La jueza Núñez investiga en el caso ERE las ayudas del Ministerio a los mineros de la Faja Pirítica

   La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, ha abierto una línea de investigación en relación a las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo para el pago de las pólizas de prejubilación para los mayores de 55 años pertenecientes a los colectivos de la Faja Pirítica de Huelva.

   En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huelva que entregue a la Guardia Civil un informe “en el que se indique si por parte del Ministerio de Trabajo, o cualquiera de los departamentos que lo componen a través de la Subdelegación del Gobierno, se solicitó los coeficientes reductores de los mineros afectados por la crisis minera” de la Faja Pirítica y, “en concreto, si lo realizó o no, en los años 2003 y 2004”.

   La instructora, en esta providencia fechada el pasado día 4 de septiembre y notificada ahora a las partes personadas en el procedimiento, pide a la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social que entregue dicha información “directamente, en mano y en el menor plazo posible” a los agentes del Instituto Armado.

   La magistrada ha tomado esta decisión después de que así lo solicitara en un oficio fechado el 3 de septiembre el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva, que informa en el escrito de que “está trabajando una línea de investigación sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación en concurso de otro de malversación” en relación con estas subvenciones.

LISTADOS “ERRÓNEOS”

   Los agentes señalan que las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva fueron concedidas en el año 2003 y siguientes tanto por la Junta como por el Gobierno central, aunque se centran en éstas últimas y aseveran que “se ha detectado cómo la Administración central presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años”.

   Todo ello, añaden, “pese a que tenía conocimiento de que dichos listados eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad bonificada era el Instituto Nacional de la Seguridad Social”, que además “pertenecía al propio Ministerio de Trabajo”, pero “sin embargo no utilizó los cálculos realizados por dicha institución para determinar la edad de cada minero”.

   Por ello, los agentes solicitaron el pasado 19 de agosto a la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia de Huelva que informara sobre “si por parte del Ministerio de Trabajo (o cualquiera de los departamentos que lo componen o a través de la Subdelegación del Gobierno) se solicitó al INSS los coeficientes reductores de los mineros afectados por dicha crisis, en concreto si lo realizó en los años 2003 y 2004”.

DOS HIPÓTESIS

   Tras realizar dicha gestión “y habiendo dejado pasar un tiempo prudencial desde su petición”, la Guardia Civil requirió a dicha institución la información solicitada, pero la misma informó de manera verbal de que “no tenían intención de contestar al requerimiento, remitiendo a esta unidad a la autoridad judicial”.

   La Guardia Civil entiende que esta información “permitiría determinar cómo ocurrieron los hechos, dado que en la actualidad se barajan dos posibles hipótesis, ambas con posible reproche penal”, la primera de las cuales “se basa en pensar que por parte del Ministerio no se solicitó en ningún caso dichos coeficientes, pudiéndose deber a que tenía conocimiento por informes anteriores de la propia INSS de que había importantes desfases y su inclusión iba a producir una rebaja de los beneficiarios y como consecuencia nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos”.

   La segunda hipótesis, según los agentes, “se basa en pensar que por parte del Ministerio sí se solicitó dichos listados, y al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, decidió no incluirlos para evitar que se produjeran nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos”.