindicación asumida desde los partidos progresistas y matizada, cuando no condicionada, por los conservadores.
El PP exige libertad de cátedra y “respeto a la libertad de enseñanza de docentes y centros educativos”. C’s supedita la entrada de contenido memorialista en las aulas a la aprobación como iniciativa legislativa en el Parlamento regional del Pacto Andaluz por la Educación. Que la Junta inste al Gobierno del Estado “para la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo” es un objetivo de Podemos. Prevén una “sección andaluza” como “órgano autónomo” regido por el Derecho Internacional y, junto a los socialistas, subrayan el necesario desarrollo del Banco de ADN de represaliados y familiares.
Que la Junta no “mantenga” a las asociaciones
La Junta no debe apoyar la “creación y mantenimiento” de asociaciones memorialistas, según Ciudadanos. Es un compromiso ajeno a la ley, mantienen. El PP recoge la “reivindicación del colectivo” de crear una Oficina de Atención a las Víctimas. Coinciden en apelar al “espíritu colaborativo con la ley 52/2007” nacional en asuntos como la permanencia de simbología franquista y en suprimir el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía. Los populares añaden el Consejo de la Memoria y los naranjas fulminan el Sendero de Memoria (rutas de dos o más Lugares de Memoria).
La ley contempla sanciones por infracciones que irían, de leve a muy grave, desde los 200 euros a los 150.000. PP rebaja la horquilla de 100 a 40.000 y C’s de 300 a 90.000. Ciudadanos requiere la elaboración de memorias anuales de costes de todo tipo de estudios, homenajes, jornadas o publicaciones que se lleven a cabo. Y hace hincapié en la necesidad de resoluciones judiciales para hacer partícipes de actos de reparación a empresas y organizaciones que aprovecharon el trabajo esclavo durante el franquismo.
El único partido que entra a revisar la exposición de motivos, y de manera concienzuda, es el PP. Extirparían párrafos completos. Los que aluden al golpe de Estado que provocó la Guerra Civil y “puso fin a la democracia”, la violencia ejercida por la dictadura definida como “una enorme sangría para el pueblo andaluz” o la calificación del terror franquista como “crimen contra la humanidad”. No agrada en las filas populares que Andalucía aparezca como “vanguardia” en “el desarrollo de políticas públicas de memoria”. Tampoco la frase que recuerda a las “mujeres ultrajadas” y “muchas asesinadas, otras violadas, encarceladas, 'paseadas'…”.
Ni la derogación o modificación de “cualquier norma legal de carácter estatal que se oponga o contravenga” la legislación internacional en materia de derechos humanos, caso de la preconstitucional ley de Amnistía de 1977 que la ONU instó a España a derogar. Hasta el propio título de la ley será sometido a debate en el Parlamento andaluz. Para el PP, el nombre correcto sería Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Según Podemos, Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El resto lo mantendría como está: Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
