Organizaciones, consumidores, asociaciones y partidos reclaman “luz a un precio justo”
La suspensión de la subasta eléctrica a finales de año pasado provocó una inmediata campaña mediática por parte de las grandes compañías eléctricas, asegurando que “tu factura de la luz no puede ser más transparente” o que dos terceras partes de lo que se paga “son costes ajenos al suministro eléctrico”. Más de veinte organizaciones, convocadas este sábado en toda España por la organización de consumidores Adicae, opinan todo lo contrario: que la factura de la luz no puede ser menos clara y justa.
Según la asociación de consumidores, el decreto ley aprobado por el Congreso el 21 de enero encarece un 2,3% más el precio de la electricidad para los tres primeros meses, uniéndose así al incremento de 20 euros que ha venido sufriendo la factura de la luz media en los últimos cuatro años. Rafael Fernández, coordinador de Adicae en Andalucía, reclama que “el ciudadano pague a final de mes por lo que ha consumido realmente y a un coste menor, ya que los nuevos contadores electrónicos permiten que se pueda facturar en tiempo real”.
Una de las reclamaciones principales de la movilización de este sábado es que desaparezca el sistema de subastas, al que culpan del “continuo encarecimiento de la luz”, asegurando que el resultado supera en un 13% al del mercado mayorista. Mateo Quirós, coordinador de energía de EQUO en Andalucía, partido que se ha adherido a la movilización, asegura que este sistema favorece la especulación “con algo tan estratégico como la energía de un país. Participan fondos de inversión, bancos y grandes capitales de cualquier parte del mundo”. Rafael Fernández, por su parte, critica el oscurantismo del sistema, ya que “nadie sabe bien cómo funciona esa subasta”.
Una de las principales razones que esgrime el sector eléctrico para elevar el precio de la electricidad es el famoso déficit tarifario. Aunque las compañías ponen el acento en los costes de las renovables, los expertos insisten en que esto no es cierto y reclaman una auditoría que dilucide los costes. Ana Marco, presidenta de la cooperativa de renovables ‘Som Energia’, alega que “hasta que no se haga la auditoría, cada uno puede decir lo que quiera. Los costes reconocidos al sistema no se sabe si son reales, porque los datos los proporcionan las propias compañías eléctricas”. Tanto ella como Mateo Quirós destacan los costes que lastran la factura: la transición a la competencia y los pagos por capacidad e interrumpibilidad.
“Cuando se liberalizó el sistema, se les dio a las eléctricas varios miles de millones por si había pérdidas. No las hubo, las cobraron, pero luego no se les reclamó la devolución”, asegura Ana Marco. Sobre el pago por capacidad destaca que se paga la mera existencia de las centrales de ciclo combinado. Estas centrales existen para compensar cualquier variación en la producción de las renovables, pero, dada su proliferación, se ha terminado pagando su gestión por tenerlas funcionando a muy bajo rendimiento, denuncia Marco.
En cuanto al pago por interrumpibilidad, el responsable de EQUO explica que “los grandes consumidores de energía eléctrica perciben una compensación por ser los primeros a los que se les corta el suministro eléctrico, si la demanda supera la oferta. El problema es que eso no ocurre nunca, porque España tiene capacidad de producción de sobra. Todo este sistema aberrante es lo que genera el déficit de tarifa. Hay una serie de costes asociados a la factura que no tienen nada que ver con la producción eléctrica”.
Ante esta tesitura, apuestan por un modelo energético basado en las renovables para abaratar el coste final de la electricidad y no depender de fuentes de energías más caras y contaminantes. La subida del precio de la luz ha generado una conciencia social y ha permitido que las cooperativas de energías renovables se hayan disparado en el último año: en tan solo un año, comercializadoras verdes como Som Energia han pasado de 5000 a 12.000 socios. Como subraya Marco, “es un acto de rebeldía por parte de los ciudadanos. La única manera de desplazar a las energías sucias es poniendo instalaciones de renovables y dándoles prioridad de acceso a la red. Las renovables tienen prioridad por ley, así que mientras más haya, menos energías sucias entrarán”.
Se trata, explican, de que el sistema energético actual deje de estar en manos de un oligopolio y se democratice, evitándose así además que el alto precio de la electricidad deje a “entre un 10 y un 20% de las familias españolas en situación de pobreza energética, gente que no puede poner la calefacción y que termina teniendo problemas de salud”, concluye Quirós.
