Con la actividad parlamentaria regular suspendida mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno de España, el Parlamento de Andalucía va a convalidar el decreto ley de mayor peso político que ha impulsado el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno en el primer año de vida. Será la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes de la Cámara legislativa en periodos inhábiles, quien convalide el decreto que simplifica las trabas burocráticas de la Administración andaluza el próximo martes, en su primera reunión desde que se suspendió toda actividad por la epidemia del coronavirus.
La Diputación Permanente tiene todos los poderes del Pleno del Parlamento, es un órgano provisional en el que están representados todos los grupos, pero nunca antes había aprobado una norma de la magnitud y el calibre de este decreto ley. Se trata de una norma que, en palabras del consejero de Economía, Rogelio Velasco, provocará “cambios estructurales en el modelo productivo andaluz”, se apuesta por la liberalización paulatina del mercado e implanta un modelo económico que rompe con el esquema de los anteriores gobiernos socialistas.
Es una ley que modifica o deroga 21 leyes y seis decretos, y elimina 100 trámites burocráticos en distintos departamentos del Gobierno: se aligera el aparato legal de la Junta, se reducen tasas, se liberalizan los horarios comerciales, se eliminan permisos que ahora son obligatorios (muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas...) Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración “para ganar en competitividad” y atraer más inversiones. “Son reformas que hemos hecho de la mano del sector privado”, subrayó el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
“Debate telemático en la Diputación Permanente”
Para impulsar una medida de este calibre, el Ejecutivo andaluz optó por la fórmula del decreto ley, una vía rápida que es aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada directamente en el Boletín Oficial de la Junta de AndalucíaBoletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), sin necesidad de pasar por el Parlamento. La Cámara legislativa tiene un plazo de 30 días para convalidarla. La presidenta Marta Bosquet ha explicado a este periódico que el viernes se convocará la Diputación Permanente para el martes siguiente, con el único punto en el orden del día que convalidar el citado decreto ley. Preguntada sobre si una norma de esta magnitud requeriría un debate más pausado en la Cámara, Bosquet asegura que “habrá debate telemático entre los grupos dentro de la Diputación Permanente”, un órgano que sirve para periodos sin actividad parlamentaria como éste.
La presidenta del Parlamento no ha considerado postergar el debate sobre el decreto ley hasta que se normalice la situación política y pase la crisis sanitaria mundial, y asegura que ningún grupo de la oposición ha pedido aplazar la convalidación. El decreto ley saldrá convalidado, previsiblemente, con los votos de PP, Ciudadanos y su socio parlamentario Vox. “Habrá debate telemático como ya lo ha habido en las reuniones de Mesa [órgano rector de la Cámara] y de Junta de Portavoces. Hay que darle continuidad a la actividad parlamentaria en la medida de lo posible”, concluye Bosquet.
La piedra angular del decreto ley está en el departamento de Medio Ambiente, con la reforma parcial de dos leyes creadas para contener la fiebre del ladrillo y la especulación urbanística, y la protección del medio ambiente: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Las rebajas legislativas de impacto ambiental eran reivindicaciones históricas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que siempre ha cuestionado el freno al crecimiento urbanístico.
A principios de semana, la Mesa del Parlamento acordó, en una reunión celebrada de forma telemática, adaptar la actividad de la Cámara durante el tiempo que dure el estado de alarma declarado por el Gobierno de España, con la suspensión de las sesiones programadas y de los plazos de tramitación de las iniciativas parlamentarias. También suspendió el registro de nuevas iniciativas, incluidas las de control al Gobierno de la Junta de Andalucía.