Los alrededor de 40.000 españoles (no hay una cifra exacta porque no existe un registro oficial) que todavía hoy sufren las secuelas de la polio de la que se contagiaron tras la Guerra Civil consiguieron una importante victoria en su lucha reivindicativa hace justo un año, cuando el 21 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática. En la misma lograron incluir su reclamación histórica de ser considerados víctimas de la dictadura franquista, un reconocimiento que ahora piden al Gobierno central que impulse ante la Unión Europea y la ONU para que también lo asuman y así contar con una “garantía legal y duradera”. En paralelo, reclaman que se desarrollen las medidas sanitarias y sociales que recoge la propia ley en beneficio de un colectivo que durante mucho tiempo fue conocido como el de los niños de la polio.
¿Y por qué tienen esta consideración de víctimas del franquismo? Pues porque la dictadura negó durante años de cara al exterior que existiera una epidemia de esta enfermedad viral como estaba ocurriendo en Europa, lo que a su vez llevó a que no se administrara la vacuna que se desarrolló a mediados de los 50 pese a que llegó a España. Esto se tradujo en que la primera campaña de vacunación se inició en 1963. “Lo más crudo de esa epidemia no sólo vino por el azar de la mala suerte, sobre todo llegó fruto de la negligencia de un régimen autoritario que durante ocho largos años silenció una vacuna que ya existía y que nos pudo haber salvado”, señala al respecto el manifiesto elaborado con motivo de la celebración, este martes 24 de octubre, del Día Mundial contra la Polio.
El texto lo rubrican nueve entidades nacionales que trabajan por las personas afectadas por esta enfermedad, de las que cuatro son andaluzas. La que ha llevado la voz cantante ha sido la Alianza por la Polio y la Postpolio en Andalucía (APPA), cuyo presidente, Pedro Varo, recuerda que hablamos de un colectivo que fue “víctima de una negligencia política y sanitaria” en su infancia y que, pese al reconocimiento de la Ley de Memoria, sufre “incomprensión e insensibilidad”. Prueba de ello es que en la actualidad es muy difícil encontrar especialistas sanitarios que sepan afrontar la polio y las consecuencias del síndrome postpolio que, por edad, padecen ahora la mayoría de los que contrajeron la enfermedad en la postguerra.
“Fueron ocho años de ocultación y abandono, ocho años en los que miles de niñas y niños murieron y otros muchos miles más quedamos con permanentes secuelas paralíticas con las que tuvimos que aprender a vivir el resto de nuestras vidas”, subraya en este sentido el manifiesto por este Día Mundial. “A los niños de la polio nos metieron en sanatorios y nos abandonaron a nuestra suerte casi sin recursos ni ayudas”, recuerda Varo, que coincide con la lectura que hace el texto de que la dictadura “condenó a muchos de nosotros, y a nuestras familias, a la marginación y la indigencia”. Unos pequeños afectados a los que se les colgaron las etiquetas de “subnormales, inválidos y otras calificaciones insultantes y despreciativas”.
El reconocimiento oficial como víctimas del franquismo es algo más que una vieja reivindicación, “era una deuda que España nos debía”, apostilla el manifiesto. La desidia de la dictadura, señala la propia Ley de Memoria, “provocó el fallecimiento o maltrato de niños y niñas, familias destrozadas y arruinadas, madres con sentimientos de culpabilidad y personas sobrevivientes con graves secuelas físicas”. Unas patologías, por cierto, “agravadas con el tiempo, en una nueva enfermedad neurológica crónica, degenerativa y progresiva como la postpolio, y secuelas psicológicas para el resto de su vida”.
Por eso el colectivo celebra un año de este triunfo, pero considera que “es momento de seguir alzando la voz todavía con más ímpetu”, porque el objetivo por lo pronto es que se cumpla lo que dice la ley. Por la misma, el Gobierno se compromete a promover investigaciones y estudios que “esclarezcan la verdad” de la explosión epidémica durante la dictadura franquista, a lo que se une la puesta en marcha de medidas de carácter sanitario y social que mejoren la calidad de vida de aquellos niños de la polio.
Para ello, los colectivos reivindican profesionales médicos preparados, formación de especialistas sobre todo en el síndrome postpolio, un censo “fiable y real” de afectados, acceso en centros públicos a una rehabilitación “permanente, personalizada y gratuita” o la implantación de un catálogo ortoprotésico con elementos de última generación. A esto se une la reivindicación de una unidad especializada como mínimo por comunidad autónoma, transportes adaptados, reconocimiento de pensiones, jubilaciones anticipadas por discapacidad... Y todo sin perder la vertiente histórica, como que se facilite la investigación para “el esclarecimiento de la verdad de los acaecido respecto de la expansión de la pandemia de la polio durante la dictadura franquista” o que las entidades que representan al colectivo puedan inscribirse en el Registro de Entidades de Memoria Democrática.
“El tiempo nos ha traído una nueva condena en forma de efectos tardíos de la polio y síndrome postpolio”, apunta el manifiesto, lo que Pedro Varo traduce en que “nos deja postrados en la cama con dolores enormes que no tienen solución ni tratamiento”, una situación que empeora si se tiene en cuenta que “no se está investigando”. “Me han mandado a la Unidad del Dolor de un hospital y no saben cómo abordarlo, al final acaban dándote un paracetamol”, de ahí que se reivindique la creación de un grupo de expertos bajo el paraguas del Consejo de la Discapacidad.
Todo esto choca con la realidad de un colectivo que tiene muchos problemas para movilizarse, porque hablamos de personas con “secuelas muy graves, a las que le cuesta mucho trabajo salir de casa, que son muy mayores y que están muy quemadas” tras décadas de olvido e invisibilización. Tal y como resume Pedro Varo, “hay administraciones que ni nos reciben y que no tienen ningún interés, parece que cuanto antes desaparezcamos, mejor”.
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