Moreno desdeña la oferta del PSOE para pactar el decreto que simplifica 300 trámites a las empresas

El Parlamento andaluz debate y vota la semana que viene el decreto ley de simplificación administrativa, una norma recién aprobada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno que modifica de una tacada 80 leyes y elimina 300 procedimientos administrativos para facilitar la inversión exterior, la creación de empresas y el desarrollo de proyectos. El texto legal tiene más de 200 páginas y afecta a todas las consejerías del Ejecutivo. Los grupos de la oposición lo han recibido este jueves -aún no está publicado en BOJA- y tienen hasta el miércoles -día de la votación- para estudiárselo, analizarlo y decidir el sentido de su voto.

La Junta tramita esta norma por la vía de extrema urgencia, como ya hizo con los dos anteriores decretos ley que también buscaban “eliminar trámites burocráticos, permisos y cargas impuestas por la administración”. La portavoz del PSOE en el Parlamento, Ángeles Férriz, ha aprovechado su interpelación a Moreno durante la sesión de control para ofrecerle negociar la norma de simplificación administrativa como proyecto de ley, el trámite parlamentario más común, y con la participación de los agentes sociales y los ayuntamientos. Eso supone negociar durante tres meses -si se opta por el procedimiento de urgencia- o hasta seis, si se sigue la tramitación ordinaria.

Lo que plantean los socialistas es lo mismo que se ha hecho con la Ley que regula la agencia TRADE, aprobada este miércoles en la Cámara con el apoyo de todo el arco parlamentario, excepto Vox. Esa norma, que concentra varias empresas públicas para crear un gran instrumento de actividad económica, también nació el pasado verano como decreto ley del Ejecutivo, que pretendía convalidarlo en la Cámara en el menor tiempo posible. En esa ocasión, Moreno accedió a tramitarlo por la vía ordinaria, sometida al escrutinio del Parlamento, con negociación y aportación de los grupos de la oposición. El resultado fue la aprobación ayer de una ley de amplio consenso, que fue aplaudida tanto por las fuerzas de Gobierno como por el arco de la izquierda.

En esa ocasión no ocurrirá lo mismo. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran, tajantes, que no recogerán el guante del PSOE ni aceptarán negociar la norma de simplificación administrativa. Moreno da un portazo al líder de la oposición, porque no se fía de ellos desde que le tumbaron los Presupuestos para 2022, tras el fiasco de la negociación con el PSOE. “El decreto ley no se mueve, quieren marear la perdiz y que perdamos varios meses en una negociación para finalmente rechazarla o recurrirla ante el Constitucional”, explican fuentes del Palacio de San Telmo, sede de la Junta. El primer decreto ley de simplificación, que cambió de una tacada seis leyes y un decreto, está recurrido por 50 senadores del PSOE ante el Tribunal Constitucional, a espera de resolución.

Ferriz ha acusado al presidente andaluz de “tratar de estrangular la tarea parlamentaria abusando de la figura del decreto ley y la vía de urgencia”. “No se pueden cambiar 80 leyes aprobadas en el Parlamento mediante un decreto y en una semana, más aún cuando sobre él pesa la duda sobre los controles previos a los que está obligada la Junta y sobre la inseguridad jurídica en que deja a la ciudadanía y al resto de administraciones”, ha advertido. En su réplica, Moreno no le ha respondido a la oferta de pacto.

El pasado lunes, el presidente andaluz se rodeó de empresarios, constructores, industriales, ingenieros y comerciales para presentar, por todo lo alto en el Palacio de San Telmo, el decreto de simplificación administrativa. La patronal elogió el proyecto, que aún no es público, pero los sindicatos CCOO y UGT dieron plantó al Gobierno y denunciaron que no se había negociado la letra pequeña con ellos. “Es el más ambicioso jamás planteado en la historia de Andalucía, espero que sea convalidado en el Parlamento sin mayores problemas, y que la oposición esté a la altura”, subrayó Moreno durante su exposición. El presidente espera que los sectores productivos intercedan con los grupos de la oposición, singularmente con Vox, para garantizarse el voto el próximo miércoles y que el decreto ley salga adelante.

Las relaciones con el partido de Santiago Abascal no son buenas desde hace meses. Vox se ha instalado en una perspectiva preelectoral y ha dejado de apoyar las iniciativas del Gobierno autonómico, acusando a Moreno de aliarse con la izquierda y de traicionar a los andaluces. PP y Cs también sacuden a diario a su antiguo socio de legislatura, en un escenario que anticipa la antesala de la contienda electoral. Pero, con todo, Vox sigue siendo la apuesta más clara del presidente andaluz para sacar adelante el decreto de simplificación, que cuenta con el apoyo entusiasta de las empresas. Si los de Abascal dejasen caer esta norma, el impacto político sería proporcional a las elevadas expectativas que generó Moreno el día de su presentación.

Desde que vio caer sus Presupuestos para 2022, con 43.800 millones de euros, el presidente andaluz ha cambiado drásticamente su actitud hacia la oposición. Es más duro y menos flexible al diálogo, y en sus discursos denuncia un intento por “paralizar al Gobierno” e “impedir que los andaluces caminen”. Sin embargo, ese discurso lo ha hecho apenas 24 horas después de que los grupos de la izquierda, sin excepción, le hayan aprobado las dos últimas leyes que ha enviado al Parlamento, una de ellas de capital importancia para su estrategia económica.

Todo esto sucede en un estado permanente de excitación política en el a diario se habla de elecciones anticipadas. Moreno ya calmó las aguas, planteando la fecha más probable para junio u octubre del año que viene, al final del próximo periodo de sesiones, pero él tiene el botón de activar los comicios a mano, y en cualquier momento el relato puede precipitar una convocatoria electoral.

Las normas que se agilizan y descargan de trámites en el decreto de simplificación afectarán a la vivienda protegida, el desarrollo urbanístico, la producción agroalimentaria, las grandes superficies comerciales, el turismo, las restricciones por patrimonio histórico, la formación del profesorado, entre otros... “Se trata de que la Administración sea más ágil y el marco jurídico más simple, y también de poder aprovechar mejor los fondos europeos Next Generation, que obligan a las consejerías a desarrollar proyectos en poco tiempo para gastar los millones que lleguen”, explican desde la Junta.