El Parlamento andaluz logra el archivo de una presunta adjudicación a dedo con un informe de sus propios informáticos

La Fiscalía de Sevilla ha archivado de una tacada dos denuncias presentadas por personal técnico del Parlamento de Andalucía acerca de presuntas irregularidades en sendas adjudicaciones a una empresa informática al entender que “no resultan indicios de comisión de delito”. El decreto de archivo de las diligencias de investigación, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, se apoya principalmente en uno de los casos (negociado sin publicidad) en un informe firmado por siete trabajadores del Servicio de Informática el pasado 17 de abril, apenas cinco días después de que el asunto trascendiera en prensa y que motivó la paralización temporal de la adjudicación. Ya posteriormente, los servicios administrativos del Parlamento “solicitaron firmar el contrato en vista de los perjuicios que suponía no tenerlo vigente y a la Mesa le pareció bien”, apuntas fuentes del Parlamento, que recalcan el archivo del caso por parte de la Fiscalía.

Este periódico, que ha podido leer la profusa documentación que los denunciantes acompañaron a las denuncias interpuestas, ha tratado de conocer sin éxito el contenido de los informes, sobre todo el referido de los siete informáticos, en los que se ha basado la Fiscalía para archivar la investigación. Ni el Parlamento ni el Ministerio Público pueden facilitarlo, arguyen, pero ni los propios denunciantes han tenido aún acceso a los mismos pese a pedir copia hace más de un mes. Las fuentes oficiales del Parlamento confirman, de acuerdo a las suposiciones de los denunciantes, que “ese informe lo presentaron los informáticos por iniciativa propia” ya que “el Parlamento no se lo pidió”. Los denunciantes lo tienen claro: “la Fiscalía ha cerrado la investigación en falso haciendo pasar como independientes informes que vienen del entorno del denunciado”.

En concreto, aclara el Parlamento, la Secretaría General envió a la Fiscalía el informe del jefe del Servicio de Contratación, que incluyó como anexo el expediente de contratación, en el cual estaba el informe de los siete informáticos, que ha sido clave para archivar el caso. Meses antes, en febrero, la Mesa del Parlamento había aceptado la propuesta de adjudicación del contrato realizada por la Mesa de Contratación del Parlamento efectuada apenas dos días antes. “Cualquier documento relativo a un contrato se mete en el expediente, incluso durante la ejecución del mismo”, explican desde el Parlamento.

La primera denuncia, de diciembre de 2022, aludía a un expediente de contratación a la empresa Guadaltel por 90.000 euros (el procedimiento fue abierto y otra empresa también participó) para implantar un sistema de sede electrónica y sede virtual en el Parlamento. La segunda denuncia, de marzo de 2023 y que ampliaba la primera, se refería a otra contratación para el desarrollo, mantenimiento y soporte de los productos de una plataforma de administración electrónica, por valor estimado de 263.000 euros. Este contrato se formalizó el 24 de julio, con las firmas de Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, y Juan Navascués, representante de Guadaltel. El decreto de archivo tiene fecha de 6 de julio. El expediente de contratación (que triplica en cantidad al anterior) se inició en noviembre de 2022 y un mes más tarde se presentó la primera denuncia, luego ampliada en marzo, en la que se advierten de actuaciones presuntamente irregulares en materia de contratación pública. La Mesa del Parlamento aceptó la propuesta de adjudicación del contrato, como ya se ha dicho, en febrero de este año.

“Dependencia tecnológica”

La denuncia original era relativa a la certificación y abono de un contrato a Guadaltel “no ejecutado”, según trasladaron a la Fiscalía. Uno de los motivos que les llevó al personal técnico a denunciar la situación se relacionaba con el licenciamiento del software implantado. “Ya en diciembre de 2022 estábamos alertando de que lo que se había hecho iba a implicar una dependencia tecnológica del Parlamento respecto a la empresa, como así ocurrió”, recuerda uno de los denunciantes. La misma empresa fue la adjudicataria directa del procedimiento negociado sin publicidad que dio origen a la ampliación de la denuncia.

Respecto a aquella primera denuncia, según relata la Fiscalía, un técnico del Servicio de Informática suscribió un “informe autónomo” el 24 de abril de 2023 “a instancias de los propios órganos del Parlamento” que acredita que “se crearon verdaderamente hasta 36 procedimientos que se enumeran detalladamente”, dice el fiscal, dejando en entredicho el contenido de aquella primera denuncia, que aseguraba que el número de procedimientos administrativos desarrollados por el contratista para su implantación en la correspondiente sede electrónica fueron “solo 3 de los 13 del contrato” y que se habían ejecutado “de manera deficiente”, generando un perjuicio de unos 25.000 euros para el Parlamento, de acuerdo a la denuncia. Mucho antes, en septiembre de 2020, el jefe del Servicio de Informática validó aquella adjudicación, en la que en este caso participó otra empresa (Saga Consultig), asegurando que los trabajos por parte del contratista se llevaron a cabo “de manera correcta”.

El código fuente, “punto esencial”

Según los denunciantes, en el segundo caso, de presunta adjudicación a dedo, el jefe del Servicio de Informática del Parlamento había propuesto a la Mesa de Contratación la adjudicación directa a Guadaltel en un procedimiento negociado sin publicidad por una supuesta ausencia de competencia por razones técnicas, ya que las aplicaciones objeto de ese contrato ya habían sido desarrolladas por Guadaltel y era la única empresa que conocía el código fuente actualizado del Parlamento. Según los denunciantes, “el software tiene licenciamiento EUPL, que implica que el código fuente es accesible a todo el mundo. Lo debería tener el Parlamento y, si no lo tuviese, Guadaltel debería tener que facilitarlo de manera gratuita si se hubiesen ejecutado correctamente los contratos anteriores”, explica uno de los denunciantes.

Del inicio de la ejecución de ese nuevo contrato, de dos años de duración y en vigor desde el 25 de julio, informó el jefe del Servicio de Informática el servicio el 13 de febrero de este año durante una reunión con la mayoría de los integrantes de dicho servicio. En los días posteriores, de acuerdo al relato de uno los denunciantes, este advirtió a su superior por correo electrónico de que no concurría “ninguna circunstancia” que permitiera la tramitación del expediente mediante procedimiento negociado sin publicidad, proponiendo que la tramitación fuera por procedimiento abierto puesto que era “lo que corresponde”.

El jefe de informática denunciado actuó “ignorando e incluso despreciando las argumentaciones fundamentadas y documentadas que el denunciante le presenta”, según se reflejó en su denuncia donde adjuntaba la conversación por mail. El informe del jefe del Servicio de Contratación del Parlamento, según recuerda la Fiscalía, sostuvo igualmente que el procedimiento de negociado sin publicidad estaba justificado en la ley de acuerdo al condicionante por el jefe del Servicio de Informática, de acuerdo al artículo 168.a). 2.º de la Ley de Contratos del Sector Público.

Acerca del “punto esencial” del uso de código fuente, la Fiscalía se refiere exclusivamente a la documentación remitida por el Parlamento que, concretamente, venía acompañada de un “informe reciente” de siete técnicos del mismo Servicio de Informática, suscrito el 17 de abril de 2023, en el que “se justifican las razones técnicas que motivaron la elección del procedimiento de adjudicación que ha resultado controvertido”, explica escuetamente el fiscal. Los denunciantes, que aseguran haber pedido a la Fiscalía copia de ese informe un par de días después de que les comunicasen en agosto el decreto de archivo, intuyen que ese informe se presentó “en el registro y en papel”, que quizás “nunca nadie pueda llegar ni a verlo” y que desconocen los motivos argumentados para que la Fiscalía proceda al archivo.

Respecto a esa cuestión, y a ese informe, ante la insistencia de este periódico fuentes del Parlamento concluyen que la Secretaría General ha remitido a Fiscalía “todo lo que nos ha solicitado y su respuesta ha sido el archivo de la denuncia”. Para cualquier otra información instan a preguntar en la Fiscalía, “que es la que tiene el expediente”. En todo caso, indican que la referida licencia “es de un producto que se suministra” y “el contrato es íntegramente de servicios”, añadiendo también que numerosas instituciones “tienen contratos similares con la misma empresa y con el mismo procedimiento administrativo”.

“Concatenación de irregularidades”

Los denunciantes habían indicado a la Fiscalía que la ampliación de la denuncia (de marzo de 2023) fue una continuación de los hechos inicialmente denunciados (en diciembre de 2022), existiendo “una concatenación de irregularidades” en las que “unas se emplean como base para sustentar a otras nuevas”. Recordemos que la Fiscalía archiva sendas denuncias en el decreto fechado en julio, si bien fuentes de la misma trasladan a este periódico que no pueden dar información “de nada de eso”, ni de fechas de los oficios ni del contenido de los informes, en alusión a las diligencias ya archivadas.

La conclusión del fiscal para ambos casos es que “los posibles indicios de apariencia delictiva que podrían resultar de los términos contenidos en las denuncias” sobre posibles delitos de funcionario público en el ejercicio de su cargo “no se han visto suficientemente corroborados”. Ello “obliga al archivo” de las actuaciones, dice el fiscal, que se queda “sin posibilidad de ejercitar una acción penal que, obligatoriamente, ha de venir respaldada por unos indicios de criminalidad, de cierta entidad y consistencia, que aquí ya no existen”.

La empresa Guadaltel, consultada por este periódico, explica que, hasta que a mediados de abril saltó a la prensa, “desconocía” las denuncias que indirectamente le afectaban y que paralizaron temporalmente su puesta en marcha. “Al formalizarse el contrato a finales de julio, hemos dado por hecho que el asunto estaba archivado”, dicen fuentes de la empresa, que indican que el contrato de 263.000 euros “se está ejecutando” y manteniendo, como ya hicieron, que su tramitación se llevó a cabo con normalidad.

“No existe sombra de duda”

Los informes enviados por el Parlamento, en uno y otro caso, fueron “emitidos por funcionarios públicos cuyos servicios se prestan en ese ámbito específico y sobre cuya actuación no existe en las actuaciones sombra de duda”, dice la Fiscalía, habiendo “amparado la actuación del denunciado” (el jefe del Servicio de Informática) y “sin que los denunciantes hubieran expresado previamente en el proceso de contratación las dudas sobre una eventual actuación ilícita”, invitándoles a que presenten denuncia ante un juzgado de instrucción. Los denunciantes están de acuerdo con el fiscal en ese punto pero porque no fueron partícipes “en ningún momento” de la tramitación del segundo expediente “y solo uno de ellos” tuvo “conocimiento, casual, de la pretensión del denunciado de tramitarlo mediante procedimiento negociado sin publicidad”.

Los denunciantes habían insistido ante la Fiscalía, respecto a la adjudicación directa del contrato de 263.000 euros, que un contrato de ese importe o más “se puede tramitar mediante procedimiento negociado sin publicidad pero siempre que se den las condiciones para ello”, esto es, por razones de exclusividad o porque por razones técnicas no hay competencia, “y eso tiene que estar muy bien justificado”. “El procedimiento natural para un contrato de ese importe es el abierto”, que no hay que justificarlo, explican las fuentes denunciantes, que apuntan también que hacer un procedimiento negociado sin publicidad en ese contrato “era una auténtica barbaridad” como “se le explicó al denunciado”, previamente a la denuncia, si bien la Fiscalía no ha opinado lo mismo y ha archivado el caso.

Según trasladan los denunciantes a este periódico, desde el entorno del denunciado “se presentaron en el registro del Parlamento unos informes 'salvadores' que el Letrado Mayor blanquea y traslada a la Fiscalía como 'puros'”. El personal técnico del propio Parlamento que interpuso la denuncia y su ampliación envió a la Fiscalía una presentación detallada como refuerzo al informe técnico donde se explicaba que era “imposible” adjudicar ese contrato mediante negociado sin publicidad en base a razones técnicas“. ”Ejecutar mal el anterior contrato creaba una dependencia tecnológica. Se debería haber abierto un nuevo proceso al que las demás empresas ni se molestarían en presentarse, pero el jefe de Servicio fue aún más allá y se sacó un negociado sin publicidad“, insisten los denunciantes, que concluyen que el Parlamento ”ejecutó mal un contrato (sin recabar el código fuente) y se aprovechó de eso para justificar el negociado sin publicidad del siguiente“.

Formalización en julio

El denunciante al que le fue notificado el archivo de las actuaciones ha querido volver a comunicar a la Fiscalía comentando que ha podido constatar que “ningún funcionario del subgrupo A1 del Servicio de Informática del Parlamento de Andalucía ha participado en la redacción y menos aún ha firmado ninguno de los informes técnicos que la Fiscalía considera determinantes para decretar el archivo de las actuaciones”. El pasado 10 de agosto pidió copia de los informes en los que se sustenta la Fiscalía para archivar ambas denuncias, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.

En el documento de formalización decía la descripción de ese contrato de 263.000 euros adjudicado a Guadaltel que “el Parlamento de Andalucía en su tramitación diaria genera una gran cantidad de información. la mayor parte de ella se firma utilizando el software portafirmas, siendo este un elemento del trabajo diario de la institución. Además, con el impulso de la sede electrónica y la transformación digital de esta Legislatura, se prevé un aumento del uso de la sede y el registro electrónico, que se convierten en elementos necesarios de la actividad, tanto parlamentaria como administrativa. Dichos elementos, así como el desarrollo de nuevas funcionalidades o módulos, dentro de las propias herramientas existentes, exigen que se disponga de un mantenimiento específico”.

Guadaltel, de acuerdo a ese documento, “se somete en todo momento, para la ejecución del contrato, a las indicaciones que reciba del Parlamento de Andalucía, a través del responsable del contrato. De conformidad con la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, el responsable del contrato es el Jefe de Servicio de Informática del Parlamento de Andalucía”.