La ayuda a la Dependencia llega a un 16% de la población canaria susceptible de necesitar este derecho

La ayuda a la dependencia ha ido llegando a un mayor número de personas en los últimos años después de casi una década de dejadez. Los últimos informes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales constatan esa mejoría desde el anterior equipo de Gobierno y que se ha ido manteniendo. Sin embargo, el sistema afronta muchos retos pendientes como mejorar las cuantías y las prestaciones y llegar a mayor número de población potencialmente dependiente. En las Islas hay 2,2 millones de habitantes, de los que 253.565 personas son susceptibles de necesitar este derecho, pero, en la actualidad solo un 16% perciben esta ayuda: 42.857 personas. 

Según los datos cerrados del mes de julio publicados por el Imserso, en Canarias hay 6.457 personas que, pese a tener reconocido el derecho, siguen pendientes de recibir una prestación. En el último mes, se han realizado 1.149 altas en los Programas de Atención Individualizada (el trámite que permite tener reconocida una o una serie de prestaciones) y 454 bajas, 437 por fallecimiento. En total, se han sumado este mes 695 beneficiarios al sistema. 

En las Islas, se han registrado hasta julio un total de 71.366 solicitudes, de las que se han resuelto 55.884. De ese total de personas, se ha reconocido que tienen derecho 49.314, pero son 6.457 las que siguen esperando por la prestación ya reconocida. 

Del total de personas que sí que están recibiendo prestación (42.857), la mayoría de ellas son de grado III (el nivel más alto de dependencia) y suponen un total de 16.108; con grado II, 17.378 y con el grado más bajo, 15.828 personas. Además, en su mayor medida se trata de mujeres (32.713) frente a 23.171 hombres. Y, por tramo de edad, la mayoría tiene más de 80 años. 

En cuanto al tipo de prestaciones, la mayoría perciben una prestación para cuidados en el entorno familiar  (18.560 dependientes en esta situación). A ello le siguen quienes tienen una prestación vinculada al servicio (14.848); las que se encuentran en un centro de día o noche (5.624) y en una plaza en una residencia (4879). Por su parte, las prestaciones que llegan a menor número de personas son la teleasistencia (2.579), prevención de la dependencia y autonomía personal (1.892) y ayuda a domicilio (1.047). 

En el marco de estas cifras y con el objetivo de agilizar los trámites, el Gobierno de Canarias ha impulsado un real decreto que ha generado polémica. Tanto el personal de la Consejería como los colegios profesionales y entidades presentaron alegaciones al mismo y aunque se ha reculado en algunas cuestiones (por ejemplo, las solicitudes no caducarán a los seis meses si la administración no contesta) hay otras que se han mantenido y que han hecho saltar las alarmas. Por ejemplo, se elimina el informe social y se abre la puerta a la externalización.

Entre tanto, el tiempo de espera para las personas dependientes es de 391 para que se resuelva el nivel de grado y de 585 para que se atienda la solicitud de dependencia.

Fortalezas y debilidades del sistema en las Islas

El último informe sobre el índice DEC elaborado por la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales ya destacó que Canarias ha registrado una “importante mejora” en Dependencia desde el año 2022 aunque también destacó deficiencias de su sistema como que sigue a la cola en profesionales de Trabajo Social, con un trabajador o trabajadora por cada 5.645 habitantes en Canarias, tres veces más que la media estatal que es de un profesional por cada 1.764 habitantes. 

Como aspectos positivos, el informe apuntaba que la  integración de las entidades locales de su territorio en la Atención a la Dependencia constituyó en 2017 un “avance significativo” en esta ordenación del sistema. No obstante, recogía que el Archipiélago, “sigue adoleciendo de una planificación estratégica para completar los elementos esenciales de esta ordenación del Sistema”.

El informe también reflejó otros aspectos deficitarios como el número de plazas residenciales para personas mayores (con una cobertura de 2,5%, siendo la media estatal de 3,9%) y el retroceso que aún experimenta la teleasistencia, con una cobertura de 2,5%, frente al 14,1% de media estatal.